La Ruta 32, la entrada a Cartago o la Circunvalación Norte son, en parte, el reflejo de un país que dejó de serlo. De una promesa de desarrollo e inclusión sólo quedan fragmentos: pedazos de una infraestructura pública en abandono. Para quienes las transitamos, estas calles son una plegaria al cielo para que nada nos ocurra en el camino. Una pregunta constante sobre cómo, como país, aceptamos sin reparo alguno que este abandono, haya sido pagado con nuestros impuestos.

A pocas semanas de las elecciones de 2026, la incertidumbre sobre el futuro democrático del país pende de un hilo. Un país muy distinto al mítico del pura vida. La mayor promesa política: una cárcel más grande para un país que se olvidó de construir escuelas y hospitales. El futuro es seguro: menos espacios democráticos y el grito popular de “orden y policía”.

En esta carrera hacia el fondo, las élites políticas –encabezadas por el gobierno de Chaves– han hecho una apuesta: polarizar y romper los pocos puentes que quedan para asegurarse la continuidad de su proyecto político.

Del otro lado, unas élites que intentan copiar las formas del chavismo o no logran imaginar un horizonte político y social, más allá  de los mismos modelos e instituciones que nos condujeron al punto de quiebre en que nos encontramos hoy.

Socialmente, el país es hoy una sociedad rota. Una sociedad que ya no se reconoce a sí misma entre sus profundas desigualdades económicas.

Amplios sectores sociales viven con escasas posibilidades de movilidad, condenados al fracaso dentro de un sistema educativo corroído y olvidado. Con pocas oportunidades de empleo y salarios dignos, miles enfrentan una condena silenciosa: la informalidad y la reproducción interminable de la pobreza.

Del otro lado, en barrios cada vez más ajenos al paisaje costarricense, una clase alta vinculada a una economía cada vez menos dependiente del mercado nacional estudia, vive y transita en un país propio, privado o extranjero.

Los hijos de las familias tradicionales, lejos de la discreta opulencia de sus padres o abuelos, llenan sus redes sociales con imágenes de familias perfectas, aviones privados, ropa de cientos de miles de dólares y lujos interminables. La pornografía de la opulencia de los nuevos ricos, en un país que se consume entre la pobreza y la violencia.

En este horizonte de lo que dejamos de ser, nos descubrimos más centroamericanos. Y lo anoto con vergüenza. Un país donde la democracia dejó de tener significados tangibles para la mayoría, y la política se convirtió en un juego en el que pocos ganan mucho, mientras la mayoría sigue perdiendo ingresos, acceso, educación y salud.

Cultural e intelectualmente, vivimos en la derrota del “sálvese quien pueda”, en la libertad de quienes pueden pagar y en la victoria de quienes llegaron con ventajas económicas. Los partidos políticos carecen de ideas, y las universidades nos hemos encerrado a pensar hacia adentro, dentro de nuestras propias aulas. Los debates públicos de largo plazo los guían opinadores e influencers cuyas ideas cambian al ritmo de sus seguidores.

Desbordados por las redes sociales y la desinformación, nuestro día a día se consume entre burbujas de eco. Religión, fútbol y política solo se conversan con quienes repiten nuestras mismas creencias. Los medios de comunicación –sobre todo los nuevos canales de tevé– entonan la propaganda que les encarga doña Pilar. Los de siempre, en cambio, no han asumido su responsabilidad en el deterioro democrático.

Abandonada al escándalo político, la mayoría de las personas enfrenta con ansiedad la decisión de por quién no votar en febrero de 2026. Todas las personas candidatas –incluida la oficialista del presidente– ofrecen las mismas ideas y prácticas. La única promesa por cumplir: en cuatro años estaremos peor.

Goodbye, Pepe Figueres. Al menos llegamos, una vez más, a una nueva transmisión del Sueño de Navidad.