La ampliación y construcción de nuevas carreteras en Nicaragua —producto principalmente de préstamos internacionales— ha elevado los accidentes mortales en las vías. Para reducir dicha accidentalidad, el dictador Daniel Ortega propuso la noche de este dos de junio bajar el límite de velocidad a “50 o 60 kilómetros por hora”. Sin embargo, expertos viales consultados por DIVERGENTES no demonizan lo planteado por el caudillo sandinista, aunque coinciden en que la mortalidad no depende únicamente de la velocidad en carretera, sino también de otros factores, como la falta de prevención o la corrupción en las filas policiales.
“Tenemos que hacer un plan para que no se pueda correr en las carreteras, poner un límite que no puede ser de 90 kilómetros ni de 100 kilómetros. Poner un límite que tendrán que trabajarlo bien los compañeros de la Policía y hacer una propuesta si el límite es de 50 kilómetros por hora o es de 60 kilómetros por hora”, propuso Ortega, sin admitir que la actual estrategia policial basada en las multas no ha surtido efecto.
En 2024 murieron al menos 937 personas en accidentes de tránsito en Nicaragua. Son 66 menos que en 2023, cuando la Dirección de Tránsito registró 1,003 muertes. Aunque el dictador no desglosó las causas, el último anuario policial publicado —el de 2021— no señala el exceso de velocidad como el principal factor de mortalidad vial. De los 904 fallecidos en 2021, apenas 73 fueron por exceso de velocidad. Las principales fueron por giros indebidos (153), imprudencia peatonal (110) y no guardar distancia (101).
“Es cierto que la ampliación de las carreteras ha incrementado los niveles de velocidad entre los conductores, y producto de esto los accidentes ahora son más mortales por la velocidad”, explica un experto en seguridad vial que pidió anonimato. “Pero la velocidad no es la principal causa de la mortalidad. Yo no voy a cuestionar la base de lo que dice Ortega, el tema es cómo lo van hacer… No lo deberían hacer parejo para todo, ni mucho menos en carreteras. No es lo mismo una moto que circule en carretera entre 50 a 60 kilómetros por hora, que es lo más prudente, que un auto sedan o una camioneta que pueden aguantar el límite de 100 actualmente vigente. Lo ideal sería revisar los límites por tipo de vehículo y zona de tránsito, sea ciudad, carretera, camino, etcétera”.
Actualmente, los límites de velocidad establecidos en la Ley 431, “Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito”, son los siguientes: 45 km/h en calles y avenidas dentro del perímetro urbano; 25 km/h en zonas escolares, hospitales y áreas densamente pobladas; 30 km/h en rotondas; 60 km/h en pistas; y hasta 100 km/h en carreteras.
Ortega admitió que la propuesta de bajar el límite puede causar descontento, más demora en la conducción e impacto en “la productividad”. “Si el límite es de 50 kilómetros por hora o es de 60 kilómetros por hora, van a alegar que eso les va a provocar pérdidas porque es más tardanza. Ah, pero ¿qué vale más, un camión con mercadería o la vida de un ciudadano? Tenemos que poner en primer lugar la vida”, sostuvo.
¿Más multas para recaudar más?
El experto señala que Nicaragua es uno de los países de la región con mayor cantidad de agentes de tránsito desplegados en las calles. “¿Por qué se está dando entonces esta mortalidad vial, si se supone que hay una buena vigilancia vial y señalización e infraestructura vial? Porque existe un nivel de corrupción dentro de la Policía de Tránsito sobre el tema de las multas, que está más enfocado en recaudar que en prevenir”, sostiene.
Las multas de tránsito y los seminarios del Centro de Educación Vial —conocido como la “escuelita”— son una importante fuente de ingresos para la Policía Nacional: en 2023 generaron 477.4 millones de córdobas, la cifra más alta de la última década, según un reportaje de Confidencial.
De acuerdo con el Informe de Ejecución Presupuestaria 2023, la Policía se embolsó 343.4 millones de córdobas en concepto de multas, y otros 134 millones provenientes del Centro de Educación Vial. A través del plan “Motorizado, salvá tu vida”, la institución impone unas 600 multas diarias por no portar casco. Cada una cuesta 500 córdobas, lo que representa al menos 300,000 córdobas diarios solo por esa infracción.
Los ingresos por multas han crecido de forma sostenida desde 2019, cuando se recaudaron 227 millones de córdobas. En 2020 subieron a 233 millones; en 2021, a 261 millones; y en 2022 alcanzaron los 285 millones. A pesar de este incremento, las “mordidas” (coimas pagadas a los agentes) siguen siendo una práctica común.
“También me pregunto si esos 60 kilómetros de límite serán igual de aplicables a aquellos carros que hoy en día en Nicaragua gozan de inmunidad vial; civiles que andan con sirenas y patrullas de la policía detrás”, cuestiona el experto en referencia a los familiares de funcionarios sandinistas que han protagonizado accidentes en los últimos años. Uno de los casos más recientes ocurrió en abril de 2024, cuando el exdiputado sandinista Reynaldo Mairena Vallejos —mano derecha de Fidel Moreno— arrolló a un motociclista e intentó darse a la fuga.