Desde la Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria, nos preocupa el agravamiento de la represión en Nicaragua, en particular contra las personas presas políticas y desaparecidas, quienes se encuentran en una extrema vulnerabilidad. Hemos documentado un incremento sostenido de detenciones arbitrarias, agresiones, hostigamientos y amenazas contra las personas opositoras o consideradas como tales, entre los que se encuentran familiares de personas presas políticas. 

Durante el 2025 ha persistido el fenómeno de “puerta giratoria”. Hasta octubre hemos registrado al menos 150 personas como detenidas arbitrariamente, de las cuales 40 fueron liberadas, 23 fueron incluidas en lista oficial del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas y en 87 casos siguen sin poder verificarse debido a los obstáculos para acceder a información oficial y al miedo de las familias a denunciar por temor a represalias, por lo que persiste un elevado subregistro de la dimensión real de la represión.

Actualmente 77 personas incluyendo 12 mujeres, se encuentran privadas de libertad por razones políticas. Todas ellas han sido criminalizadas y condenadas sin proceso judicial, sin derecho a la defensa y bajo condiciones de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que atentan contra su vida e integridad. Al menos 36 de ellas permanecen en desaparición forzada, entre las que se encuentran adultos mayores y personas con enfermedades crónicas y graves, como diabetes e hipertensión, pacientes en remisión de cáncer, afecciones cardiacas, cuya reclusión pone en riesgo inminente sus vidas, por la denegación de atención médica adecuada y el sometimiento a un entorno torturante.

Por otro lado, las condiciones de detención contra personas privadas de libertad por razones políticas se han deteriorado gravemente: se reportan golpizas constantes, uso de gas pimienta, amenazas, hostigamientos y maltrato psicológico, incluyendo mensajes orientados a afectarles como “todos te olvidaron, no vas a salir nunca de aquí”. Además, se niega sistemáticamente el acceso a atención médica y psicológica, incluso ginecológica; no se permite el acceso a sol, alimentación adecuada ni agua potable. Las celdas son insalubres, sin ventilación ni luz natural, incumpliendo los estándares mínimos internacionales y poniendo en riesgo la vida e integridad física de las personas detenidas.

Algunos de los casos más críticos son los de los prisioneros politicos Manuel Urbina, Jaime Navarrete, Walner Ruiz, Carlos Vanegas y Efrén Vílchez, recluidos en celdas de máxima seguridad y sometidos de forma constante a tortura física y psicológica . Evelyn Guillén, quien padece esquizofrenia y bipolaridad, permanece en aislamiento prolongado. Ricardo Cortés, de 71 años, ha quedado ciego por falta de atención médica, y Eliseo Castro, de 61 años, continúa bajo custodia policial en un hospital de la capital en estado vegetativo, pese a haber cumplido su condena.

En agosto de 2025 se confirmaron las muertes de dos personas detenidas y desaparecidas forzadamente, lo que demuestra que el riesgo de desenlace fatal es real y constante para todas las personas presas políticas en Nicaragua. Las medidas de protección adoptadas por el Sistema Interamericano no son implementadas por el régimen.

El Registro de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras ha documentado desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018 hasta el 31 de julio de 2025, un total de 13,326 agresiones, de las cuales 7,648 son personales, 4,315 colectivas y 1,363 a sus organizaciones o grupos. El 53% de estas representan hostigamientos, estigmatizaciones, vigilancias y amenazas, lo cual demuestra los entornos represivos en que las defensoras desarrollan su labor.

No solo las personas presas políticas son víctimas de estos crímenes, también sus familias, quienes, en muchos casos además del sufrimiento de no tener información sobre el paradero de sus familiares secuestrados que permanecen en desaparición forzada, sufren persecución, amenazas de detención y destierro por buscar a sus familiares, e incluso familias completas han sido detenidas. 

En algunos casos, la policía les ha ordenado a familiares a abandonar el país y en caso de no hacerlo les han amenazado con ser detenidos o trasladados forzosamente a la frontera, donde les obligan a salir de Nicaragua a través de puestos que están bajo control del ejército, incluyendo a niños y niñas; esta política ha sido dirigido desde el Ministerio del Interior por el viceministro Luis Cañas.

La instrumentalización absoluta del sistema de justicia ha dejado en total indefensión a las personas presas políticas y sus familiares. El órgano judicial, la Fiscalía, defensoría pública, policía nacional, sistema penitenciario y la procuraduría de derechos humanos son utilizados para legalizar la represión mediante la aplicación de normas que contravienen los estándares internacionales de derechos humanos, en total irrespeto a las garantías mínimas del debido proceso. De esa forma, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo busca aniquilar toda forma de denuncia o disidencia a través del terror, la persecución y el destierro.

Un cambio reciente y preocupante es que la represión también se ha extendido a funcionarios, simpatizantes sandinistas y miembros del ejército, quienes representan ya el 31% de las detenciones registradas en 2025, evidenciando que nadie está a salvo de la arbitrariedad estatal.

Finalmente, queremos alertar sobre la represión laboral como nueva forma de castigo político: en lo que va del año, se han documentado 18 eventos de despidos masivos, afectando a más de 850 personas trabajadoras del sector público.

En suma, Nicaragua atraviesa una fase de represión total y sistemática contra toda voz disidente o considerada como tal por el régimen. Para garantizar la impunidad de los responsables de tales violaciones, se impide cualquier forma de monitoreo independiente a cargo de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, de la CIDH-Meseni e incluso de instituciones humanitarias cuyas misiones fueron expulsadas del país. Urge que la comunidad internacional redoble sus esfuerzos de visibilización, denuncia y exigencia de liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos y de búsqueda urgente de las personas desaparecidas.