El Ministerio Público de Costa Rica tiene la facultad de solicitar una alerta roja de Interpol contra el periodista nicaragüense Danilo Aguirre, uno de los principales sospechosos de participar en el atentado contra el activista Joao Maldonado y su pareja Nadia Robleto, ocurrido en enero de 2024. Así lo confirmó a DIVERGENTES el abogado penalista costarricense René Ramos.
“Es perfectamente posible. Le corresponde al Ministerio Público. Para eso no se requiere necesariamente tenerlo ya acusado con una imputación directa. Es una ordenación que puede hacer el Ministerio Público”, afirmó Ramos sobre la posibilidad de activar una alerta a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de Costa Rica confirmó a DIVERGENTES que hasta el viernes 27 de junio de 2025, tres personas —de las ocho señaladas como sospechosas por el OIJ—, figuran como imputadas en el expediente 24-000055-0053-PE por el intento de asesinato del activista nicaragüense Maldonado y su esposa Robleto.
Se trata de los costarricenses Jeremy Rivas Núñez, Saymon García Zamora y el nicaragüense Eduardo Vargas Reyes, quien conducía uno de los vehículos que participaron en la persecución en contra de las víctimas.
En el caso de Aguirre y otros cuatro sospechosos más vinculados al caso de acuerdo a las investigaciones del OIJ, estos siguen bajo análisis del Ministerio Público, sin que a la fecha de esta publicación, hayan sido imputados.
Según información oficial de Interpol, las alertas rojas son notificaciones internacionales que permiten localizar y detener provisionalmente a personas buscadas por la justicia de un país, con fines de extradición.
Aunque no constituyen órdenes de captura en sí mismas, facilitan que las autoridades policiales de los 196 países miembros de Interpol identifiquen y detengan a sospechosos que se desplacen fuera de sus fronteras. En este caso, la alerta para Aguirre podría ser solicitada por el Ministerio Público de Costa Rica.
Nicaragua no permite la extradición
El subdirector de OIJ, Michael Soto, reconoció al medio CR Hoy que Nicaragua no permite la extradición de sus nacionales, lo que complica la posibilidad que el periodista nicaragüense enfrente la justicia tica si permanece en su nación de origen.
En ese sentido, el jurista costarricense considera que emitir una alerta internacional es una herramienta válida y útil, ya que permitiría detener al sospechoso, si acaso pretende viajar a otro país.
De acuerdo con el experto en materia penal, aunque Aguirre fue mencionado en el expediente investigativo del OIJ, corresponde ahora al Ministerio Público valorar si existen los elementos necesarios para abrir un proceso penal formal en su contra.
“Es la Fiscalía que, con esa información que tiene de la investigación, determina qué delito acusar, si hay un delito a acusar y a quiénes eventualmente acusar”, explicó.
La Fiscalía confirmó que los tres acusados cumplen actualmente medidas cautelares. Sin embargo, Aguirre, a quien el OIJ señala como responsable de haber “marcado” a Maldonado y facilitar su vigilancia antes del ataque, continúa en libertad en su país de origen y sin una alerta roja de Interpol.
El 4 de junio de 2025, medios nicaragüenses como Café con Voz, reportaron que Aguirre Sequeira se movilizaba con toda normalidad por Nicaragua. Fue captado por las cámaras de la televisora TN8 —propiedad de Juan Carlos Ortega, hijo de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo— cuando se presentó al sitio en que se dio un accidente vehicular que involucraba a su tía, Alba Luz Aguirre.
¿Por qué Aguirre no ha sido acusado, ni requerido?
En declaraciones al Diario Extra, el director del OIJ, Randall Zúniga, confirmó que de momento no existe una alerta internacional activa para la detención de Aguirre, ni se ha sostenido comunicación con las autoridades nicaragüenses sobre este caso.
Por su parte, la Fiscalía costarricense no ha brindado explicación pública sobre por qué el periodista nicaragüense, pese a estar señalado por el organismo judicial, no figura como imputado, ni enfrenta ninguna medida restrictiva. Según Ramos, eso es una facultad discrecional de los fiscales.
“El fiscal a cargo del proceso es el que determina a quiénes eventualmente decide mantener en el proceso en la segunda etapa (preparatoria de la acusación)”, dijo Ramos.
Para el experto en derecho, que el comunicador no se haya presentado ante las autoridades costarricenses, pese a que en octubre de 2024 fue consultado por medios independientes nicaragüenses sobre su implicación con el atentado en contra de Maldonado y dijo que “se trataba de una confusión”, genera suspicacias de su presunta inocencia.
“Uno podría presumir que obviamente esta persona está implicada en esos hechos que se investigan y están denunciados preliminarmente. Si él quisiera aclarar su situación jurídica, puede personarse de mutuo propio al Ministerio Público y solicitar incluso ser indagado. Si no lo ha hecho, ha de presumirse —o por lo menos uno podría sospechar— que está involucrado en el tema”, opinó Ramos.
El rol de la alerta roja de Interpol
Ante la imposibilidad de extraditar a ciudadanos nicaragüenses —como lo ha admitido el subdirector del OIJ, Michael Soto—, la emisión de una alerta roja de Interpol se perfila como la vía más viable que el Ministerio Público podría activar para avanzar en el caso.
Para el jurista Ramos, más allá del trámite legal, la alerta roja tendría un efecto concreto en la protección de los exiliados nicaragüenses en Costa Rica y otras partes del mundo.
“A la comunidad migrante y exiliada le daría alguna expectativa de seguridad. Porque habría la posibilidad de que quienes han sido señalados preliminarmente en la comisión de delitos tan graves, sean detenidos si se trasladan a otros países”, señaló.
Tres ticos detenidos, pero solo dos acusados
Aunque el costarricense Jeycol Eduardo García Cubillo figura en la investigación del OIJ como uno de los ocho sospechosos involucrados en el atentado contra Joao Maldonado, su nombre no aparece entre los tres imputados confirmados por la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos.
Según el expediente judicial, García Cubillo fue el encargado de recoger al sicario en Alajuelita minutos después del ataque, a bordo de un Hyundai Accent blanco sin placas. Fue captado por cámaras de seguridad y detenido en enero de 2024. Es originario de Hatillo 8, San José, y cuenta con antecedentes por robo agravado.
El abogado penalista explicó que este tipo de exclusiones son posibles durante la transición entre la etapa de investigación y la preparación de la acusación formal. La fuente también explicó que si la persona fue detenida, investigada y no se le formularon cargos tras varios meses, es muy probable que la Fiscalía haya optado por excluirla de la etapa acusatoria.
“Yo no podría presumir con certeza, pero si no figura con medidas, ni aparece en el listado de imputados, puede entenderse que no pasó a la etapa de acusación”, concluyó.
¿Y la cooperación de Nicaragua?
Aunque las tensiones diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua obstaculizan la justicia transfronteriza, ambos países han colaborado en casos ajenos a la política. En los últimos años, Nicaragua ha entregado a personas requeridas por la justicia costarricense, incluyendo menores acusados por delitos graves y sospechosos de homicidio.
Uno de los casos más notorios ocurrió en abril de 2022, cuando las autoridades nicaragüenses entregaron a Luis Gabriel Mendoza Zúñiga, dueño del bar Infinity Club en Heredia, donde asesinaron a dos primos. Mendoza había huido a Nicaragua tras el crimen, pero las autoridades lo localizaron y, tras varios meses de gestiones, lo trasladaron a Costa Rica. Un video publicado por Diario Extra documentó el momento en que agentes de Interpol Costa Rica lo recibieron en la frontera de Peñas Blancas.
Otro antecedente más reciente es el menor sospechoso del femicidio de Amaly Rodríguez, una joven asesinada el 5 abril de 2025. La Policía nicaragüense detuvo al adolescente el 14 de ese mismo mes, y luego lo entregó a Costa Rica, donde enfrenta cargos por femicidio.
Según reportes de CR Hoy, las autoridades costarricenses lo recibieron bajo un fuerte dispositivo de seguridad y lo enviaron a prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.
Seguridad para exiliados
Aunque estos casos no involucran motivaciones políticas y ocurrieron bajo esquemas de cooperación más fluidos, demuestran que el canal judicial entre ambos países no está del todo cerrado.
Para el abogado penalista René Ramos, una alerta roja contra Danilo Aguirre tiene sentido tanto desde lo procesal como desde lo preventivo, aunque su efectividad dependerá del contexto diplomático y la voluntad política del régimen Ortega-Murillo.
En el contexto de ataques sistemáticos contra opositores exiliados, como el caso de Joao Maldonado —víctima sobreviviente de dos atentados en suelo costarricense en 2021 y 2024— y el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam el 19 de junio de 2025 en ese mismo país, emitir alertas internacionales no solo busca justicia, sino que procura mayor seguridad para quienes huyen de la represión en Nicaragua y se encuentran refugiados en naciones como Costa Rica, Estados Unidos y España.