La inequidad puede definirse como la situación en la que, debido a distorsiones en el sistema de mercado o en la acción gubernamental, se generan profundas diferencias entre quienes más tienen y quienes menos poseen. El problema central de esta realidad es que la pobreza tiende a perpetuarse: cuantos menos recursos tienen los sectores más vulnerables, menos oportunidades existen para que sus descendientes puedan progresar, acumulándose así generaciones enteras que permanecen atrapadas en la pobreza. Este fenómeno se asemeja a un bucle interminable, casi como una maldición que impide salir de esta situación. Según datos del Banco Mundial, en América Latina más del 30% de la población vive en situación de pobreza, y la movilidad social es una de las más bajas del mundo.

Esta realidad subraya la necesidad de que evitar la inequidad social sea una prioridad clave en la política pública. No se trata de exigir una igualdad artificial entre las personas, sino de garantizar que todos partan de condiciones similares, de modo que puedan competir y avanzar según sus capacidades personales, logrando mejorar su posición social por méritos propios y no únicamente por intervención estatal. La OCDE ha señalado que los países con menor desigualdad tienden a tener mayor crecimiento económico sostenido.

Paradójicamente, en algunos países centroamericanos, la inequidad se ha convertido en una especie de ventaja comparativa frente a economías más desarrolladas. ¿Cómo ocurre esto? La profunda inequidad genera una tendencia a pagar salarios muy bajos a la mano de obra, lo que se promociona como un atractivo para la inversión extranjera. Además, la falta de empleo formal lleva a que se priorice la mera existencia de un puesto de trabajo, sin importar sus condiciones, lo que impacta negativamente en la calidad del empleo y en los derechos laborales. Según la OIT, más del 60% del empleo en Centroamérica es informal, lo que limita el acceso a seguridad social y estabilidad económica.

Esta supuesta ventaja se complementa con modelos económicos extractivistas, basados en la explotación acelerada de los recursos naturales. La combinación de extractivismo y mano de obra barata conduce, a medio plazo, al agotamiento de los recursos y a la pauperización de la población. Así, se activa un ciclo de miseria aún más difícil de romper, como lo demuestran ejemplos en Haití y en varios países africanos. La CEPAL ha advertido que el modelo extractivista genera crecimiento sin desarrollo, profundizando las brechas sociales y territoriales.

A estos factores se suma la migración de centroamericanos a economías más desarrolladas. Las remesas que envían los migrantes suelen integrarse en la economía como consumo, pero no contribuyen a la formación bruta de capital, perpetuando la falta de desarrollo estructural. En 2023, las remesas representaron más del 20% del PIB en países como Nicaragua, Honduras y El Salvador, según el BID, pero su impacto en inversión productiva sigue siendo limitado.

Aunque el modelo actual pueda parecer rentable a corto plazo, es imprescindible combatir la inequidad social. El Estado debe actuar a través de políticas sociales de carácter gradualista, orientadas a la construcción de capacidades humanas adaptadas a la era del conocimiento y la cuarta revolución industrial, evitando enfoques meramente asistenciales. La inversión en educación técnica, digitalización y ciencia es clave para romper el ciclo de dependencia.

Mejorar la calidad de los servicios de educación y salud es un punto de partida fundamental. Sin embargo, es necesario complementar estas acciones con programas que ofrezcan formación laboral, acceso a créditos para capital semilla y asesoría para la inserción en los mercados nacionales e internacionales. El desarrollo humano sostenible requiere una estrategia integral que combine inclusión social con dinamismo económico.

La era del conocimiento representa una oportunidad única para países pequeños y con escasos recursos naturales. En este contexto, el recurso humano bien preparado es la principal ventaja competitiva, permitiendo alcanzar avances significativos en el desarrollo. Corea del Sur y Estonia son ejemplos de cómo la inversión en educación y tecnología puede transformar economías sin grandes dotaciones naturales.

No se puede seguir confiando en un modelo económico basado en mano de obra barata y remesas, ambos provenientes de los sectores más desfavorecidos. Esta estrategia es tan efectiva para salir de la pobreza como apostar a la lotería: las posibilidades de éxito son mínimas. La región necesita una visión de largo plazo que priorice la equidad como base del crecimiento.

Costa Rica es un ejemplo relevante en la región, con un modelo económico centrado en la exportación de productos de alto valor añadido, como equipos médicos, que requieren trabajadores mejor preparados y remunerados. Esto ha permitido al país alcanzar un alto nivel de renta y convertirse en destino de migrantes económicos. No obstante, el país también enfrenta desafíos recientes de inequidad que podrían amenazar su modelo si no se corrigen a tiempo. Aún así, Costa Rica demuestra que invertir en capital humano es más rentable a largo plazo que depender de los recursos naturales.

No hay tiempo que perder: la transformación de la matriz económica debe iniciarse de inmediato. No podemos conformarnos con la aparente seguridad que ofrecen la mano de obra barata, las remesas y la economía extractiva, ya que estos factores, si bien pueden generar ganancias inmediatas, condenan a la región a un futuro desastroso. Es fundamental mirar hacia el futuro y actuar por el bienestar de las próximas generaciones. Combatir la inequidad es una responsabilidad ineludible.