La dictadura de Daniel Ortega propinó este seis de noviembre el zarpazo que necesitaba para imponer, ya sin máscara alguna, el régimen de partido único que con un empeño digno de mejor causa viene empujando desde que retomó el poder. “Los partidos políticos dividen a la nación”, declaró tempranamente Ortega en una de las pocas entrevistas periodísticas que ha concedido.

Desde el 2007, año en que asumió el gobierno, es posible identificar un “paso a paso” en la ruta por replicar el modelo cubano de control político, a pesar de las hojas de parra que utilizó para cubrirse en una primera fase.

Así, en el 2008 fraguó el primer fraude electoral en contubernio con su socio político, Arnoldo Alemán, para ese entonces líder del Partido Liberal Constitucionalista; y apoyándose además en su alianza con el cardenal Miguel Obando y Bravo, que ejercía gran influencia en su ahijado político, Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral. Las alcaldías de 14 cabeceras departamentales y el control de 109 municipios fueron el botín en esa oportunidad.

La maniobra ocasionó consecuencias financieras para el gobierno: la administración norteamericana canceló la participación de Nicaragua en los beneficios de la iniciativa “Cuenta del Milenio” y la Unión Europea dejó sin efecto sus programas de apoyo presupuestario, en ambos casos con el argumento del fraude. Sin embargo, Hugo Chávez apareció como salvador y ofreció suministrar los recursos que posibilitaran compensar parte de los perjuicios.

En 2012 siguió la escalada. Esta vez el botín fue de 127 alcaldías. Ya para 2017, con la complicidad de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral Ortega había expulsado del juego político a la principal fuerza opositora: la alianza encabezada por el Partido Liberal Independiente, PLI. De este modo pudo adjudicarse impunemente 135 alcaldías y la totalidad de las cabeceras departamentales.

En este campo, como en otros, Ortega fue muy coherente con su práctica política de décadas: arremeter sin escrúpulos con todos los instrumentos de poder a su disposición, y avanzar hasta donde encuentra algún tipo de resistencia. En 2022, después de ahogar a sangre y fuego las protestas que estallaron en abril del 2018, la resistencia estaba al mínimo: cancelación de partidos políticos sospechosos de coquetear con la oposición; clausura de casi 3 mil organizaciones de la sociedad civil; más de 120 mil exiliados; más de 200 prisioneros políticos, incluyendo dirigentes políticos, sociales, empresariales, periodistas, liderazgos locales, directivos y trabajadores de ONGs; ocupación de medios de comunicación independientes y persecución a periodistas; encarcelamiento de sacerdotes y de un obispo; abusos policiales y judiciales; y un marco de leyes represivas.

En estas condiciones era “bola cantada” el resultado del simulacro montado por la dictadura con el nombre de “elecciones municipales”: Ortega se apoderó del control de las 153 alcaldías del país. No dejó ni una sola a las organizaciones políticas que le sirvieron de comparsa. No está claro si este será el último juego en que participarán. La dictadura ya no los necesita.

Diferencias y semejanzas con el modelo cubano

Si bien el modelo cubano es el ideal para Ortega, pueden anotarse varias diferencias. La primera es que en Cuba decide el partido comunista, como organización. El “partido” designa a los candidatos y después los proclama ganadores. En Nicaragua ninguna instancia intermedia tiene el poder o la autonomía para tomar decisiones, por mínimas que sean. El búnker de El Carmen centraliza todo.

Otra diferencia es que en Cuba el PCC no utiliza mamparas a su dictadura de partido único. Ortega en cambio se acompaña de comparsas. Estos son diminutos grupos de cómplices, sin arraigo político, que ayudan al circo a cambio de migajas: el reembolso de “gastos electorales”. De los 31 millones de dólares presupuestados para las elecciones municipales, US $13 millones serán repartidos entre comparsas y el FSLN. Naturalmente, este último se queda con la tajada del león.

Una tercera diferencia es que el castrismo no pudo imponer una dinastía en el plano político. Si bien se conoce que los descendientes de los Castro disfrutan de ventajas y privilegios derivados del poder político de sus ancestros, no ocupan altos cargos en la jerarquía política. En Nicaragua es evidente que el sueño acariciado de Ortega es imponer una dinastía al mejor estilo del somocismo, pero sus presuntos herederos han demostrado, hasta ahora, que no están a la altura del legado que se les quiere heredar. En cualquier caso, luce muy difícil que pueda implantarse en Nicaragua una nueva dinastía.

Siempre en el plano político, corresponde subrayar grandes semejanzas: prisioneros políticos, migrantes forzados, muertes, férreo control del Ejército y Policía, utilización de fuerzas paramilitares, impunidad, manipulación del aparato judicial, cancelación de los derechos de organización, movilización, información, opinión y prensa. Al igual que Cuba, Ortega convirtió el territorio nacional en una gran cárcel: una de las últimas “modas” represivas es impedir el ingreso de nicaragüenses a su país, o quitar los pasaportes a quienes desean viajar al exterior, en ambos casos sin causa legal ni proceso judicial o administrativo alguno.

La coartada es otra semejanza. El castrismo ha pasado toda una vida escudándose en el embargo norteamericano, el cual, a estas alturas solamente sirve de excusa a la dictadura cubana para esconder el fracaso del modelo económico y social impuesto en la isla, y ofrecer una coartada al pueblo por sus penurias. En el caso de Ortega, detrás de sus furibundos discursos “antiimperialistas” se esconde el hecho de que nunca la economía de Nicaragua ha dependido tanto de la economía norteamericana como con el gobierno “antiimperialista” de Ortega, salvo, obviamente, el período de la intervención militar, política y económica de Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX.

En el campo económico sí corresponde registrar una diferencia sustancial: la economía nicaragüense descansa en la actividad de empresas privadas de todo tamaño; en el esfuerzo de un alto porcentaje de trabajadores “por cuenta propia” y el sacrificio de miles de nicaragüenses tanto dentro como fuera del país, en este último caso por la vía de las remesas familiares. 

En Cuba la economía descansa en el Estado. Aunque es público que la alta burocracia partidaria y gubernamental, mandos del Ejército y quienes encabezan el conglomerado de empresas públicas disfrutan de bonanzas que el resto de la población ni siquiera sueña. En Nicaragua, a estas alturas del partido, Ortega es probablemente el empresario más acaudalado del país. Comparte migajas y uno que otro bocado con socios menores, pero, como se sabe, el que reparte y comparte se queda con la mejor parte: las rentas derivadas del monopolio de distribución de electricidad, los sobreprecios del oligopolio del combustible y los turbios manejos del negocio minero están dentro de las principales fuentes de acumulación.

¿Qué cambia después del simulacro?

Nada. Ni las alcaldías tendrán más presupuesto. Ni la población tiene espacios de participación. Ni los sirvientes del dictador tendrán algún grado de autonomía.

La comunidad internacional, por su parte, difícilmente se tragará el embuste pues la credibilidad de Ortega está por el suelo. Tampoco podemos esperar grandes reacciones dado que usualmente las elecciones municipales reciben poca atención.

Lo que sí corresponde destacar es la jornada cumplida por el pueblo nicaragüense a pesar de las amenazas, chantajes, vigilancia, presiones y halagos, la inmensa mayoría de la población no se prestó a la jugarreta y se ausentó de los centros de votación. 

Una confirmación del cada vez más exiguo respaldo que le queda a la dictadura y a su régimen de partido único.