Uziel de Jesús Pineda tenía 29 años cuando murió el 7 de abril de 2026, tres días antes de que El Faro publicara su historia. Uriel murió de insuficiencia renal, la misma enfermedad que casi lo mata cuando fue detenido durante las primeras semanas del régimen de excepción salvadoreño que suspendió las garantías individuales, en 2022. Uziel murió fuera de las bartolinas, pero no fuera del régimen: el mismo día en que murió debía presentarse en un juzgado de San Miguel a firmar como condición de su libertad. 

La pregunta que su historia impone es simple y brutal: ¿qué servicio de salud le ofreció el Estado salvadoreño durante los casi cuatro años transcurridos entre su detención y su muerte?

Para responder, hay que empezar por la evidencia.

Uziel vivía en la Isla Espíritu Santo, en Usulután, una comunidad de pescadores donde, según reportó en su momento también El Faro, no había presencia de pandillas. Pero sí había otra cosa: una de las tasas más altas de enfermedad renal crónica del país.

La insuficiencia renal ocurre cuando los riñones dejan de funcionar correctamente y no pueden filtrar bien los desechos ni el exceso de líquidos de la sangre. Como resultado, estas sustancias se acumulan en el cuerpo causando enormes desequilibros. Los síntomas más comunes incluyen muchísimo cansancio, picazón en la piel e hinchazón en las piernas o los tobillos. También presión arterial alta, anemia y pérdida de calcio. En los casos más avanzados, puede ser necesario recurrir a tratamientos como la diálisis o un trasplante de riñón.

La enfermedad renal crónica presenta tasas de mortalidad excepcionalmente altas en El Salvador. Desde hace más de una década, es una de las principales causas de muerte especialmente en las zonas rurales del Bajo Lempa y la franja costera. La combinación de pesticidas, deshidratación crónica y agua contaminada ha producido lo que desde la epidemiología se considera como una epidemia ambiental.  

Fue precisamente El Salvador el que, junto a otros países centroamericanos, lideró el reconocimiento de la Enfermedad Renal Crónica de Causas No Tradicionales como una epidemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Además impulsó la Declaración de San Salvador en 2013. A diferencia de la ERC tradicional, esta variante afecta principalmente a personas jóvenes y dedicadas a la agricultura, vinculándose a causas ambientales y laborales como deshidratación, estrés térmico y agroquímicos. En 2019, la OPS colocaba al país en el primer lugar de América Latina respecto a años de vida perdidos por esta enfermedad, y en el segundo lugar en incidencia mortal.

El sistema de salud no está preparado para responder. Datos del Ministerio de Salud estiman que el país cuenta con apenas 70 nefrólogos para atender a unas 52.000 personas con enfermedad renal: más de 700 pacientes por cada especialista.

En ese contexto, la condición médica de Uziel no era menor. Era una enfermedad que requería atención continua, acceso regular a diálisis y seguimiento especializado.

Cuando el régimen de excepción fue decretado en marzo de 2022, suspendió garantías constitucionales y facilitó detenciones masivas. Lo que no suspendió ni podía suspender fue la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud de las personas bajo su custodia.

El estándar internacional es claro: las personas privadas de libertad deben recibir atención médica equivalente a la disponible fuera de prisión.

En el caso de Uziel, eso significaba acceso a nefrólogos, diálisis y tratamiento continuo.

Nada de eso parece haber ocurrido.

El reportaje de El Faro relata que, tras un mes en bartolinas, Uziel fue trasladado al hospital San Pedro de Usulután en estado crítico. Un juez decidió no enviarlo a prisión, presumiblemente por la gravedad de su condición.

Ese detalle dice mucho. Esta decisión judicial fue el reconocimiento implícito de que el sistema penitenciario salvadoreño no estaba en condiciones de tratar a un paciente renal.

Pero… Uziel fue liberado bajo medidas sustitutivas. Cada quince días debía viajar tres horas hasta San Miguel para firmar. Y ahí comenzó otra forma de abandono y de castigo para alguien con su condición de salud y escasos recursos. Esa firma quincenal supuso costoso transporte, horas de traslado y desgaste físico. 

El Estado no solo no garantizó su tratamiento sino que impuso condiciones que lo hacían aún más difícil.

En 2024, el gobierno salvadoreño anunció un plan estratégico para abordar la enfermedad renal crónica. El documento reconoce el problema y propone acciones. Pero entre el reconocimiento y la respuesta hay una brecha que se mide en vidas. La historia de Uziel muestra esa brecha con claridad. 

Muestra también un Estado capaz de desplegar una maquinaria de control territorial, vigilancia y detención a gran escala, pero incapaz de asegurar tratamientos básicos para enfermedades que matan de forma lenta y previsible. 

En El Salvador de hoy, el aparato estatal ha demostrado una notable eficacia para vigilar, detener y procesar. Sin embargo, esa misma capacidad no aparece cuando se trata de garantizar condiciones mínimas para sostener la vida.

Uziel murió el día en que debía presentarse a firmar. Un Estado que está en capacidad de exigir esa firma cada quince días pero no es capaz de garantizar el cuidado adecuado de una persona con insuficiencia renal, no es simplemente un Estado con fallas sino un Estado que ha definido sus prioridades… ¿qué si no es el oficio de gobernar sino sostener una cosas y dejar caer otras?