El régimen de partido único, al mejor estilo autoritario de los Castro en Cuba, es una realidad en Nicaragua. Tras la toma de cinco alcaldías gestionadas por la oposición y ubicadas en municipios donde los sandinistas jamás han podido llegar al poder marca el fin de la autonomía municipal, mancillada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 2008. Los efectos, para académicos y juristas como María Asunción Moreno, se evidencian en otro proceso electoral sin competencia ni legitimidad, como el que ocurrió en 2021, cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo garantizaron su permanencia al encarcelar a siete precandidatos y despojar de su personería a los partidos con legitimidad.
La jurista Moreno, quien en 2021 anunció su aspiración a la presidencia por parte de la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia –uno de los grupos de oposición que adversan a la dictadura–, explica desde el exilio las violaciones que representa la más reciente acción represiva del régimen.
La académica reiteró que no se espera un proceso electoral a nivel municipal, los cuales deberían celebrarse el seis de noviembre. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por la dictadura, no ha publicado el calendario del proceso tachado con antelación como una “farsa”.
Las cinco alcaldías defenestradas eran del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), y están ubicadas en verdaderos bastiones de oposición: Murra, El Almendro, Yalí, El Cuá y Pantasma, todas localidades en las que el sandinismo no es mayoría. Los ediles expulsados de sus cargos permanecen en el anonimato y con el temor de ser apresados por la Policía Nacional.
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¿Qué impacto tiene para el país el despojo total de la autonomía municipal que el régimen Ortega-Murillo culminó con las cinco alcaldías opositoras de CxL?
Ninguno, no se puede impactar en lo que no existe desde hace tiempo. Lo primero que habría que decir es que en Nicaragua, desde que (Daniel) Ortega llegó al poder, se ha encargado de desmontar toda la institucionalidad democrática, desaparecer la poca independencia que existía entre los poderes del Estado y actuar de facto para concentrar el poder.
El tiro de gracia a la autonomía municipal que estamos presenciando es un acto más del ejercicio de poder autocrático que se ha consolidado en los últimos meses. Recordemos que CxL fue despojado de su personería jurídica de forma ilegal y arbitraria, y las alcaldías que seguían en manos de sus legítimas autoridades –porque fueron electas por los pobladores de sus municipios– desde hace tiempo no recibían el presupuesto que por ley les correspondía, así que lo que estamos presenciando son los últimos actos ilegales y violentos, que tienen como finalidad enviar un mensaje a los ciudadanos de que tampoco van a tener derecho a elegir sus autoridades municipales.
Ortega después de noviembre del 2021 ha decidido cerrar todas las vías democráticas porque sabe que si se celebran unas “verdaderas elecciones nacionales o municipales” no ganaría su partido. La mayoría de los nicaragüenses quiere a Ortega-Murillo fuera del poder y eso lo tiene muy claro.
¿Cómo cree usted que quedan las elecciones municipales tras este acto represivo? ¿Qué se puede esperar del proceso?
Lo único que se puede esperar es que no habrá ningún proceso electoral municipal, eso lo debemos tener muy claro y evitar caer en la trampa de quien ostenta el poder de forma ilegítima. Lo que vamos a presenciar en noviembre es un proceso de “designación de cargos en cada uno de los municipios”, por eso asaltaron las alcaldías de CxL. No habrá elección, no se contarán los votos y las 153 alcaldías serán usurpadas. Ortega no permitirá que exista una sola autoridad municipal (alcaldes, vice alcaldes y concejales) electa legítimamente por los ciudadanos. Para Ortega todos tienen que ser ilegítimos como él. Lo que vamos a ver es más de lo mismo (que en las elecciones generales de 2021), es decir, una farsa con la que se va concluir la instauración de partido único.
¿Tiene algún sustento legal las razones que ha alegado el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) de que CxL no tiene personería jurídica, y por lo tanto no existe jurisdicción en esas alcaldías?
No hay ningún sustento legal en la actuación de un régimen ilegítimo que está usurpando el poder. Ortega viene actuando de forma ilegal desde hace mucho tiempo, la primera reelección de Ortega fue inconstitucional, su gobierno tiene ilegitimidad de origen. Es ilegal que en todas las instituciones públicas haya símbolos partidarios. Es ilegal que la Policía y el Ejército sean partidarias. Es ilegal que se tengan presos políticos. Es ilegal que en vez de tener un poder judicial tengamos una secretaría judicial, cuyo secretario general es el dictador Ortega.
No vale la pena hacer un análisis legal en este caso cuando lo que existe es un régimen que ilegítimamente está ejerciendo el poder, toda su actuación es arbitraria, violenta e ilegal.
¿Qué otras violaciones al debido proceso y la Constitución ha identificado usted como jurista?
Estamos ante un régimen ilegítimo que ha menospreciado de forma reiterada y violenta el ordenamiento jurídico vigente en el país. Comenzó por las graves violaciones a la Constitución. Los actos de este régimen son actos ilegales, no existe un ápice de legalidad en su actuación. No hay debido proceso, no les importa la ley. La ley son ellos.
En 2021 el régimen también aseguró su permanencia en el poder al encarcelar a siete precandidatos de oposición, incluso usted tuvo que exiliarse por la represión brutal de la dictadura que culminó con una farsa electoral. Ahora, se repite el mismo patrón con este proceso municipal que le garantiza más control al régimen ¿Cuál es su lectura política?
Creo que los Ortega-Murillo han venido implantando un modelo propio, que tiene componentes similares a los regímenes totalitarios como Corea del Norte, lamentablemente los nicaragüenses estamos sufriendo el régimen más cruel y despiadado de América Latina. El guión a seguir es: matar, encarcelar, desterrar, reprimir, amenazar, vigilar, expropiar, confiscar, desaparecer a quien trate de hacer oposición. No hay partidos políticos de oposición, no hay candidatos opositores, tampoco habrá elecciones municipales. Las alcaldías hace tiempo dejaron de ser un gobierno autónomo, las normas constitucionales, electorales, y la Ley de Municipios hace mucho tiempo dejaron de ser garantía del ejercicio de derechos políticos. Las alcaldías son un apéndice más del régimen. No hay autonomía municipal, por eso están despojando al CxL de sus alcaldías, y también han destituido de facto a alcaldes de su mismo partido. Estos actos representan un grave atropello a la voluntad de los electores.