Después de cancelar y confiscar las universidades privadas, uno de los principales argumentos del régimen Ortega-Murillo para justificarse es que los recintos estatizados ofrecerán “educación gratuita y de calidad”. Sin embargo, la misma presidenta del Consejo Nacional de Universidades, Ramona Rodríguez, habla únicamente de “una reducción de aranceles”. Al final, la realidad es otra: