En menos de un mes el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha acusado a más de una treintena de opositores haciendo uso de al menos cuatro tipos diferentes de delitos, tres de ellos contemplados en el Código Penal de Nicaragua, y solo uno extraído de las leyes represivas aprobadas a finales de 2020. La mayoría de los detenidos son señalados de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, imputación que rompe el patrón con el que la Fiscalía solía revestir los juicios políticos en las primeras etapas represivas en abril de 2018. Atrás quedaron los cargos por “terrorismo” y “tráfico de drogas”, con los que han sido sentenciados decenas de manifestantes tras el estallido social.
Las audiencias iniciales contra la mayoría de los detenidos a inicios de junio se realizaron en septiembre, pese a que la información recopilada por la Policía Nacional y la Fiscalía era de todo menos contundente, según han señalado los abogados defensores. En uno de los casos que aglutina a ocho opositores, la acusación se basa en declaraciones de los oficiales que ejecutaron el allanamiento, así como afirmaciones públicas de los detenidos. Las pruebas tampoco demuestran que los acusados cometieron tales delitos. Todo indica que los juicios tienen tintes políticos, y llegan en un año que para los nicaragüenses pudo marcar el fin de la crisis sociopolítica, si las elecciones hubieran sido libres. Sin embargo, Ortega y Murillo se encaminan a instaurar un sistema de partido único en Nicaragua, similar al de Cuba.
La pareja presidencial eliminó de la contienda electoral –a realizarse el siete de noviembre– a casi todos los aspirantes a la presidencia de la oposición. Además, ha encarcelado a disidentes del sandinismo, viejos colegas de lucha cuando el partido era una guerrilla que enfrentaba al dictador Anastasio Somoza en los setentas. Ni siquiera las figuras que durante las protestas de abril tuvieron algún papel lograron salvarse de la cacería que desató el gobierno a mediados de mayo. Nicaragua mira nuevamente al abismo, con una oposición descabezada y una confianza ciega en la comunidad internacional, pues a lo interno la mayoría de activistas han optado por la clandestinidad, o el exilio.
Juicios políticos sustentados en “cuatro” grandes faltas
La nueva escalada represiva se sustenta en un patrón de cuatro tipos de imputaciones que ha realizado el régimen contra los 37 detenidos desde mediados de mayo. Las acusaciones están basadas, en su mayoría, en artículos del Código Penal, a excepción de los señalamientos contra el ambientalista Amaru Ruíz y la abogada María Oviedo, acusados de “propagar noticias falsas”, bajo la invocación a la Ley de Ciberdelitos, aprobada por la Asamblea de mayoría oficialista en el tercer trimestre del año pasado.
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Un análisis a los comunicados del Ministerio Público, realizado por DIVERGENTES, arroja que 32 nicaragüenses son acusados por el supuesto de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. En esta lista se perfilan casi todos los precandidatos de oposición, a excepción de Cristiana Chamorro, cuyo arresto responde al supuesto delito de “lavado de dinero, bienes y activos”.
El listado también incluye a líderes estudiantiles, periodistas, comentaristas políticos, empresarios y campesinos que en anteriores juicios fueron condenados por terrorismo, tal fue el caso de Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas, líderes del Movimiento Campesino encarcelados por segunda vez desde el inicio de las protestas. De hecho, esta nueva etapa se ha caracterizado por tachar de conspiradores a la mayoría de críticos del gobierno. La propaganda oficial se ha recargado de un discurso nacionalista, en la que predomina un lenguaje que etiqueta de “traidor” a todos los nicaragüenses que han pedido sanciones contra la pareja presidencial, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad.
No obstante, los arrestos en pleno año electoral no han detenido que países como Estados Unidos y Canadá, e instancias como la Unión Europea, detengan las medidas punitivas contra los funcionarios del gobierno. La lista de sancionados solo ha venido en aumento, y se espera que las elecciones del siete de noviembre no sean reconocidas a nivel internacional.
El otro delito que el régimen ha utilizado para encarcelar a opositores es el de “lavado de dinero, bienes y activos”, que aparece en el artículo 282 del Código Penal. Entre los detenidos perfila la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVCh); su conductor, Pedro Vásquez Cortedano; tres extrabajadores de la FVBCh; Marcos Fletes y Walter Gómez; el gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann; y Pedro Joaquín Chamorro, integrante del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Un abogado nicaragüense que, por motivos de seguridad, pidió resguardo de su identidad, explica que lo más llamativo de esta acusación es que el Ministerio Público aseguró que las acciones han sido en perjuicio de la sociedad nicaragüense. Sin embargo –explica–, la primera víctima tendría que ser la FVBCh, cuyas operaciones fueron clausuradas desde inicios de año.
“Todos estos delitos deben de ser en perjuicio de una tercera persona, que es una persona particular, sea natural o jurídica, no en perjuicio del Estado o la sociedad”, reitera la fuente. “No existe el delito de apropiación indebida, porque en principio lo está cometiendo una persona que no tiene posibilidad de cometerlo, ahí entra lo que se conoce como el delito imposible”, señala.
A pesar de ello, las acusaciones se extendieron y salpicaron hasta al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes en 2017. El Ministerio Público lo imputó de realizar una triangulación de fondos entre la FVBCh y la Fundación Luisa Mercado, de la cual él funge como director. Sin embargo, Ramírez cree que el trasfondo de esta persecución se desencadenó con la publicación de su más reciente libro “Tongolele no sabía bailar”, cuya lectura ha sido prohibida por el régimen al mantenerla retenida en la aduana. En esta obra, el autor narra algunos hechos de las protestas que conjuga con la ficción.
Los otros acusados de este delito están exiliados, como lo son el periodista Carlos Fernando Chamorro, Ana Elisa Martínez, Emma López, Guillermo Medrano y Lourdes Arróliga, exfuncionarios de la FVBCh.
El régimen también estrenó un nuevo acto delictivo en el país: la propagación de noticias falsas, que lo establece el artículo 30 de la Ley de Ciberdelitos (Ley 1042), aprobada junto a un combo de leyes que defensores de derechos humanos tacharon en su momento de represivas, como lo son la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa a los Derechos del Pueblo. Con esta norma han sido acusados el ambientalista Amaru Ruíz y la abogada María Oviedo, según informó el Ministerio Público el 22 de septiembre, fecha en la que se realizó la audiencia inicial de la defensora.
La acusación contra Luis Rivas, gerente general del Banco de la Producción (Banpro) –la entidad financiera más grande del país– es el único caso que se sale de este patrón. Rivas es señalado de “portación o tenencia ilegal de arma de fuego; fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos; y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
La justicia de Ortega y Murillo se caracterizaba por emplear este tipo de señalamientos, como las de Rivas, para condenar a manifestantes. Tal fue el caso de Sergio Beteta, un joven detenido el 21 de diciembre de 2020 en la Avenida Universitaria, en Managua, por sacar una bandera del país en medio de la calle. Dos días después de su detención fue imputado de “tráfico de estupefacientes” y “tenencia ilegal de armas”. Su abogado defensor manifestó que era ilógico, pues nadie que anduviera en una actividad de este tipo se iba a exponer a portar drogas o armas.
Las “pruebas” y el “camino al crimen”
El jurista Yader Morazán explica que existen varias fases para cometer un delito, y que estos se castigan según el acto de ejecución. “El delito de ‘menoscabo a la integridad nacional’ se encuentra en la fase de conspiración, es decir, no se ha consumado, pero tiene una pena”, explica Morazán.
Abogados, expertos jurídicos y defensores de derechos humanos han recalcado que ninguna de las pruebas presentadas por la Fiscalía tiene convicción. Según las acusaciones, la conspiración fue “liderada” por el politólogo Manuel Orozco. Las supuestas conspiraciones fueron planeadas en dos grupos de WhatsApp, según la Fiscalía: “Reunión Mayo 3” y “Task Force”. En el primero se bajaban “los planteamientos sobre reformas electorales en Nicaragua” y a cada uno de los “implicados” se les asignaba un rol con miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), programada en mayo de 2021.
Lo curioso en cada uno de los casos es que ninguno de los hechos narrados en las acusaciones explican por sí solo el delito. Esto viola el artículo 77 del Código Penal, que establece los requisitos de las imputaciones. Uno de ellos es que la narración sea “precisa, circunstanciada y debidamente detallada”, característica ausente en los casos contra los opositores.
La Policía sustrajo de los allanamientos equipos inexistentes, como una computadora “marca Iphone”. En el caso de Juan Sebastián Chamorro los oficiales presentaron “catorce álbumes con tarjeta de presentación de diferentes personas, instituciones estatales, empresas y organismos no gubernamentales, entre las que resaltan tarjetas de USAID”. Y en el de Tamara Dávila decenas de discos musicales que no demuestran ninguna conspiración como cometer menoscabo a la integridad nacional. Sin embargo, los juicios contra ellos se mantienen hasta entonces.