La exguerrillera torturada en ‘El Chipote’

Después de estar clandestina desde las protestas de 2018, cuando fue objetivo del Frente Sandinista, Dora María Téllez decidió que ya no iba a esconderse más. El 13 de junio de este año, día que la Policía montó un operativo parecido a los de las series de narcotraficantes, con drones y varios policías rodeando su casa, sabía que la iban a apresar.

Dora, quien este domingo 21 de noviembre cumplió 66 años de edad. Es una exguerrillera sandinista que se volvió disidente del Frente Sandinista en 1995 y fundó el Movimiento Renovador Sandinista. En 1978 participó en el asalto al congreso nacional, una acción guerrillera conocida como “Operación Chanchera”, para liberar a varios cuadros del hasta entonces movimiento sandinista contra la dictadura de Somoza. El escritor Gabriel García Márquez, que escribió la crónica de la gesta, dijo sobre ella que era una “muchacha tan bella, tímida y absorta, con una inteligencia y un buen juicio que le habrían servido para cualquier cosa grande en la vida”. 

Estudió tres años de Medicina y en la década de los ochenta fue “comandante guerrillera” y vicepresidenta del consejo de Estado, ministra de salud y diputada. 

Desde su detención en El Chipote ha bajado más de 12 libras de peso. Al principio la tenían en una celda de castigo, completamente cerrada y sin tomar sol, luego la trasladaron a una con barrotes, desde donde puede ver a otras de las encarceladas, aunque les prohíben hablar entre ellas. No se ha podido reunir con sus abogados. En estos meses lo único que ha solicitado es una rodillera y vitamina C. 

Al igual que las demás presas, Dora María está aislada, sufriendo frío, durmiendo sobre concreto y está siendo interrogada varias veces al día. El pasado siete de noviembre, día de las elecciones sin competencia que se adjudicó el régimen, en los pasillos de la cárcel sonaron música sandinista: “El gallo ennavajado” y “El Comandante se queda”, que son propaganda del caudillo Daniel Ortega. Dora solo sonrió silenciosamente, con esa sorna tan intrínseca en su forma de ser.

Sin esperanzas en ‘La Esperanza’

El cuerpo de Karla Vanessa Escobar Maldonado ha presentado síntomas de cansancio. Su pelo se cae poco a poco producto del estrés al que está sometida en el Sistema Penitenciario ‘La Esperanza’, donde se encuentra recluida desde mayo de 2020, después de ser capturada, enjuiciada y sentenciada por el delito de tráfico de drogas y armas. “Pero está firme en sus convicciones”, dijo su hermana Maritza Escobar.

Karla, originaria de Masaya, ha tenido dos procesos. El primero fue el tres de enero de 2019. En esa ocasión la dictadura la tuvo en prisión casi tres meses y no le imputó ningún cargo. Tampoco la presentó ante el juez. La segunda fue el 30 de abril de 2020, luego de que la Policía realizó un operativo de captura.

El abogado Julio Montenegro, quien llevó su caso, explicó que la mujer de 38 años fue detenida mientras realizaba labores de jardinería en su casa. Sin embargo, la acusación del Ministerio Público señaló que la habían encontrado traficando drogas y armas. Completamente incoherente.

La mujer ha tenido cuadros de depresión porque cree que su caso se enfrió y su liberación es cada día más larga. Las autoridades del penitenciario la han ubicado junto a reas comunes que la acosan constantemente y le insultan por estar en contra del Gobierno. “Había una señora que la insultaba diciéndole traidora. Pero ella nunca ha sido sandinista. Trata de no salir a tomar sol porque en esos espacios las otras presas comunes la empujan o le jalan el pelo”, dijo su hermana a los medios de comunicación.

Ella denunció que una de las agresiones que más recuerda es cuando Karla entró al penal y estuvo aislada bajo la vigilancia de una guardia que la maltrataba. “Ella solo metía las manos para defenderse. Tampoco le dejaban tener un nuevo testamento y le impedían las idas a misa”, denunció.

En la casa de esta presa política todos están preocupados porque temen que el estado de salud de su familiar vaya a peor. Su hija comentó que su madre casi no ve de un ojo y a eso le deben sumar el acoso de los simpatizantes sandinistas. En la celda Karla no desfallece de espíritu, pero su cuerpo da muestras de debilidad.

Recuerdos confiscados

Durante los primeros ochenta días de secuestro, con la única persona que habló  Tamara Dávila fue con su interrogador. El hombre llegaba a interrogarla hasta cuatro veces al día para decirle que era una “mala madre” porque “dejó abandonada a su hija (de cinco años de edad)”.

Tamara, de 42 años de edad, es psicóloga, con una maestría en derechos de la niñez y de las mujeres y ha trabajado con personas que viven con VIH. En 2018 participó en las protestas y fue arrestada por unas horas. El año pasado fue electa como integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y formó parte de la Coalición Nacional. Antes de que la arrestaran el 12 de junio de este año, sufría de asedios diarios. Una patrulla de la Policía no la dejaba salir de su propia casa. 

En los primeros días en la cárcel, Tamara hacía ejercicio dentro de su celda para mantenerse activa. Sin embargo, la mala calidad de los alimentos de El Chipote le provocaron una infección intestinal. Como no tiene actividades que hacer, contó a su familiares que pasaba todos los días pensando en cómo estaba su hija y quién la estaba cuidando, ya que sus más cercanos se encontraban fuera del país. 

Continúa encerrada en una celda de castigo, hermética y con solo un orificio donde puede ver el cielo. No tiene acceso a materiales de lectura ni a noticias. Durante la primera audiencia, le quitaron un dibujo que le había enviado su hija. 

Ha perdido más de 38 libras de peso y solo ha tenido contacto con familiares en las tres visitas que le han permitido en cinco meses. Lo único que pide es un diario en el que escribía los recuerdos con su hija y que la Policía lo tiene confiscado.

Un “sí” que le costó encierro

El balcón de su dormitorio es el único lugar de la casa al que puede ir Cristiana Chamorro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde el dos de junio de este año. Ese día, la Policía allanó su vivienda para fabricar un caso en su contra y de esta manera impedir que se convirtiera en candidata a la presidencia de Nicaragua. Cristiana era la aspirante más popular, según los sondeos.

Chamorro, de 67 años, está incomunicada, bajo un régimen de restricción absoluto. Aunque a sus hijos se les permite verla por tiempos muy limitados, ellos no quieren hablar de la situación de su madre. Lo que se sabe es que no la dejan salir a tomar sol. Y solo camina entre el cuarto y el balcón. Según organismos de derechos humanos, con su caso se han violado los límites de un arresto domiciliario y el debido proceso, pues, entre tantas arbitrariedades, solo ha podido ver y platicar con su abogado en una ocasión.

Cristiana es hija del periodista Pedro Joaquín Chamorro, quien murió asesinado en 1978, y de Violeta Barrios, quien en 1991 se convirtió en la primera mujer en llegar a la presidencia en América Latina. En esas elecciones derrotó a Daniel Ortega, para poner fin a una guerra de más de 10 años. 

Fue directora del diario La Prensa y creó la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, para capacitar a periodistas. Esta organización es la que el régimen de Ortega y Murillo acusa supuestamente de lavar dinero, por lo cual ella está detenida. Sin embargo, la fundación funcionó con normalidad durante 23 años, hasta que a inicios de 2021, ella se lanzó a la presidencia con su lema: “le dije sí a Nicaragua”.

Firmeza en ‘El Chipote’

Los interrogadores de Suyén Barahona le han exigido que delate a personas. Que diga nombres al aire, y a cambio —le responden— podrá ver a su hijo. La activista sabe que en el fondo es una trampa, una manipulación más en el repertorio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con el fin de inculpar a más gente por delitos como los que le han imputado a ella.

Suyén, de 40 años, fue arrestada el 13 de junio en su casa. La Policía Nacional la sacó de su vivienda en un brutal operativo, como los que venía haciendo hace semanas con otros líderes opositores. Al instante, fue acusada de “conspiración” e “incitación de injerencia extranjera”. Los oficiales la llevaron a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), lugar en el que no se le permite material de lectura ni colchas. Ella permanece incomunicada, en una celda oscura como otras tres encarceladas políticas de su misma organización. 

Los interrogatorios ocurren últimamente dos veces al día, según cuenta Peltier Barahona, su hermano. Son absurdos, comenta, del mismo nivel que los delitos que se le imputan. En una de esas primeras veces los oficiales hicieron uso del chantaje. “La han tratado de presionar a que dijera nombres y la chantajean con su hijo”, relató el familiar. Sin embargo, Suyén se niega a caer en el ardid. Está firme: se opone desde prisión a cualquier intento de negociación que la utilice como moneda de cambio. 

Ella es una de las mujeres de la nueva generación de políticas que se perfilan dentro de la Unión Democrática Nicaragüense (Unamos), un partido que se sacudió hace poco de su pasado sandinista. El cambio fue impulsado por ella, quien asumió la presidencia de la agrupación en 2017. Su liderazgo se topó de lleno con una cruenta represión un año más tarde, que no solo cambió su vida, sino la de miles de nicaragüenses. A Suyén era común verla en marchas, plantones y actividades convocadas por los grupos que adversan al régimen. Pero mucho antes se había involucrado en causas sociales y del medio ambiente. 

“No la han quebrado y ni la van a quebrar, ella mantiene la solidez y la firmeza que la caracteriza”, enfatizó su hermano.

Lucidez en la celda

Ana Margarita Vijil es descrita como una mujer que podría darle un revés a la política tradicional de Nicaragua, marcada por el adultismo y otros muchos ismos que, para algunos politólogos, han dado lugar a caudillos como Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde la cárcel, Vijil escucha las noticias del país que le hacen llegar sus familiares en las pocas visitas y no duda en hacer sus proyecciones.

Ana Margarita ha dejado en claro que la prisión es también su “lucha no violenta”. Permanece en total aislamiento, en una celda con barrotes en las que puede ver el exterior, pero en soledad. “Se evidencia la violencia desde el momento en que las tienen aisladas”, asegura Josefina Vijil, su hermana. A pesar de las condiciones, la activista política también expresa que algún día llegará a Nicaragua la democracia, una en la que puedan caber personas diversas, con ideas como las que impulsó dentro de la Unión Democrática Nicaragüense (Unamos), el partido al que pertenecía. 

Entre 2012 y 2017 fue la presidenta de Unamos y la persona que dio voz dentro del partido a la diversidad sexual, uno de los mayores legados dentro de la agrupación, cuenta Luis Blandón, otro de los integrantes. La medida provocó una serie reacciones dentro de la membresía del partido y la misma directiva, pero Ana Margarita se sobrepuso y conformó un sector político para personas LGBTIQ con poder de decisión. 

Pero su activismo data de mucho antes. A ella siempre le han llamado las luchas sociales, y solía acompañar cualquier causa que exigiera el respeto por los derechos fundamentales y sociopolíticos de los nicaragüenses. Una de ellas fue la lucha del movimiento campesino, en las que participó adentrándose en la Nicaragua profunda, explicándole a las comunidades los alcances de la concesión para la construcción de un canal interoceánico, otorgada por Ortega a un oscuro empresario chino. También en aquellos días ocurrieron los primeros retenes de oficiales, que en más de alguna ocasión le impidieron llegar hasta una de las marchas.

“Ella ve el poder en las mujeres, en lo diverso, reconstruyendo un nuevo país”, aseguró Blandón.

La mujer que nunca deja de sonreír

Julia Hernández Arévalo no podrá ver graduarse de sexto grado de primaria a su hijo de once años. Aunque era una de sus mayores ilusiones, tendrá que conformarse con que le cuenten cómo fue ese día. Ella es una de las presas políticas que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen encerradas en el sistema penitenciario de mujeres ‘La Esperanza’.

Esta mujer de 31 años fue sentenciada a 18 años de prisión por el delito de tráfico ilegal de drogas. Una acusación que su tía, Teresa Potosme Arévalo, rechaza contundentemente. “Ella no estaba de acuerdo con el Gobierno. Iba a las marchas y nunca escondió que era opositora. Por eso la encarcelaron. Pero mi sobrina no es ninguna delincuente”, expresó.

Antes fue detenida el 30 de noviembre de 2019 por el asesinato de José Ugarte, mejor conocido como “Chabelo”, un opositor que se enfrentó con armas a un grupo de Policías en Masaya. Al final fue liberada ocho días después de su arresto.

Julia está en prisión desde el siete de enero de 2021. Por la madrugada oficiales encapuchados la sacaron de su casa y la trasladaron a la cárcel de ‘El Chipote’. Antes de su secuestro el acoso de parte de los fanáticos del barrio era constante. Su tía no duda que una vecina la haya denunciado porque “ella nunca ocultó su malestar contra el Gobierno”.

En prisión ha vivido los días más duros. “Las oficiales la han ‘echado’ a pelear con reas comunes. La acosan y le dicen que es una golpista, una puchita, y la han golpeado varias veces”, contó Potosme Arévalo.

Además de ser agredida por reas comunes en dos ocasiones, las oficiales del sistema penitenciario la acosan cuando sale a patio sol en la prisión. Según su familiar, Julia es ofendida con palabras soeces y recientemente fue trasladada a una celda donde se encuentra sola.

“Ella llora porque no puede estar con su hijo. Me pide que se lo cuide. Y el niño también llora. Pasa preguntando cuándo va a salir de la cárcel su mamá porque la extraña. Es una situación terrible por la que hacen pasar a mi sobrina. Ella está sufriendo por estar en contra de este Gobierno”, manifestó Potosme.

Aunque el acoso, la agresión psicológica y física aumentan constantemente, Julia no ha dejado de sonreír. Su tía asegura que a veces se “quiebra” pero encuentra fuerzas en su hijo de once años. El mismo al que no podrá llevar de la mano en su graduación.

Continúa “en la lucha” desde prisión

​​—Mirá mamá, ¿no creés vos que sería bueno que te quedés acá y comenzar la lucha desde afuera?​​— le preguntó su hijo Julio Sandino. 

— Nunca voy a abandonar a mi gente, hay personas que están presas desde hace muchos meses. No puedo evadir esa responsabilidad​​— contestó tajante Violeta Granera​​—. No me sentiría bien en el exilio. Sé que hay riesgos, pero voy a continuar en la lucha. 

En efecto, los riesgos eran inmediatos: una semana después la Policía del régimen Ortega-Murillo capturó a la líder opositora. La casa de Violeta fue allanada. La noche del ocho de junio fue abofeteada. No respondió a la agresión. 

Primero, Violeta estuvo completamente incomunicada, rodeada de policías, a tal  punto que para tomar un baño tenía que hacerlo acompañada de una agente policial. La noche del 11 de junio fue trasladada a El Nuevo Chipote, tras ser acusada de “traición a la patria” por la Fiscalía. Pero también porque las policías que la cuidaban en casa estaban creando empatía con la presa política: las oficiales no creían que ella hubiese cometido delito alguno, y comenzaron a escuchar el verbo cálido y cercano que distingue a Violeta. 

81 días transcurrieron para que uno de sus familiares pudiera visitarla en El Chipote. Les avisaron apenas media hora antes. A Violeta no le habían dicho que recibiría visita y al ver a su hijo no lo reconoció. “Empezó a contar de los interrogatorios, que eran cuatro al día. En ese momento estaba sola; la alimentación era bastante básica: arroz y frijoles. El lugar no tiene condiciones, las camas son de concreto, un espacio mínimo, no le apagaban la luz, estaba bien demacrada”. 

Para la segunda visita, ya tenía acompañante en su celda, la abogada María Oviedo, juntas hacen ejercicio. Violeta es hipertensa, diabética y tiene problemas cardíacos. Hasta el día de hoy no le han permitido realizarse un examen que debía hacerse en la misma semana que la apresaron... y mucho menos, una visita de su médico privado para examinarla. En la última visita, el 15 de noviembre, no hubo mejoras. La líder opositora perdió uno de sus puentes dentales, ocasionándole problemas para comer. En total ha perdido 25 libras. 

El cinco de noviembre cumplió 70 años, privada de libertad.

La exfiscal perseguida

María Lourdes Oviedo, abogada defensora de derechos humanos, acompañó y defendió a una buena cantidad de presos políticos del régimen Ortega-Murillo antes de ser arrestada el 29 de julio de este año. Su rostro fue siempre mediático, como el caso de la masacre del 19 de julio de 2014, en el que participó cuando era fiscal auxiliar del Ministerio Público. 

Pero en 2018, las violaciones de derechos humanos cometidas por Ortega y Murillo le dieron un giro a su historia. María debía acusar a un grupo de promotores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), pero se negó. Esa fue la causa de su renuncia a su cargo como fiscal. Semanas después se integró a la CPDH como defensora y eso la volvió un blanco del oficialismo. 

Desde que tomó la decisión de comenzar a defender a los reos de conciencia, el asedio y las amenazas fueron en aumento. Incluso fue acusada por la Fiscalía en el año 2019 de obstrucción de funciones policiales por haberle pegado una cachetada al teniente Óscar López, de la Policía de Masaya. La jurista dijo en su defensa que el teniente la manoseó y agredió físicamente. En un video que se volvió viral en redes sociales, puede observarse después del incidente que la abogada fue agredida violentamente por agentes policiales mujeres. Se le impuso un mes de prisión, pero finalmente por tratarse de un delito menor, le suspendieron la condena. 

Yader Morazán, abogado exfuncionario judicial exiliado y amigo de María, la describe como una abogada “apasionada por su trabajo, involucrada tiempo completo con sus casos y estudiosa”. En sus conversaciones ella le expresaba que “ya no tenía vida” por la constante persecución de la dictadura. Su familia ha decidido guardar silencio, quizá en un intento de protegerla de los tratos crueles y torturas a las que son sometidas las presas políticas de la dictadura. Solamente han podido verla tres veces desde su detención. Su hija María Alejandra le dedicó unas palabras en su discurso como mejor alumna de su graduación. “Quiero agradecer a mi madre, la doctora María Oviedo, que no pudo acompañarme, por ejercer su profesión y defender a personas inocentes”.

La abogada tenía planes de salir del país de forma regular hacia Estados Unidos el 30 de julio pasado. El 28 de julio, se realizó la prueba de Covid-19 en el Complejo Nacional de Salud Concepción Palacios. Pero en la noche del 29 de julio, fue arrestada en la ciudad de León. De acuerdo a declaraciones de un testigo en entrevista con el medio 100% Noticias, el operativo estuvo al mando del Comisionado Fidel Domínguez, sancionado por Estados Unidos por estar involucrado en violaciones de Derechos Humanos. Allanaron la casa donde se encontraba la abogada y pedían con insistencia las llaves de su carro. 

María es una de las 12 presas políticas del régimen de Ortega-Murillo y la primera defensora de Derechos Humanos apresada por la dictadura.

La presa política más joven 

“¿Qué va a hacer de almuerzo para que comamos juntas?”, preguntó Samantha a su mamá en un audio de tres segundos enviado a su celular. Fue la última vez que Carolina Jirón escuchó la voz de su hija. 

Samantha, de 21 años, ojos almendrados y sonrisa dulce, siempre quiso ser doctora, pero las protestas de 2018 la convirtieron en activista de tiempo completo. El nueve de noviembre se convirtió en una de las 12 presas políticas del régimen de Ortega y Murillo. 

Ese día, viajaba en un vehículo con otras personas, en Managua. Según el testimonio de una de sus acompañantes, fueron detenidas por policías de civil que se movilizaban en un vehículo particular. Del carro se bajó una mujer, que se dirigió específicamente a Samantha Jirón. Al igual que en un secuestro, fue llevada a la fuerza y sin ninguna explicación, de forma arbitraria. Un patrón recurrente en las detenciones a opositores.

Su mamá no ha podido verla. Solamente sabe que está en el distrito tres de la policía en Managua, donde le lleva ropa y alimentos. 

Para Carolina Jirón, el activismo de Samantha inició a los diez años, cuando decidió llevarla a que aprendiera dibujo y pintura en la Asociación “Los Miguelitos”, dedicada a la formación vocacional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situaciones de riesgo, en su natal Masaya. Su personalidad, como la describe su mamá, siempre fue hiperactiva y desenvuelta para expresarse. Esto le hizo ganar el aprecio de los integrantes de la Asociación, donde la eligieron varias veces como representante, y le permitió participar en capacitaciones de violencia intrafamiliar y derechos sexuales y reproductivos. 

Cuando tenía 14 años, decidió ser parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Masaya. “Siempre fue buena alumna, le gustaba sobresalir en todo. Quería estudiar medicina, y reclamaba por las injusticias. Le gusta ayudar a los demás”, recuerda la madre. 

En 2018, el asedio y la violencia estatal, la hicieron tomar la decisión de exiliarse a Costa Rica, donde terminó la secundaria. Por su constante activismo en redes sociales, sufrió violencia digital por parte de simpatizantes de Ortega y Murillo, pero en el año 2020 decidió regresar al país, e ingresar a la universidad para estudiar periodismo y ciencias políticas.

En este mismo año, decidió trabajar con el candidato a la presidencia y actual preso político, Félix Maradiaga. Luego de la detención de este, decide renunciar a la Unidad Nacional Azul y Blanco y resguardarse. Muchas veces sufrió persecución y asedio, hasta que finalmente fue secuestrada y se enfrenta a un juicio bajo el argumento de “conspiración” contra el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.

La exprimera dama bajo casa por cárcel

Conocida por ser la esposa del expresidente acusado de corrupción, Arnoldo Alemán, y ser una de las ex directivas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Fernanda Flores de Alemán es originaria de Managua, pero vivió parte de su infancia en León y luego, en 1979, partió al exilio con su familia. 

Antes de incursionar en la política nicaragüense, se graduó como licenciada de educación bilingüe con un máster en administración escolar en Estados Unidos y durante ocho años trabajó como docente en el colegio Miami Jackson Senior High. Su historia con Alemán surgió cuando ella le planteó sus aspiraciones de ejecutar proyectos educativos en el país. Se abrió paso en torno a la figura del entonces presidente y obtuvo un puesto en el Ministerio de Educación.

Luego de una relación de noviazgo de ocho meses, María Fernanda se convirtió en la primera dama de Nicaragua. Ella es 22 años menor que él. En una entrevista al diario La Prensa negó haberse casado por interés. “Yo no tengo que comprobarle a nadie nada”, dijo. Aseguró que se sintió atraída por “la inteligencia de Arnoldo”. 

En 2002, Flores fue señalada por la Contraloría General de República de lavado de dinero. En ese entonces también estuvo involucrada en un escándalo de corrupción y un derroche estatal de 1.8 millones de córdobas pagado por el Banco Central de Nicaragua (BCN) para la compra de joyas costosas, la fiesta de matrimonio con Alemán, viajes y otros placeres. Estos gastos se realizaron durante la administración de su esposo. 

En 2016, apareció en la Asamblea Nacional como uno de los nuevos rostros parlamentarios del PLC. Ocupó el escaño hasta noviembre de 2020, cuando fue despojada del cargo por María Haydée Osuna, tras ser señalada por una “transgresión” que lesionó los estatutos del partido liberal. 

El 21 de junio de 2021, la Policía Nacional anunció que puso bajo arresto domiciliario a la exprimera dama por presuntos delitos contra el Estado. María Fernanda es investigada por actos que “menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación”, según el comunicado de la institución policial. Actualmente lleva más de 152 días privada de libertad.  

Flores cumplió 53 años el pasado seis de noviembre en un régimen de casa por cárcel impuesto por la Fiscalía del régimen. De sus condiciones carcelarias se conoce muy poco, o casi nada, ya que su familia se ha negado a dar declaraciones a medios de comunicación.

La “activista innata” condenada por “estupefacientes” 

De María Esperanza Sánchez, la Policía y jueces sandinistas podrán decir que es una “golpista” e incluso inventarle una acusación por tráfico de estupefacientes. Pero quienes la conocen saben lo “aguerrida, amorosa, platicona y humilde” que ha sido esta matagalpina de 51 años de edad. No posee lujos ni bienes, proviene de una familia sencilla del norte de Nicaragua.  

Su vida ha estado enfocada en sacar adelante a sus hijos a punta de esfuerzo. No le teme al trabajo. En 2001 se vio obligada a salir del país en busca de mejores oportunidades laborales. Vivió durante 10 años en Guatemala, regresó en 2011 cuando se enteró del fallecimiento de su mamá. Ha sido madre soltera de tres hijos desde hace 33 años. 

Por sus venas corre el espíritu opositor. De joven, vivió los estragos de regímenes autoritarios. Su papá, mejor conocido como “Camarada Santos Sánchez” fue encarcelado en dos ocasiones, primero por la dictadura de Somoza y luego por los sandinistas en la década de los años ochenta.

En abril de 2018, María Esperanza se unió a las protestas antigubernamentales. Su hija la describe como una “activista innata”. “Ella era la primera en ir a las marchas o apoyar a los estudiantes que protestaban”, dijo Sherly Sánchez. Hoy, es una de las 12 presas políticas del régimen Ortega-Murillo.

Paramilitares sandinistas pintaron su casa con la palabra “plomo” y agentes policiales seguían sus pasos. Enfrentó hostigamiento y amenazas de muerte, fue acosada hasta el punto de hacerla perder su trabajo. En 2019 huyó de su casa pero regresó al cabo de una semana. El 26 de enero de 2020 fue capturada por un fuerte contingente policial en Managua. 

Su integridad física y psicológica ha sido violentada desde su arresto por ser mujer y opositora. Durante su paso por la cárcel El Chipote la amarraron en una silla y le dieron golpes en su entrepierna, espalda y fue sometida a interrogatorios extenuantes. Además, le insinuaron que su familia se había olvidado de ella. 

En el Sistema Penitenciario de Mujeres La Esperanza, ha enfrentado amenazas de muerte, incluso un intento de asesinato. “El año pasado (2020) una de las mujeres le intentó ensartar un lápiz en el pecho y golpearla”, denunció su hija. Luego de ese incidente, ella estuvo varias noches sin poder dormir. Sánchez aseguró que las reas comunes que agreden a su mamá reciben beneficios. La mujer del lápiz “ya salió (de la cárcel) mediante un indulto”, indicó. 

También ha sufrido el robo de sus pertenencias e insultos políticos. Se le ha negado el acceso a  medicinas para sus enfermedades crónicas: hipertensión arterial, asma cardíaca y circulación, así como el ingreso de vitaminas, mascarillas y otros artículos de protección ante la pandemia de la Covid-19. 

María Esperanza enfrentó un “proceso judicial arbitrario de origen” por tráfico de estupefacientes. El seis de julio de 2020 fue condenada a 10 años de prisión y una multa de 31 mil córdobas. Cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).