8 de marzo, 2022
El movimiento de mujeres es una de las fuerzas sociales más antiguas de Nicaragua. Desde mediados del siglo XX, las mujeres comenzaron a hacerse escuchar en una sociedad machista. Han logrado ciertas reivindicaciones, pero sus posturas críticas les ha costado enemigos de peso, como sucedió claramente tras la denuncia de abuso sexual de Zoilamérica Ortega-Murillo. Daniel Ortega y Rosario Murillo declararon la guerra al feminismo y hasta el día de hoy esa animadversión persiste con persecución y cárcel.
Los orígenes del movimiento de mujeres en Nicaragua se remontan a inicios del siglo XX.
Las principales reivindicaciones de entonces se referían a la educación, los servicios de caridad y el rol reproductivo.
Su principal exponente fue la maestra Josefa Toledo de Aguerri.
Las mujeres estuvieron excluidas de los partidos políticos hasta mediados del siglo XX, es por esto que el movimiento incorporó la participación política como uno de sus objetivos y demandaban su derecho al voto.
Entre las décadas de los años cincuenta y setenta, surgió un nuevo grupo llamadas “Las primeras”, por ser las primeras en tener acceso a la educación, a ocupar cargos públicos y políticos. La mayoría de estas mujeres estaban vinculadas con el Partido Liberal de la dinastía de Somoza y conformaron el Ala Femenina.
Durante la segunda mitad de la década de los setenta, las mujeres se integraron a la lucha para derrocar a la dictadura de los Somoza y para impulsar una campaña por la liberación de los presos y de las presas de la dictadura.
Realizaron diferentes tareas que iban desde las acciones armadas hasta el apoyo logístico como secretarias, mensajeras, entre otras ocupaciones. Muchas de ellas estaban organizadas en la Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional (Ampronac). Eran mujeres de clase media y otras de sectores populares. Muchas de ellas pertenecían a organizaciones cristianas con un fuerte compromiso por los derechos humanos.
Tenía estructuras muy horizontales y no contaba con una dirección única. Jugó un papel importante también en la conciencia nacional y en la denuncia a nivel internacional. En pleno toque de queda Ampronac convocó a las mujeres a marchar por la liberación de los presos y presas de la dictadura somocista.
En la legislación y las políticas el proceso revolucionario expandió los derechos de las mujeres en el ámbito familiar y laboral a partir de su incorporación a la defensa y la producción, aunque pronto se generaron conflictos entre las “identidades oficiales” de la mujer revolucionaria y aquellas emergentes.
Con el triunfo de la revolución sandinista en el setenta y nueve, el Frente Sandinista orienta a sus militantes a cooptar Ampronac y convertirla en la Asociación de Mujeres Luisa Amanda Espinoza (Amnlae), más tarde pasaría a ser el ala femenina del FSLN.
En plena Revolución se crea el Partido de la Izquierda Erótica (con Gioconda Belli, Sofía Montenegro y Alba Palacios en sus filas) lo que trajo un conflicto con el FSLN.
A partir de un encuentro feminista en México se impulsó la necesidad de la representación de las mujeres en las estructuras y la política sandinista, por lo que se plantea a Bayardo Arce, de la dirección del Frente, la necesidad de mayor autonomía. Arce propone posponer ese análisis y cambio para después de las elecciones de 1990.
A mediados de los ochenta aparecen unas secretarías de mujeres en las estructuras sindicales más beligerantes e independientes, y se produce el reconocimiento de derechos femeninos en la Constitución (1987). Para finales de la década surgen las primeras organizaciones de mujeres de sesgo autónomo, integradas por militantes desencantadas con la ejecución del FSLN pero que se consideraban revolucionarias
María Teresa Blandón
En 1990 se produce la primera gran ruptura de mujeres con Amnlae, que se coronó en marzo del siguiente año con la primera movilización autónoma de mujeres conocida como la Feria del cincuenta y dos por ciento. Dicho foro representó la declaración de independencia del movimiento feminista, emergiendo ocho redes conformadas por unos 250 colectivos, la mayoría de los cuales rechazó formas de coordinación estructuradas frente a una importante minoría que abogaba por más centralización.
En febrero de 1992 el nuevo Movimiento Autónomo de Mujeres convoca al Primer Encuentro de Mujeres Unidas en Diversidad, reuniendo unas 800 participantes en el marco de una búsqueda colectiva de identidad y autonomía de las mujeres organizadas respecto al Estado y los partidos.
Otros movimientos importantes que se conformaron fueron el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Asociación de Mujeres Indígenas de la Costa Atlántica (AMICA) y el Movimiento Nidia White, entre muchos otros más.
En 1993 se instala la primera Comisaría de la Mujer y la Niñez.
Zoilamérica Narváez hija de Rosario Murillo decide romper el silencio en 1998 y denunciar a su padrastro Daniel Ortega de haber abusado de ella durante varios años en su niñez y adolescencia. La denuncia fue un parteaguas importante dentro del movimiento feminista y a su vez, posiciona a los movimientos de mujeres como adversarias del FSLN.
Durante la gestión del expresidente Enrique Bolaños no se registraron avances en materia legislativa, aunque sí se recuperó el clima apropiado para la participación ciudadana. Muestra de ello es que a finales de este periodo se aprobó la Ley de Participación Ciudadana que sigue vigente. Sin embargo, aunque no existía un ambiente hostil ni discursos estigmatizantes hacia las organizaciones de mujeres, la agenda de las mujeres no era prioridad o fue atendida de manera parcial. También fue un gobierno muy conservador.
Dieciséis años atrás Nicaragua penalizó el aborto en cualquier circunstancia. Un artículo del Código Penal de 1837 fue eliminado en medio de una campaña electoral con ayuda del FSLN y los sectores ultra conservadores. El resultado: un país de niñas con maternidades impuestas por violación, y mortalidad materna por embarazos de alto riesgo. No hay esperanzas de una despenalización del aborto, mientras las mujeres siguen en riesgo realizándose procedimientos inseguros y profesionales de la salud son criminalizados.
En el año 2003, el movimiento de mujeres logró que Rosita, una niña de 9 años embarazada a causa de una violación accediera a un aborto para salvar su vida a pesar de la oposición del gobierno y los fundamentalistas religiosos.
Pero la persecución política al movimiento de mujeres regresó con el triunfo de Ortega.
Una organización de la iglesia católica presentó una denuncia contra 9 mujeres líderes del movimiento. Se les acusaba de haber violado la ley y haber practicado un aborto ilegal en el 2003, a la niña del caso Rosita. El repudio nacional e internacional hizo que el proceso no continuara.
Entre los meses de septiembre y octubre del año 2008, el Movimiento Autónomo de Mujeres y el Grupo Venancia fueron acusados por el gobierno de lavar dinero y promover el aborto. Las acciones judiciales fueron conducidas a través del Ministerio de Gobernación y la Fiscalía.
La Fiscalía allanó las oficinas del MAM secuestrando documentación de la organización. Esa acción produjo un enorme rechazo y una campaña de denuncia nacional e internacional. La respuesta de la sociedad nicaragüense y de las diferentes expresiones del movimiento de mujeres a nivel internacional no se hizo esperar, de tal manera que varios meses después el gobierno tuvo que desistir de sus intenciones y cerrar la investigación.
Sin embargo, tanto en el caso de las nueve mujeres acusadas por el caso Rosita como en el caso del MAM, las instituciones del gobierno han dejado abiertas puertas legales para reabrir los casos si así le conviniera políticamente.
Fruto de las luchas de los movimientos de mujeres la iniciativa de Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional el 22 de junio de 2012, la que entró en vigencia un mes después. Fue reformada tres veces, para, entre otras cosas, incluir en ella la figura de la mediación. Hasta la fecha, de acuerdo a las organizaciones de mujeres y feministas, la Ley 779 no ha sido puesta en práctica.
Las Comisarías de la Mujer desaparecen en el 2016. De acuerdo con la Ley 779, en la atención de las comisarías deben estar involucrados, la Procuraduría de la Mujer, Ministerio de la Mujer, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional. El cierre de las comisarías durante cuatro años es uno más de los incumplimientos del gobierno sandinista. Además de obligar a las mujeres a mediar con sus agresores.
Las mujeres campesinas lucharon durante 12 años por la aprobación de la Ley Creadora del Fondo para Compra de Tierras con Equidad de Género para mujeres rurales, Ley 717, y para que el Estado asignara un fondo del presupuesto general de la República a dicha Ley (2005-2017). En el año 2017 hicieron el último intento de tocar las puertas del Gobierno sandinista pero nunca obtuvieron respuesta. El fondo para la compra de tierras nunca se materializó pese a las promesas políticas del Frente Sandinista, ya en el poder. Las mujeres rurales contaron con el apoyo de diversas organizaciones internacionales que a través de proyectos pudieron avanzar por cuenta propia hacia su empoderamiento y sostenibilidad.
En el período de 2007 al 2017, el Frente Sandinista, su dirigencia y la de los propios poderes del Estado bajo el control del Frente Sandinista, inician acciones con las que declaran a los movimientos feministas y de mujeres como adversarios políticos. Se comienzan a difundir discursos ofensivos descalificadores y estigmatizantes hacia las organizaciones feministas. Se prohíbe a todas las instituciones del Estado cualquier tipo de diálogo, de interacción con la organizaciones feministas y se inicia una estrategia, para impedir que las ONG internacionales apoyaran financieramente a las organizaciones feministas.
A partir de abril de 2018 y el estallido de una profunda crisis social, política y económica, que continúa vigente, se profundizó el nivel de hostilidad por parte del Estado, hacia todos los movimientos sociales, incluyendo el movimiento feminista.
El régimen definió su discurso en el que todo el que denuncia una violación de derechos humanos es considerado como un “golpista o delincuente, como un terrorista, que está atentando contra la paz y contra la nación”. El régimen aprovechó para hacer desaparecer por la fuerza coercitiva y por leyes espurias también al movimiento feminista.
El estallido de abril también puso en la palestra pública nuevamente la demanda de participación ciudadana y política de las mujeres. Emergieron algunos movimientos feministas y muchas jóvenes comenzaron a organizarse en estos movimientos a partir de 2018.
Si bien las marchas organizadas por los movimientos de mujeres siempre habían sido bloqueadas, a partir de 2018 el régimen suspende de facto el derecho a la libertad de organización y movilización.
Actualmente, 14 mujeres son presas políticas del régimen Ortega Murillo. Son feministas, activistas, defensoras de derechos humanos y militantes políticas.
María Teresa Blandón, feminista y socióloga
La ofensiva más reciente de la dictadura de Ortega y Murillo ha sido la cancelación de la personería jurídica de múltiples organizaciones de la sociedad civil incluyendo organizaciones feministas y de mujeres, y a su vez organizaciones internacionales que financiaban proyectos de estas organizaciones, dejándolas en total indefensión.
FUENTES: