El Estado ha sido capturado por una formidable y poderosa alianza entre una banda de políticos ladrones de todos los colores, un envilecido alto mando militar, los carteles del narcotráfico, las estructuras y redes criminales que ejercen control soberano sobre las aduanas de puertos y aeropuertos y las fronteras nacionales, el titubeante y pragmático fascismo anacrónico empresarial y los sindicatos estatales, que manifiestan su poder absoluto a través de una dictadura explícita, tiránica y multipartidista, cuyo comité ejecutivo está integrado por el clepto dictador Alejandro Giammattei, la Fiscal General Consuelo Porras, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad.

Las Altas Cortes son nidos de corrupción grotesca. Exclusivamente centros de negocios. Los magistrados reciben salarios, prebendas y granjerías insultantes y exorbitantes en un país en el que la miseria, la marginación, el hambre y racismo atroz son abrumadores. El único objetivo de los magistrados de las altas Cortes es encontrar caminos para retorcer y maquillar leyes para legalizar los abusos, atropellos, medidas despóticas, arbitraridades y aberraciones de los fiscales, jueces, funcionarios, empresarios y diputados del #PactodeCorruptos. Fundamentalmente, “constitucionalar las inconstitucionalidades” de la tiranía. Jamás en la historia de las altas Cortes han estado tan desbordas de huizaches mediocres y ampones de colección que pasarán a la historia de la infamia de Guatemala.

Los guatemaltecos estamos forzados a ejercer nuestro derecho de resistencia a la opresión. Un derecho que también es un deber. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “reconocido a todos los pueblos frente a gobernantes que, teniendo un origen legítimo, han devenido en ilegítimos durante su propio ejercicio, y que autoriza la desobediencia con el fin de derrocarlos y reemplazarlos por gobiernos que gocen de legitimidad”.

Debemos exigir la renuncia del Comité Ejecutivo del #PactodeCorruptos, es decir del narco clepto dictador Alejandro Giammattei, de la Fiscal General Consuelo Porras y su jauría de hienas, de los magistrados advenedizos y peleles de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia, de los jueces sociópatas Orellana Letona y Bremer y del “observador” de los Derechos Humanos Córdova.

Si la elite empresarial finalmente se va a decantar y abrazar una genuina democracia de corte occidental, debería convocar con convicción a un paro empresarial. Si lo hicieron para boicotear una modesta reforma tributaria en tiempos de Vinicio Cerezo, como no lo tendrían que hacer ahora en nombre y en defensa de una auténtica democracia, la libertad, el pluralismo, la tolerancia, la transparencia, el mercado y la competencia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Quién, con dos dedos de frente, puede estar pensando en las oportunidades de inversión del “near shoring” que se pierde cuando los muy pocos y contados vestigios de democracia que quedan en el país, están en sus últimos estertores, agonizando en el fondo de un estanque de estiercol. Por supuesto, en el caso, que finalmente sus auténticas afinidades políticas, morales e intelectuales hayan hecho suyas estas causas y convicciones.

Exigimos su inmediata renuncia. ¡Fuera Ya!