Costa Rica acaba de alcanzar un hito histórico: por primera vez, tres mujeres presiden simultáneamente los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial: Laura Fernández, Yara Jiménez y Patricia Vargas. A ellas se suma Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. ¡Impresionante!
Hay muchas razones para celebrar. Durante siglos, las mujeres fuimos excluidas de las decisiones políticas y de los puestos de mayor autoridad. El que hoy no solo puedan ocuparlos sino que efectivamente los ocupen representa un avance en igualdad de acceso al poder. Esto no es poca cosa, más aún en tiempos en que, como en Estados Unidos, hay voces que proponen privar a las mujeres de algo tan elemental como el derecho al voto. Los avances en la representación política de las mujeres son el resultado de décadas de luchas feministas, negociaciones y reformas institucionales. Lo que hoy vemos no cayó del cielo.
Dicho esto, separemos el tema de quién llega al poder del tema de qué hace con él.
La investigación sobre mujeres y representación política lleva décadas estudiando esta diferencia. La primera dimensión se conoce como representación descriptiva: que quienes ocupan cargos públicos reflejen la diversidad de la sociedad. La segunda es la representación sustantiva: las decisiones, políticas y acciones que contribuyen a representar determinados intereses y transformar desigualdades.
La evidencia acumulada cuestiona una idea aparentemente intuitiva: que más mujeres en puestos de autoridad produzcan automáticamente políticas más favorables a las mujeres. La evidencia muestra que para nada funciona así: aumentar el número de mujeres no garantiza que sus intereses se traduzcan en decisiones y políticas públicas adecuadas para otras mujeres.
Las mujeres no somos un bloque
¿Por qué? Las mujeres no somos «un» bloque ni, mucho menos, homogéneo. Tenemos, y en muy buena hora, visiones distintas sobre la desigualdad, el papel del Estado, los derechos individuales, las responsabilidades familiares y la organización de la sociedad. Algunas consideramos que las desigualdades entre hombres y mujeres requieren intervenciones públicas decididas, mientras que otras privilegian soluciones individuales o familiares. Algunas defendemos ampliar derechos; otras sostienen posiciones conservadoras sobre cuestiones fundamentales para la autonomía de las mujeres, como el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Unas pensamos que cada mujer debería poder construir la vida que se proponga; otras piensan que nacer mujer mandata unas cosas y descarta otras.
La investigación latinoamericana es particularmente esclarecedora al mostrar que es un error tratar a las mujeres como un grupo homogéneo. Promover políticas favorables a las mujeres requiere construir acuerdos y articular actores. No basta con estar presentes: importan las agendas, las alianzas y las condiciones institucionales. E importa, y muchísimo, organizarse.
Un estudio de 70 países de todo el mundo mostró la importancia de organizaciones feministas fuertes para explicar los avances en derechos de las mujeres. Por eso, debemos prestar atención a quienes efectivamente impulsan cambios, sean mujeres u hombres, en lugar de asumir que el número de mujeres en cargos públicos determina por sí solo los resultados.
Esto significa que la presencia de mujeres es sumamente importante pero… no necesariamente para construir la sociedad que una le gustaría.
Igualdad de género y defensa de la democracia
En Costa Rica, el tener a estas mujeres al frente de distintos poderes de la república también invita a pensar en la democracia y en cómo ellas ejercen el poder desde esas instituciones democráticas.
La igualdad de género y la democracia no son lo mismo, pero están muy relacionadas. Una democracia que excluye a las mujeres de sus decisiones es una democracia incompleta. A la vez, los derechos de las mujeres necesitan instituciones capaces de garantizarlos, espacios de participación, libertades para organizarse y mecanismos para exigir cuentas.
Las instituciones no son neutrales respecto del género: sus reglas y prácticas pueden reproducir desigualdades o contribuir a transformarlas. Por eso, importa quiénes llegan a dirigirlas, pero también qué hacen con las reglas y el poder que tienen a su disposición.
Al examinar el ejercicio del poder, importan tanto las posiciones sobre la desigualdad como las posiciones sobre los límites al propio poder, la independencia institucional y el pluralismo. La presencia simultánea de mujeres al frente de las principales instituciones costarricenses merece reconocimiento. Pero no nos dice, por sí sola, qué políticas impulsarán, qué derechos protegerán ni cómo ejercerán sus responsabilidades. De nuevo: importa quién llega al poder, pero también qué hace con él.
Celebrar que las mujeres lleguen al poder no es, en nombre de la sororidad, dar cheques en blanco. Tampoco implica pedirles que piensen igual por ser mujeres. Al contrario: reconocerlas como actoras políticas plenas supone tomar en serio sus diferencias ideológicas, sus decisiones y sus responsabilidades.
La igualdad de acceso al poder es una conquista. La igualdad que se promueve desde el poder es una cuestión política. Separar ambas nos permite celebrar lo avanzado a la vez que arremangarnos para luchar por lo que está en disputa.
ESCRIBE
Juliana Martínez Franzoni
Es investigadora de la Universidad de Costa Rica y premio de la fundación Alexander von Humboldt otorgado a trayectorias sobresalientes de investigación en el sur global. Busca entender para ayudar a transformar.