Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen una obsesión: desarticular a la sociedad civil y la oposición en Nicaragua. Desde que llegaron al poder en 2007, han ejecutado una serie de ataques contra las voces críticas, instrumentalizando a las instituciones estatales, las fuerzas armadas y sus simpatizantes para imponer su agenda autoritaria, represiva y de corte dinástico, que a toda costa pretende conservar indefinidamente el poder.

El ejemplo más reciente de esos zarpazos son los dos proyectos de ley que el mandatario sandinista ha enviado a la Asamblea Nacional (que él mismo controla), a través de los cuales amenaza con imponer cadena perpetua a sus detractores, y criminalizar a todo aquel que el Ministerio de Gobernación catalogue como “agente extranjero”. Esta última normativa es un calco de la impuesta por Vladimir Putin en 2012 en Rusia, un país en el que ser crítico se paga con cárcel o hasta envenenamiento, tal cual le sucedió al líder opositor Alexei Navalny hace unos meses. 

No en vano abogados independientes han advertido que los dos anteproyectos legislativos promovidos por Ortega buscan instaurar un andamiaje jurídico que tiene claros visos estalinistas, nazistas y castristas. Los proyectos legislativos recurren a conceptos como “Seguridad del Estado” y “crímenes de odio” para desarticular por ley el disenso democrático y reducir a su mínima expresión las libertades constitucionales.

En medio de la segunda crisis económica más severa de la historia de Nicaragua a causa de la revuelta sociopolítica de 2018 y la COVID-19 en 2020, Ortega y Murillo insisten con su obsesión de neutralizar a la sociedad civil y la oposición con el amedrentamiento y la criminalización del ejercicio de los derechos civiles y políticos. Todo ello mientras existe una demanda generalizada de elecciones libres en 2021 y las sanciones impuestas por la comunidad internacional al círculo de hierro presidencial.

Ortega envió con carácter de urgencia el primer anteproyecto de ley a mediados de septiembre. Amenaza con aplicar cadena perpetua a todo aquel que sus instituciones encargadas de impartir justicia determinen que ha cometido “crímenes de odio”. En una clara manipulación del contexto, el régimen aprovechó el asesinato de dos niñas y el incremento de los femicidios para anunciar que se impondría la cadena perpetua. Sin embargo, en el acto de la independencia el 15 de septiembre, el mismo Ortega se encargó de aclarar que la ley está destinada para los opositores, a quienes llamó “hijos del diablo y criminales”.

Desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018, Ortega y Murillo han tildado como “crímenes de odio” las acciones de protesta realizadas por la ciudadanía, la sociedad civil y la oposición organizada en diversos grupos. Aunque aprobar la ley de cadena perpetua tomará algunos meses, ya que se requiere reformar la Constitución en doble legislatura, no cabe duda que el dominio de Ortega sobre el Parlamento garantizará que la normativa entre en vigencia.

En cambio, el segundo proyecto llamado ‘Ley de Regulación de Agentes Extranjeros’, con el que Ortega pretende silenciar las críticas a sus violaciones de derechos humanos, ya fue presentada ante la Asamblea Nacional. Esta ley no necesita reforma constitucional y, posiblemente, será aprobada en los próximos días sin mayor objeción según los designios presidenciales. En este proyecto de ley se alegan “razones de seguridad nacional y la necesidad de frenar la injerencia extranjera en asuntos internos”.

Bajo estos argumentos, se criminaliza el derecho de organizaciones, personas y empresas a recibir donaciones y apoyo financiero internacional. Hay que tener en cuenta que en un país pobre como Nicaragua –que además atraviesa una grave crisis que lo tiene al borde de la depresión económica–, los recursos externos son los que garantizan la sobrevivencia de muchas organizaciones, empresas y personas. 

A partir de la entrada en vigencia de esta ley, quienes reciban estos fondos estarán obligados a rendir cuentas al Ministerio de Gobernación y no podrán financiar actividades políticas. Al mismo tiempo, las personas que sean declarados “agentes extranjeros” perderán su derecho a optar a puestos de elección popular. Algo que se interpreta como una inhibición de cara a un proceso electoral fechado para noviembre de 2021.

Ambos proyectos han sido calificados como aberrantes e inconstitucionales. Sin embargo, solo es cuestión de tiempo para que entren en vigencia, tal y como ha ocurrido en los últimos años con otras leyes similares. Con estas dos leyes, Ortega sube a tope los decibeles a su escalada represiva contra organizaciones políticas, sociales y medios de comunicación que inició en 2008, cuando allanó las oficinas del Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco) y del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM). En esa ocasión, el régimen fabricó una acusación de "triangulación de fondos internacionales”, pero no prosperó por carecer de sustento.

Con el allanamiento de Cinco, Ortega y Murillo intentaron callar una de las voces más críticas del periodismo en Nicaragua, Carlos Fernando Chamorro, quien, en ese entonces, era presidente de esa oenegé especializada en estudios de comunicación, cultura, democracia y opinión pública. Mientras que el ataque al MAM fue atribuido por el acompañamiento que este grupo feminista le brindó a Zoilamérica Ortega Murillo en su denuncia de abuso sexual contra Ortega en 1997.

El allanamiento de Cinco y al MAM fue el primer ataque frontal a las libertades públicas. En 2008 el régimen sandinista ejecutó un descarado fraude electoral para quedarse con la mayoría de las alcaldías del país. Estas acciones fueron un hito. Marcaron un quiebre en la corta y frágil historia democrática del país, ya que a partir de ellas las libertades constitucionales fueron básicamente cercenadas hasta el día de hoy. La masacre de abril de 2018 y sus consecuencias son el parangón fehaciente de la acumulación de poder de la familia y su encono contra las voces que lo critican.

A partir de 2008, lo que vino fue la demolición total de la institucionalidad. La instrumentalización del Estado como punta de lanza para que Ortega y Murillo silencien a quienes consideran indeseables. DIVERGENTES les ofrece un recuento de los zarpazos más relevantes contra la sociedad civil y la oposición en Nicaragua.

Félix Maradiaga: “Cubanización de Nicaragua”

Félix Maradiaga, integrante de la Unidad Azul y Blanco (UNAB), ha sido uno de los opositores que ha sido víctima de los conceptos relacionados al odio y el terrorismo que el régimen Ortega-Murillo quiere institucionalizar con estas dos leyes. El politólogo fue acusado en 2018 por supuestamente financiar al terrorismo y tuvo que exiliarse para evitar su apresamiento.

En esta breve entrevista, Maradiaga analiza las dos leyes que el gobierno Ortega-Murillo amenaza con cernir sobre las cabezas consideradas “golpistas”, “terroristas” y “traidores”.

¿Cómo valorar estos dos anteproyectos de ley promovidos por el régimen Ortega-Murillo encaminados a desarticular a la sociedad civil y la oposición?

Viéndolo de forma integral, le llamaría una cubanización de Nicaragua. El régimen autoritario, como el cubano y seguido de otras experiencias, han utilizado la estrategia de darle un supuesto respaldo legal a los mecanismos de represión del Estado. Es decir, una suerte de arquitectura que da sustento a la represión judicial o de control político. Estos régimen autoritarios ocupan algunos conceptos, nociones, desarrollados por las democracias como artimañas para legitimar las dictaduras. Una de ellas, la soberanía y autodeterminación de los pueblos.

En esta última ley enviada por el régimen a la Asamblea Nacional, se le da de forma grandilocuente respaldo al concepto de soberanía, pero lo que quieren hacer realmente es criminalizar la solidaridad internacional, bloqueando el financiamiento a la sociedad civil... pero también el financiamiento privado a la oposición.

A la luz de que estamos en un año preelectoral, sea cual sea el escenario tomando en cuenta que no hay condiciones para los comicios, esta ley de ‘Agente Extranjero’ dice que aquel que reciba financiamiento o donaciones externas no podrá aspirar a un cargo público o una candidatura… Pareciera otra repetición del gobierno de inhibir fuerzas o sujetos políticos como en el pasado, pero de una forma más ruda.

Eso puede ser, pero creo que la apuesta es más perversa. Va mucho más allá. Lo que pretenden es darle sustento jurídico a la narrativa gubernamental que ellos han venido trabajando: Una narrativa que es propia de regímenes fascistas y comunistas: el de ‘vende patria’ y ‘traidor’.

Este concepto básico se basa en una noción fundamental: que no hay separación entre el nacionalismo y la línea del partido de gobierno. La línea nacionalista te la dicta el partido de gobierno. O sea, el partido hegemónico, como lo fue el nazismo que nació del Nacional Socialismo. En resumen, para estos régimenes todo aquello que sea oposición es ‘vende patria’ o ‘traidor’.

Esta ley entonces consigna a cualquiera como ‘agente extranjero’. Puede ser un periodista, una organización de la sociedad civil que reciba fondos públicos o privados, sea de la diáspora o de la solidaridad... todo es catalogado de forma jurídica. Incluso el sector privado lo afecta, porque la ley es muy amplia. Deben registrarse ante el Ministerio de Gobernación y si no lo hacen, cualquier nicaragüense puede ser declarado ‘agente extranjero’... y claro que tiene el propósito de inhibir, pero va mucho más allá.

Esta ley no solo está diseñada para la oposición organizada, sino para las organizaciones filantrópicas del país. Por ejemplo, organizaciones que le dan apoyo a los presos políticos o para controlar cualquier iniciativa independiente contra el COVID-19. También controlar a los periodistas que tienen acceso a fondos como Gofundme o de periodismo investigativo. Es para bloquear cualquier iniciativa desde el exterior para financiar por vía privada a la oposición. Pero también es una herramienta contra el sector privado para monitorear de manera bancarias las transferencias que hay en Nicaragua.