En Nicaragua, solicitar el récord de la Policía Nacional se ha convertido en un negocio controlado por la propia institución. Algunos usuarios en redes lo llaman una “estafa maquillada”, y no les falta razón: en la práctica no existe ningún mecanismo real de anulación de antecedentes, pese a lo que afirman funcionarios o las plataformas oficiales.
Aunque la persona haya cumplido condena, resarcido el daño o su caso haya sido archivado mediante mediación, la hoja de delincuencia conserva una “nota aclaratoria” que perpetúa el señalamiento. Mientras, la Policía Nacional ofrece el supuesto trámite de anulación a cambio de pagos, sin base legal ni supervisión judicial, generando ingresos opacos a través de un proceso que vende como legal lo que en realidad, es una forma institucionalizada de extorsión administrativa.
El servicio que ofrece la Policía Nacional se ampara en el artículo siete de la Ley 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad de la Policía Nacional, que le atribuye la función de “expedir los certificados de antecedentes policiales y penales a las personas que lo requieran, y las anulaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos” y la disposición 004-2010 del director de la Policía.
Pero, el nombre del trámite no corresponde con sus efectos reales. Ciudadanos que han solicitado esta supuesta anulación denuncian en redes sociales y ante abogados privados que los delitos, denuncias o condenas, siguen apareciendo en su récord bajo la figura de “nota aclaratoria”. Aunque el término “anulación” sugiere la eliminación del antecedente, en la práctica se mantiene visible y operativo el historial delictivo, afectando la vida laboral, social y legal de las personas.
Una promesa de limpieza que perpetúa el estigma
Un abogado penalista en condición de anonimato dijo a DIVERGENTES que el problema central es la ambigüedad con la que se presenta el trámite, pues se vende como una limpieza del historial, pero en realidad es una modificación cosmética sin un valor jurídico claro. Esto permite que la Policía Nacional genere ingresos cobrando por una gestión que confunde, no garantiza derechos, perpetúa el estigma y no respeta el derecho sustantivo.
Pese a lo que establece la ley en su sitio web oficial, la Policía Nacional sostiene esta ambigüedad como parte del proceso. La comisionada mayor Marisela Salinas, jefa de Servicios Policiales de la Sede Central en 2023 y hoy jefa de Asesoría Legal de la Policía, declaró en un video institucional que, “este es un trámite donde el ciudadano puede resolver su situación, dependiendo de cómo anule sus antecedentes, porque una persona que fue sentenciada siempre le saldrían sus antecedentes, solo con la nota que fue anulado”.
La declaración confirma lo que muchos ciudadanos denuncian: el trámite no borra, ni limpia, ni suprime los delitos registrados. La preocupación no radica solo en que se venda como un servicio para “resolver la situación de un ciudadano”, sino en que incluso una denuncia que finalizó en mediación, sin avanzar a proceso penal, también queda reflejada en la hoja de delincuencia. Esto genera una falsa expectativa, legítima una gestión que no repara nada y opera al margen de estándares legales y de cualquier principio de transparencia administrativa.
“Todos los antecedentes están saliendo en el récord, con sólo que exista una denuncia. Hoy en día estos récords están saliendo manchados con delitos actuales o pasados. La Policía no está haciendo la diferencia entre un delito, y los procesos que no se han concretado en delito y que terminan a través vía administrativa. La opción es la nota permanente”, advierte el abogado.
No hubo reforma, solo una instrucción interna
La medida que tomó relevancia a finales de 2024 corresponde a una resolución administrativa de la Corte Suprema de Justicia, amparada por la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público y la Fiscalía, dijo otro abogado consultado por DIVERGENTES.
Según ambos abogados consultados, en el pasado, cuando una persona cometía un delito y cumplía su condena, o enfrentaba una denuncia que terminaba en mediación, su récord policial quedaba limpio. Aunque los antecedentes se registraban en las bases internas de la Policía, su visibilidad quedaba a discreción de la institución y no eran de carácter público.
En cambio, la constancia judicial —que sí reflejaba esa información— permanecía bajo control exclusivo de la Corte Suprema de Justicia, mediante datos proporcionados por los juzgados nacionales. Lo que antes podía ser solicitado por un apoderado, ahora es un trámite personalísimo.
Hoy, la situación ha cambiado: la Policía, el Ministerio Público y la Fiscalía comparten un sistema unificado de información delictiva. Para los abogados, la coordinación no es el problema. Lo preocupante, advierten, es que la Policía esté incluyendo en el récord policial casos que no llegaron a juicio o que ya fueron resueltos por la vía de la mediación, así como antecedentes de personas que ya cumplieron su pena.
“Si cometí un delito y ya cumplí con la sociedad, el derecho sustantivo establece que ese delito debe extinguirse. Pero aquí no lo están aplicando. Antes, no se reflejaba la línea delictiva. Los excarcelados presentaban su orden de libertad ante el juzgado y se les limpiaban los antecedentes”, señaló uno de los penalistas.
¿Cómo se gestiona la anulación de antecedentes?
El servicio de anulación de antecedentes penales que ofrece la Policía Nacional consiste únicamente en añadir una nota permanente al récord policial, en la que se mencionan los delitos cometidos o las denuncias penales, hayan sido resueltas o no. No se elimina información alguna. El trámite es burocrático y requiere paciencia.
El procedimiento inicia en el Ministerio Público, donde se debe solicitar una constancia judicial (150 córdobas). Luego, en la Fiscalía, se tramita una constancia de no acción judicial (50 córdobas), o bien se presenta la sentencia certificada del caso correspondiente. También se debe obtener el récord de policía actualizado (30 córdobas), presentar la cédula de identidad original y copia, una carta dirigida al jefe de Asesoría Legal de la Policía Nacional solicitando la anulación, y una minuta de pago por el trámite (50 córdobas).
Con todos los documentos, el ciudadano —o su representante legal mediante poder— debe acudir a Asesoría Legal, en el Complejo Faustino Ruiz en Managua, donde se gestiona formalmente el trámite.
Una vez revisada la documentación, el solicitante debe obtener por segunda vez el récord policial para verificar si se colocó la nota aclaratoria, en la que se certifica que el proceso judicial fue cumplido. Aunque el antecedente aparece, en la parte inferior se anota que ha sido “anulado”, lo que en realidad no implica eliminación del historial, sino una cuestionada observación administrativa.
Antecedentes que pesa más que la sentencia y persigue cada gestión oficial
Marcela es una ciudadana ecuatoriana con residencia en Nicaragua. Tiene un pequeño restaurante en la capital y, al acercarse la fecha de vencimiento de su estatus migratorio, le solicitaron el récord de policía actualizado. Hace un tiempo, un vecino la denunció por alteración al orden público. El caso no llegó a juicio: ambas partes resolvieron el conflicto mediante un proceso de mediación.
En enero de 2025 solicitó su récord y le apareció sin antecedentes penales, y en abril lo volvió a solicitar y ahora le aparece una nota permanente que indica la existencia del delito. La Dirección General de Migración le informó que su caso está “en análisis” por “mal comportamiento en Nicaragua”, una frase que, según su experiencia, ahora se repite con frecuencia en situaciones similares.
Estas anotaciones no solo impiden acceder a un empleo o renovar un permiso de residencia, trascienden a trámites fiscales, administrativos y migratorios, tanto en Nicaragua como en el extranjero. “El récord se ha convertido en una sentencia perpetua, incluso para quienes ya cumplieron con la sociedad. La Policía ha convertido un derecho en mercancía”, concluye el abogado.