Tras las masacres cometidas en 2018, el Gobierno usó el control del sistema judicial para continuar la represión a la disidencia política. Un análisis de Divergentes muestra que los jueces fueron diligentes al abrir procesos judiciales contra 802 presos políticos, en su mayoría acusados por “terrorismo”, mientras que solo un hombre señalado como paramilitar recibió condena, pero más tarde fue liberado por una controvertida amnistía. Un doble rasero de la justicia que deja en la impunidad los crímenes cometidos contra la sociedad civil
La jueza Nancy Aguirre, del Décimo Distrito de Managua, llegó al estrado con el veredicto decidido la mañana del 4 de febrero de 2021. La judicial dictó culpabilidad sin importar las inconsistencias probatorias que alegó la defensa de Danny García, un artesano del barrio indígena de Monimbó, en Masaya. Al hombre le imputaron delitos muy graves: “tenencia de artefactos explosivos, portación de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y otras sustancias controladas”. Aunque Ruth Matute sabía que su marido sería declarado culpable, al enterarse del fallo se derrumbó.
La mujer intuyó el veredicto en contra de su esposo porque, como ella denuncia, es un preso político del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Matute, también artesana y vendedora de cosméticos, sintió que el fallo de la jueza Aguirre la aplastó de la misma forma que el 23 de noviembre de 2018, cuando otro juez la procesó por “conspiración y proposición para cometer Terrorismo”... Matute pasó cinco meses en una celda de máxima seguridad solo por haber participado en las protestas contra del régimen sandinista en 2018. Su esposo, por la misma participación ciudadana, fue arrestado tres veces en los últimos dos años, hasta terminar en esta condena.
El veredicto de culpabilidad para García muestra la evolución de la represión política a través de la instrumentalización del aparato judicial: la reciente decisión del régimen sandinista de que la Fiscalía fabrique delitos comunes (sobre todo narcotráfico), cuando ya no tienen razones convicentes para imputar más casos de terrorismo que permitan seguir criminalizando y desarticulando la disidencia, explica Gonzalo Carrión, abogado y defensor de derechos humanos en el exilio, quien también fue indiciado en 2018.
“Es la impunidad que hay en este país… Hace unos días la mujer ésa (Rosario Murillo) dijo que nosotros estamos fuera de las celdas solo porque el Gobierno quiere, dando a entender que en cualquier momento nos manda a encerrar de nuevo como a Danny”, dice por su parte Matute. Ella no oculta esa amalgama de rabia e impotencia que carga. El miércoles 24 de febrero la juez finalmente condenó a su esposo a 16 años y 9 meses de cárcel, además le impuso 46,500 córdobas de multa.
La experiencia de este matrimonio con la justicia nicaragüense expone el doble rasero con el que el Gobierno Ortega-Murillo ha tratado a los ciudadanos que considera “golpistas”: La imposición de delitos igual de exacerbados que las penas de cárceles contra centenares de presos políticos desde 2018. Una justicia severa que dista diametralmente de la impunidad que cobija a policías, paramilitares y operadores intelectuales que perpetraron la “masacre” y los “crímenes de lesa humanidad” en perjuicio de más de 325 personas, asesinadas con saña y cálculo de acuerdo a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
A partir de una construcción de una base de datos, DIVERGENTES pone en perspectiva este doble rasero judicial, que ha sido uno de los pilares de la represión desde el estallido de la crisis sociopolítica. Con el cruce de listas de organizaciones de derechos humanos que registraron los casos de ciudadanos que han sido capturados, procesados, absueltos, liberados y condenados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se aprecia no sólo los arrestos y procesos anómalos de 1,250 presos políticos entre los años 2018 y 2020, sino también la aniquilación de toda garantía procesal.
De los 1,250 presos políticos registrados, 802 personas fueron procesadas por las instancias judiciales del régimen, es decir que no todos los juicios concluyeron en condena. Y no por condescendía del régimen, sino porque en 2018 hubo negociaciones entre el Gobierno y la oposición, lo que combinado con la presión internacional, derivó en las excarcelaciones de la mayoría de los reos de conciencia. A eso debe sumarse la controversial ley de amnistía que el Gobierno aprobó en junio de 2019 y suspendió varios juicios. Pero como el régimen no cesó las capturas por razones políticas, la base de datos documentó las detenciones que continuaron hasta finales de 2020.
De las 802 personas procesadas, 354 fueron condenadas. Mientras a 448 les abrieron causas judiciales que no concluyeron en condenas. El análisis de datos logró obtener información exhaustiva de los cargos judiciales impuestos a 515 de los 802 procesados, lo que permite identificar una gama de delitos gravísimos que no han sido impuestos a quienes las víctimas de la masacre señalan como perpetradores de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, torturas, abuso sexual, secuestros, entre otras vejaciones documentadas en los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El análisis de la base de datos muestra que de los 515 presos políticos a los que se les impusieron cargos judiciales, 276 fueron acusados por terrorismo. Para legalizar la acusación de terrorismo y otros delitos conexos, la Asamblea Nacional, controlada por el partido sandinista, aprobó en julio de 2018 la “Ley Antiterrorista contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Organismos de derechos humanos consideraron esta normativa descabellada en su momento, porque lo que se registró en Nicaragua fue una rebelión ciudadana pacífica, misma que fue víctima del uso excesivo de la fuerza letal, según la ONU y la CIDH.
La Ley del terrorismo establece que “cualquiera que mate o lesione a alguien no implicado directamente en una situación de conflicto armado, o que destruya o dañe propiedad pública o privada, puede ser sentenciado hasta a 20 años de prisión”. Para los que fuesen declarados culpables de financiar o ayudar de manera directa o indirecta operaciones “terroristas”, también tendrán la misma pena. Sin embargo, la Fiscalía fue más allá de lo que dice la ley y, por ejemplo, impuso a los líderes campesinos encabezados por Medardo Mairena penas de 216 años de prisión.
A Mairena le imputaron una gran lista de cargos: terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos, secuestro simple o extorsivo, asesinato o tentativa de asesinato, además lesiones y daños graves o riña tumultuaria. Pese a que la Fiscalía no logró probar la culpabilidad de Mairena, el campesino fue torturado y sometido a una cárcel de máxima seguridad durante el proceso de juicio.
Otro caso similar al de Mairena es el de Cristhian Fajardo, actualmente exiliado en Estados Unidos, y quien fue capturado y procesado junto a su esposa María Adilia Peralta. A Fajardo el sistema judicial le impuso los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos.
“El régimen necesitaba darle alguna forma de legalidad entrecomillas a las detenciones masivas, y por eso aprobaron lo de terrorismo. Pero en el fondo es la criminalización de toda expresión de protesta. El Estado que ha cometido graves violaciones a los derechos humanos siempre las ha negado y minimizado. Es una política de negar esa realidad y declararse como ofendido permanente. Es una lógica perversa para justificarse”, aseguró Carrión, el abogado defensor de derechos humanos.
De acuerdo al análisis de datos, los delitos más recurrentes imputados a las 515 personas son los siguientes, en orden de mayor aplicación: Terrorismo como delito principal. De allí se desprende “Provocación, Conspiración y Proposición para cometer Terrorismo; Financiamiento al terrorismo; Crimen organizado; Entorpecimiento de servicios públicos; Asociación para delinquir; Portación ilegal de armas de fuego; Fabricación de armas de fuego; Tráfico de armas restringidas”. Todos delitos con un enorme margen de discrecionalidad al momento de imputarlos.
“Esto no tiene precedentes”, advierte Carrión. “En la época de Somoza hubo jueces que ordenaron libertad de los que luchaban contra ese régimen, es decir guerrilleros sandinistas que cometieron actos nada comparables a los que actualmente se le achaca a la ciudadanía. En el somocismo hubo varios jueces que frenaban lo que consideraban una acción arbitraria y ordenaban libertad... pero ahora mismo no encontrás en Nicaragua nada parecido. Tanto el Poder Judicial, Fiscalía y policía están sometidos al poder hegemónico y vertical del régimen Ortega-Murillo”, aseguró el defensor de derechos humanos.
Los otros delitos más imputados por el sistema judicial a partir de 2018 fueron: “Secuestro simple o extorsivo; Homicidio o tentativa de homicidios; Asesinato o tentativa de asesinato; Robo o robo agravado con violencia o intimidación; Lesiones y daños graves, riña tumultaria; Incendio o tentativa de incendio; Facilitación de evasión; Profanación de cadáveres; Tenencia de uso de armas restringidas; Amenazas; Toma de rehenes; Exposición de personas al peligro; Obstrucción de funciones; Tortura; Uso indebido de emblemas, uniformes y pertrechos; Abuso sexual; Violación de domicilio; Tráfico de estupefacientes y Falta Penal”.
El doble rasero de la justicia controlada por el régimen de Ortega queda en evidencia cuando se analiza la cantidad de procesos judiciales abiertos contra quienes son señalados de cometer crímenes contra la sociedad civil: El sistema judicial solo abrió un proceso penal contra un paramilitar por el asesinato de una ciudadana extranjera y debido a la presión internacional.
El Gobierno de Brasil exigió enérgicamente por vías diplomáticas una investigación exhaustiva y esclarecimiento del asesinato de la estudiante de medicina Rayneia Lima, perpetuado por el exmilitar Pierson Solís, ocurrido el 23 de julio de 2018. Lima fue baleada cuando regresaba a su casa de habitación, exactamente en la calle que conecta la Pista Suburbana y el Colegio Americano en Managua, en una zona cercana a la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), que en ese momento estaba llena de estudiantes atrincherados.
El paramilitar estaba a cargo de un perímetro de seguridad de la empresa nica-venezolana Albanisa y la casa de habitación de Francisco ‘Chico’ López, tesorero del Frente Sandinista y hombre clave en los negocios del comandante Ortega. Cuando vio el vehículo, Solís apuntó su fusil de guerra y atravesó a Lima. Gracias a la presión brasileña, el victimario fue condenado a 15 años de prisión, pero menos de un año después fue liberado gracias a la ley de amnistía.
Brandon Lobo y Glen Slate, dos jóvenes originarios de la Costa Caribe Sur, fueron capturados en Bluefields y acusados del asesinato del periodista Ángel Gahona, sucedido en abril de 2018, casi al inicio de las protestas. Los jóvenes fueron condenados a 23 años de prisión por los delitos de Portación ilegal de armas de fuego, asesinato o tentativa de asesinato y exposición de personas al peligro, pese a que la familia del periodista desistió del proceso, alegando que los jóvenes no eran culpables. La familia de Gahona siempre descartó la hipótesis de que Lobo y Slate usaron un arma hechiza para cometer el asesinato y, en cambio, presentaron pruebas que apuntaban a oficiales de la policía.
Otro de los manifestantes condenados sin prueba alguna fue Carlos Alberto Bonilla. La justicia lo culpó por la muerte del policía Hilton Rafael Manzanares, y del asesinato en grado de frustración de otros cuatro agentes. Bonilla fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato del agente y a 70 más por los otros agentes.
De los 515 procesados, la justicia de Daniel Ortega acusó a 38 opositores por el delito de homicidio o tentativa de homicidio. En cambio, la Fiscalía engavetó varias denuncias contra de policías por el delito de asesinato. Los casos más emblemáticos son el del adolescente Álvaro Conrado y los de los jóvenes Orlando Pérez y Franco Valdivia.
Ruth Matute sabe muy bien de los riesgos que conlleva el doble rasero de la justicia Ortega-Murillo. Ella casi muere en prisión. Las autoridades del sistema penitenciario nunca le brindaron atención médica pese a que la presa política les dijo que su marcapasos le estaba fallando. Fue hasta que su corazón colapsó en máxima seguridad que los carceleros la trasladaron a un hospital para reemplazar el aparato vital para ella. Ahora que Matute vive la condena de su marido, ella se define “como un ejemplo vivo de la impunidad”.
“No hay que bajar la cabeza, porque uno no ha hecho nada ilegal. Hay que sentirnos libres aunque nos quieran callar y encerrar”, desafía Matute.
Por ahora, la justicia se caracteriza por permitir la impunidad en Nicaragua. El Gobierno ha aprobado una serie de leyes para justificar el encierro de opositores. La normativa más ejemplificante de esa política es la aprobación de la Cadena Perpetua para castigar lo que el comandante Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, consideran “crímenes de odio”. Una vara que, como critican organismos de derechos humanos, no es pareja.
El ejemplo más claro es el de Abner Pineda, un simpatizante de Gobierno que asesinó a sangre fría a Jorge Luis Rugama el 19 de julio de 2020, cuando el hombre le gritó “viva Nicaragua libre” a una caravana que conmemoraba en la ciudad de Estelí el aniversario de la revolución sandinista.
La jueza del municipio de La Trinidad, en Estelí, declaró culpable a Pineda. Pero en la misma sentencia también ordenó su libertad. La judicial alegó que el asesino sufre “traumas psicológicos” provocados por el “intento fallido de golpe de Estado de abril de 2018” impulsado por los opositores.
*Noelia Gutiérrez colaboró con DIVERGENTES para la realización de este reportaje