Los patrones de las acusaciones han cambiado: el régimen no está usando las leyes represivas aprobadas a finales de 2020, y a la mayoría de opositores se les acusa de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Las pruebas del libelo acusatorio son insuficientes para probar que en el país operaba una treintena de “conspiradores”, cuyas operaciones, según la Fiscalía, se realizaban en dos grupos de WhatsApp.