María José Flores García tiene 19 años y nació en El Salvador. Vino a los Estados Unidos en 2016, a Texas, cuando tenía nueve años. Luego, se estableció en Maryland, donde creció, aprendió inglés se enroló en el sistema educativo público y, con los años, se convirtió en una de las mejores estudiantes de su promoción. Su escuela secundaria, Parksdale en el condado de Prince George’s, cerca de Washington, DC, la eligió para que diera el discurso de graduación, un honor reservado a la mejor estudiante del año. Ella, María José Flores García, era la mejor. Luego, la Universidad de Maryland le ofreció una beca completa y ahí empezó a estudiar este año en busca de su meta profesional, ser doctora especializada en salas de emergencias.
Mientras estudiaba secundaria, como cientos de estudiantes latinos, María trabajó dos turnos para mantenerse y ayudar a su familia.
María no es una criminal. Es una joven ejemplar, totalmente adaptada a su comunidad y en camino a convertirse, por mérito propio y gracias a un esfuerzo personal que la economía y sociedad estadounidense no suelen exigir a la mayoría de estudiantes blancos, en una profesional.
A María y a su madre, Myrna Aracely García Cabrera, la policía migratoria estadounidense (ICE) las detuvo en Baltimore el 5 de noviembre, mientras ambas asistían a un chequeo rutinario que manda la ley en casos como los de ellas, migrantes con permisos de trabajo, beneficiadas por una orden judicial que prohíbe su deportación al país de origen mientras las autoridades resuelven sus peticiones de asilo. Ni María ni Myrna tienen récord criminal alguno.
Cuando el gobierno de Donald Trump desató el terror de sus políticas migratorias, dirigidas sobre todo a los migrantes latinos y los africanos, dijo una cosa que también habían dicho sus contrapartes demócratas antes, incluido Barack Obama: que el principal objetivo en sus campañas de deportaciones masivas eran los criminales violentos, violadores, narcotraficantes y etcétera.
En el caso de Trump fue mentira desde el primer día. Las cifras, dos años después de su segunda llegada a la Casa Blanca en 2025, explican que las principales víctimas de este terror son personas como María y su madre, migrantes que tienen permiso legal para permanecer en Estados Unidos y que nunca han cometido un crimen. De acuerdo con investigaciones hechas por medios estadounidenses como CBS, solo el 6% de los deportados había sido condenados por crímenes violentos y uno de cada cinco tenía algún tipo de antecedente penal.
Ante la claridad de estos números, Trump, sus acólitos y defensores, incluidos influencers y opinadores latinos, acuden a una falacia al argumentar que personas como María y su madre sí cometieron delitos al ingresar sin autorización a Estados Unidos. A ver:
Ingresar a territorio estadounidense por primera vez sin un permiso válido, como una visa, es un delito menor castigado con una multa o hasta seis meses de prisión según la sección 1325 del título 8 del código penal de los Estados Unidos. En 2016, cuando María y su madre ingresaron por Texas, estaban en vigencia medidas que les permitieron ingresar y permanecer en el país mientras el sistema migratorio resolvía sus peticiones de asilo.
En 2021, un juez migratorio de Baltimore les otorgó protección a ambas bajo la Convención contra la Tortura, que permite a las cortes estadounidenses congelar deportaciones mientras deciden si los beneficiarios pueden sufrir torturas o encontrar la muerte en sus países de origen. Las autoridades no apelaron la decisión. Ambas mujeres tienen permisos vigentes de trabajo. A pesar de todo eso, ICE las capturó en Maryland, las envió a una cárcel en Luisiana, a 2,000 kilómetros de su hogar.
Es decir, a pesar del delito menor que María y su madre cometieron en 2016 al ingresar sin papeles, las mismas leyes estadounidenses, gracias a una orden judicial, las han protegido de la deportación a su país de origen, El Salvador. En 2025, la administración Trump, para saltearse las protecciones ya otorgadas, empezó a deportar a solicitantes de asilo a terceros países gracias a convenios bilaterales, y esa es la amenaza de ICE ahora: enviarlas a México, donde ellas no conocen a nadie.
“María y su madre hicieron todo lo que el gobierno les pidió… María llegó a las citas con ICE, María trabajó, se graduó la primera de su clase y empezó sus estudios universitarios. Ambas tenían una orden judicial que las protegía de que las deportaran a El Salvador. Aun así, el gobierno las detuvo… y planea enviarlas a México… sin permitir que un juez escuché por qué ellas tienen miedo de ir ahí. Eso es exactamente lo que se supone debe prevenir el debido proceso…”, dijo en un comunicado Justice Hayes, abogado de las mujeres. Hayes es parte de la firma Murray Osorio, que también representa al salvadoreño Kílmar Ábrego, cuya deportación de Maryland han querido forzar, hasta ahora sin éxito, las administraciones de Trump en Washington y la de Nayib Bukele en El Salvador.
Como el caso de María José Flores García hay decenas, sino cientos, víctimas de una política migratoria racista que identifica, en las poblaciones de origen latinoamericano, amenazas inexistentes, siguiendo los manuales de otros regímenes xenófobos en el pasado que, en el centro de sus ideologías, pusieron el odio a los extranjeros de otras razas y colores. María, como todos los demás, han vivido la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos; este es su país aunque no hayan nacido aquí. Y María, además, ha sido la mejor de su clase, el ejemplo a seguir.
“Hoy quiero hablarles de determinación y perseverancia… A los 9 años, como muchos otros niños, me enfrenté al reto de empezar de nuevo. Era la niña nueva, que luchaba por entender las palabras, y tenía que esperar a que alguien me tradujera aun las instrucciones más simples”, recordó María con la voz quebrada cuando dio el discurso de graduación, para lo que la secundaria Parksdale la había escogido por ser ella la mejor de la clase. También dijo esto a sus compañeros: “El éxito no es para quienes no tienen miedo o son perfectos, el éxito es para quienes siguen caminando a pesar de los obstáculos y el miedo.”
Cuando las detuvieron, los agentes de ICE preguntaron a María si quería irse o quedarse con su madre. María se quedó y tradujo. Luego las arrestaron.
El caso de María Flores García ha llamado la atención de medios locales estadounidenses porque hubo quienes hablaron por ella, como su novio y su mejor amiga, migrantes también, quienes vencieron el miedo para contar lo que había pasado.
También se pronunció Wes Moore, el gobernador de Maryland, quien cuestionó el procedimiento de ICE y aseguró que María “debería de estar hoy en su casa”. Poco más. Moore se miembro del Partido Demócrata, el cual, a pesar de declaraciones tímidas cuando se conocen casos como este, poco capital político ha invertido para detener los abusos de la administración Trump en asuntos migratorios.
En El Salvador, su país de origen, tampoco se habla de María José Flores García. En general, el migratorio es un tema por el que los gobiernos centroamericanos, la mayoría firmantes de pactos políticos que incentivan las deportaciones desde Estados Unidos, pasan de largo.
Por María José Flores García se indignan quienes, como ella, han seguido caminando en un país hostil “a pesar de los obstáculos y el miedo”. María y su madre fueron liberadas este miércoles 18 gracias, en parte, al valor de quienes hablaron por ellas. Van de regreso a Maryland, libres, pero, como miles, aún pesan sobre ellas los abusos del trumpismo.
ESCRIBE
Héctor Silva Ávalos
Periodista salvadoreño. Ha trabajado desde 1994 como editor, reportero e investigador en varios medios y centros de investigación latinoamericanos como La Prensa Gráfica de El Salvador, Prensa Comunitaria de Guatemala e Infobae en Argentina. Se ha especializado en temas como crimen organizado transnacional, corrupción política y cobertura en zonas de conflicto. Estudió periodismo en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", de El Salvador, y en la Universidad de Barcelona. Fue investigador asociado en American University y en la Fundación InSight Crime y fellow en la Universidad de Misuri. En 2014 publicó el libro "Infiltrados", sobre la corrupción de la policía en su país.