El proceso de calidad de la atención médica es un tema no resuelto que perjudica a pacientes y personal de salud. La estructura piramidal militar que tiene el sistema de salud de Nicaragua, herencia de los años ochenta, facilita el control de la práctica médica y la buena atención de pacientes. Pero los gobiernos han visto al Ministerio de Salud (Minsa) como una institución de beneficencia con réditos políticos.
El caso reciente del doctor Livang Clifford Argüello Molina por una complicación médica –en un procedimiento estético– demuestra una vez más la decadencia en la calidad de la atención a pacientes. Es evidente que el consentimiento informado, como parte de la relación médico paciente en ese caso, no se hizo correctamente. En el banquillo de los acusados han pasado varios médicos para rendir cuentas de las complicaciones médicas. Cuando había libertad en Nicaragua, el gremio médico protestaba.
La desconfiguración de la auditoría médica inició en el 2008, cuando el Frente Sandinista la usó como arma en contra de los médicos, con el objetivo de disipar cualquier levantamiento social profesional, tal como ocurrió en las huelgas médicas prosalarios en el gobierno de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños. Se dejó de aplicar la norma del expediente clínico, la evaluación de la auditoría de la calidad en la atención y la ley general de salud para determinar las responsabilidades del personal de salud en la atención de pacientes con complicaciones médicas.
Hasta el día de hoy no se toma en cuenta la responsabilidad que tiene el paciente en el proceso salud enfermedad.
Se juzgó a los médicos en el mismo nivel de un roba celular, que mata por alcanzar su objetivo. Así la herida de cesárea se convirtió en “cicatriz permanente y visible”. El bisturí en “arma corto punzante”, y la muerte por una complicación médica “en homicidio imprudente”. Los médicos acusados en los juzgados fueron señalados de “dolo”… Es decir, se dijo que las complicaciones médicas eran un acto deliberado para cometer un delito y causar daño en plena conciencia de la acción u omisión.
Un caso mediático en el 2010, que terminó con una doctora privada de libertad por un año, marcó un parteaguas en las acusaciones a los médicos. Hasta esa fecha se acusaba a médicos del sistema público, previsional y privado, a todos por igual. Sin embargo, las asociaciones médicas presionaron por la creación del Colegio Médico. Se sumó la negativa de poner en libertad a la anestesióloga, y el rechazo de las autoridades superiores del Minsa para asumir las responsabilidades administrativas, la lucha gremial se tornó con matices políticos.
El Nuevo Diario publicó una nota en la que los médicos expresaron que darían a conocer una lista de las complicaciones y muertes de pacientes en procedimientos médicos que sucedían en las brigadas de salud de los doctores que integraban el Movimiento Médico Sandinista. El resultado: la anestesióloga salió de la cárcel y, a partir de ese momento, las acusaciones a médicos fueron más selectivas, dirigidas a los que trabajan en el área privada.
Las complicaciones médicas son eventos no deseados, que pueden presentarse en cualquier momento de la atención. Muchas veces son detectadas a tiempo y, otras veces, pasan de forma inadvertida. En toda atención médica y quirúrgica (operación) existe la posibilidad de sufrir daños a la salud, que pueden provocar incapacidad y llevar hasta la muerte.
Jueces y abogados se debaten en acalorados litigios de temas médicos que no conocen. Fortalecen a juzgar al médico como delincuente y al paciente lo convierten en víctima. ¿El resultado?: más deterioro de la calidad de la atención, prolongando las acciones que mejoren la calidad de la atención a pacientes, y que protejan al personal de salud. Médicos, personal de salud y los pacientes son un binomio que no se debe tomar por separado. Si se va a privar de la libertad a cada doctor por cada complicación médica, en un mes, todos los médicos estarían presos, por eventos naturales consecuentes al proceso salud enfermedad.
En este momento pacientes y médicos están desprotegidos jurídica y normativamente en Nicaragua. En la evaluación de la auditoría de la calidad de la atención, la actual política nacional de salud no está dirigida a solucionar este problema. Para resolver este deterioro, obligatoriamente necesitamos una Nicaragua en libertad, para actuar conforme a los protocolos médicos establecidos, la ética médica, la responsabilidad de los pacientes y la correcta elaboración del consentimiento informado, base ancestral del éxito de la salud sobre la enfermedad.
La ausencia del Colegio Médico agrava los procesos de evaluación. ¿Qué sucederá con el más reciente médico acusado? Dependerá del mensaje político que decida enviar la dictadura Ortega-Murillo a los médicos que trabajan fuera del sistema de salud público, y sobre todo, a los de práctica privada.
Los vacíos legales en muchas atenciones médicas son otra fuente de potenciales casos que terminan con doctores siendo llevados a juicio. Las Técnicas de Reproducción Asistida, las cirugías fetales, los trasplantes de órganos, la aplicación de células madre, son algunos de los temas en los que los pacientes y el personal de salud caminan sobre el filo del bisturí, hoy convertido en arma corto punzante.
ESCRIBE
José Antonio Delgado A
Especialista en Ginecología y Obstetricia. Master en Salud Pública. Comunicador en salud. Exiliado, con la visión puesta en Nicaragua, para reconstruirla muy pronto.