PruloArts
Maynor Eliezer Salazar
@MaynorSalaz
31 de agosto 2020

Un vacío legal que da cabida a la corrupción

Aunque las contrataciones simplificadas son amparadas por un vacío de ley que nos las regula totalmente, el experto municipal Gilberto Lindo alerta que este esquema irregular da cabida a la corrupción, una práctica que sí está penada en Nicaragua.

“Es un proceso ilegal porque están simulando situaciones de urgencia para aplicar un procedimiento y poder contratar a quienes ellos quieran, a quienes les dé la gana... No hay control sobre eso. Esta es una salida a la corrupción. Y este es un modelo que se repite en todos los municipios de corte oficialista”, afirma Lindo, quien lleva años analizando presupuestos y gestión municipal en Nicaragua.

La Ley 801, en el acápite que se refiere a la Contratación Simplificada, justifica las adjudicaciones bajo esta vía cuando se trata de distribución de víveres, contratación de artistas o de servicios técnicos a profesionales especializados para un área organizativa de la municipalidad. Por ejemplo los arrendamientos, compra de bienes inmuebles o alquiler del mismo, o cuando exista un proveedor único en el mercado, algo que es raro.

También cuando existen emergencias o alguna situación de calamidad pública. Por ejemplo, si ocurre una catástrofe la contratación simplificada agiliza el proceso para resolver la eventualidad. Sin embargo, luego de haber resuelto el problema, la alcaldía debe aprobar el gasto e informar detalladamente todo el proceso.

“Pero hay una segunda modalidad que dice que pueden contratar en situaciones de emergencias o urgentes que no se derivan de desastres o calamidad pública. Esa es una expresión que la ley ahí tiene abierta. Eso le da paso a ellos para ir por esa vía, pero claro, hay restricciones. La misma ley dice, un poquito más adelante, que antes de tomar esta decisión, tenés que hacer un documento en el que justifiqués de manera razonada por qué estás definiendo este mecanismo”, explica Lindo.

El municipalista advierte que, si bien la ley pone un límite para evitar que ocurran contrataciones irregulares, las autoridades municipales no respetan el mismo y violan los causales que la misma ordenanza establece.

“Se supone que son obras que salieron de repente y que no podía esperar todo el proceso que conlleva llamar a reunión al consejo municipal, hacer una reunión de consejo, aprobar el gasto, discutir si el proyecto es viable, si es aceptable… como no pueden hacer todo eso. Entonces es una obra que apareció y hay que responder urgentemente”, plantea Lindo

La ley también aclara que una vez se haya realizado la contratación de urgencia no derivada de una calamidad, la autoridad municipal debe remitir los expedientes con sus soportes a la Contraloría de la República quince días después de haber suscrito un contrato.

“Mi percepción es que esto obedece a una línea de beneficiar a personas, en este caso a proveedores, lo que se traduce en corrupción. Esa corrupción no sabemos si es un mecanismo de financiamiento para funcionarios y amigos, o es un mecanismo para financiar al partido y también utilizar a los amigos para su beneficio. No sabría decírtelo. Pero sí puedo afirmar que es una actividad de corrupción porque están violentando la ley”, aclara.

Contratistas de la Alcaldía de Managua

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Proveedor Representante Legal Contratación Monto en córdobas Año

¿Qué vigila la Contraloría?

Luego de la publicación de la primera investigación del Gran Contratista de la Alcaldía de Managua, la Contraloría respondió a DIVERGENTES que las resoluciones y auditorías a la Alcaldías de Managua estaban publicadas en el sitio web de la institución y que podían consultarse libremente.

Por ejemplo, DIVERGENTES buscó en más de 600 documentos y no encontró una sola resolución que se refiriera a las contrataciones simplificadas que Chávez y Chávez recibió en 2016, 2017 y 2018.

Respecto a las implicaciones que tienen los contratistas, el municipalista Gilberto Lindo aseguró que la primera es ética, pues ellos cuando saben que están siendo contratados bajo una forma ilegal, y que no se está cumpliendo con los requerimientos específicos.

“Ellos saben perfectamente, conocen la ley. Como todo oferente, desde que se registra en el registro de proveedores del Estado, conoce la ley. Porque ese es su machete para poder competir en las diferentes convocatorias que se dan”, indica el experto.

Sólo una auditoría puede determinar el grado de responsabilidad penal que tiene una empresa, y entender si existe o no complicidad en la adjudicación de los procesos. El problema que existe en Nicaragua es que ni la Contraloría cumple con su trabajo y tampoco la Policía investiga de oficio en estos casos, ya que la independencia de estas instituciones fue demolida por el Ejecutivo de Ortega.

“Por supuesto que eso tiene que probarse. Una vez que tengas acceso a toda la información, podés identificar sobreprecios, diferentes acciones que en el marco del contrato y de los alcances contractuales. Se puede determinar que estuvieron de acuerdo, que hubo un manejo oscuro y que tiene una responsabilidad el proveedor, en este caso”, pormenoriza Lindo.

Si bien la Ley 801 establece una guía de cuándo puede ser utilizado el mecanismo de Contratación Simplificada, esta no determina castigos o penas para quienes la incumplan o abusen. Lo único que la normativa expone es que: “cuando la situación que se pretenda invocar por esta modalidad sea el resultado de la falta de planeación de la Alcaldía o Sector Municipal, los funcionarios que cometieron dicha omisión, serán personalmente responsables”. Una declaración bastante abstracta y ambigua para expertos en gestión municipal.

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