El primer periodo del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador quedará escrito en la historia por varias razones: el rompimiento del bipartidismo que durante treinta años gobernó, ataques constantes al sistema democrático, y una pandemia que puso en jaque al país. Pero hay una constante que atraviesa la administración del “presidente más ‘cool’ del mundo” de cabo a rabo: la mentira. Bukele miente de forma compulsiva. Este texto disecciona un año de mentiras, desde las más grandes hasta las más pequeñas.
San Salvador, El Salvador-. Nayib Bukele llegó a la presidencia de El Salvador el uno de junio de 2019 enarbolando una campaña de promesas que, hasta hoy, un año después, han sido mentiras. Llegó, por ejemplo, ondeando su promesa más popular de hacer que “los mismos de siempre”, los partidos que durante tres décadas gobernaron el país, “devolvieran lo robado”, y no ha cumplido.
Prometió transparencia, no solo en los resultados sino en los procesos que implica gobernar, y combatir la corrupción incluso dentro de su mismo gabinete. Y no ha cumplido. Prometió combatir el nepotismo y clientelismo político, prometió una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) independiente y robusta como la que algún día tuvo Guatemala. Prometió colaborar contra la impunidad de las víctimas de la guerra civil, prometió respetar la democracia. Prometió. Y no ha cumplido. Lo irónico es que las promesas de Bukele no sólo cautivaron a El Salvador, sino a una Centroamérica que celebra las medidas tomadas por el mandatario, pese a que esconden un talante autoritario que tanto daño ha hecho a la región.
El primer año de gobierno del presidente “millennial” de El Salvador quedará escrito en la historia por muchas cosas: la ruptura del bipartidismo que durante treinta años gobernó el país desde finales de la guerra civil; el surgimiento de una nueva élite política, un desplome de la violencia homicida sin precedentes, y el establecimiento más evidente de políticas antiinmigrantes ordenadas directamente por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Pero hay un elemento que atraviesa de forma transversal los primeros doce meses del mandato de Bukele: las mentiras. Muchas de ellas estructurales, sobre procesos o formas de gobernar. Y otras, “pequeñas”, difundidas por el presidente.
Las mentiras de Bukele comenzaron antes de llegar al poder. Durante su campaña, por ejemplo, una de sus promesas más llamativas fue que en los primeros cien días de su gobierno traería al país al prófugo expresidente Mauricio Funes (2009-2014), artífice del desfalco más grande conocido en la historia reciente de El Salvador. Y prometió también que la justicia – aunque no estaba en sus manos– lo haría devolver los $351 millones que la Fiscalía lo acusa de haber robado. Pero pasaron los cien días – un tiempo límite que nadie más que él mismo se impuso– y la promesa no se cumplió. De hecho, Funes sigue gozando de libertad en Nicaragua, gracias al asilo y posteriormente la ciudadanía que le otorgó la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Un año después de aquella promesa, en internet circulan videos en los que se ve a Funes tranquilo, comprando una pala en algún mercado de Nicaragua. También circulan fotos de él comprando en supermercados o posando en algún puerto con la mirada dirigida al mar. Y mientras tanto, Funes sigue burlándose a diario de los salvadoreños a través de su cuenta de Twitter.
Una vez llegó al poder, Bukele siguió mintiendo. Horas después de asumir la presidencia, dio su primer gesto de anticorrupción: desmantelar la “fábrica de empleos” que durante diez años construyeron los dos gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido de izquierda. A través de Twitter –como es costumbre suya–, Bukele ordenó destituir a decenas de familiares que habían enquistado el nepotismo en el órgano Ejecutivo. Pero al mismo tiempo llenó al gobierno de familiares, amigos y socios suyos. Solo que eso último no lo tuiteó.
Tras ser electo el tres de febrero de 2019, Bukele mantuvo en secreto el proceso y resultado de la elección de su gabinete. Durante meses argumentó que el secreto se debía a posibles críticas de la prensa. “Al saberse (los medios) van a empezar a ver quién se divorció, si fumó marihuana, o si lo arrestaron...", empezarían a buscarles lo malo, dijo.
Pero llegado el día de la toma de posesión, los nombramientos ya no tuvieron disimulo. Poco a poco fue revelando a decenas de funcionarios que tenían un pasado en común: todos eran de su círculo cercano. Entre ellos, por ejemplo, nombró a su hermano, a su tío, a la ex cuñada de su esposa, a sus dos compadres; pero también a ex empleados suyos, como el ministro de Obras Públicas, quien fungió como gerente de Global Motors S.A. de C.V., la empresa más exitosa de la familia Bukele.
Meses más tarde, se conoció que Bukele gobierna en clan. A su lado, como principal mentor y consejero tiene a su hermano menor Karim Bukele, y como enlace entre la presidencia y la empresa privada del país a su otro hermano, Yuseff. Y como líder de su partido, Nuevas Ideas, puso a su primo, Xavier Zablah.
Aquella promesa de combatir el nepotismo al llegar a la Presidencia fue mentira.
Otra mentira estructural que durante el primer año ha caracterizado al gobierno de Bukele es la promesa de que impondría una administración diáfana, transparente no solo en los resultados sino también en los procesos que implica gobernar. Su “Plan Cuscatlán”, criticado por muchos a quienes le pareció un collage hecho a la ligera, contiene promesas que hasta hoy son falsas.
El apartado 2.3.1 del área de Gobernanza promete, literalmente, “una reingeniería de los sistemas de gestión institucionales que cierra las oportunidades de corrupción, despilfarro y mal gobierno”. Esta promesa general se basa en otras promesas específicas como transparentar los procesos, realizar auditorías internas, rendición de cuentas y vigilancia ciudadana. Nada mal.
Pero durante su primer año, Bukele solo ha dado lo contrario: Ha respondido con censura y ataques a la prensa que no aplaude su gestión, declaró compras públicas como información reservada e intenta deslegitimar a cualquier ente contralor que se interponga en su paso.
Antes de llegar a la presidencia prometió eliminar de tajo la “Partida Secreta”, la bolsa sin fondo que durante años sirvió para que presidentes robaran al Estado sin tener que dar explicación alguna. Solo entre dos expresidentes, Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014) desviaron $652 millones para beneficio suyo y de terceros, según la Fiscalía General de la República. Cuando se descubrió que Bukele seguía usando la partida, dijo que sí, pero que su gasto era tres veces menor al de los gobiernos anteriores porque él no la usaba para robar. Tres meses después de aquellas palabras, sus gastos secretos se triplicaron.
Tras su triunfo en las elecciones de febrero de 2019, Bukele emprendió una campaña de ataques que buscan deslegitimar a los medios críticos que no replican su versión. Apenas dos meses después de llegar al poder, el mismo día que anunció una alianza entre la OEA y el gobierno de El Salvador para establecer la CICIES, la secretaría de Comunicaciones de Bukele impidió la entrada de periodistas de Revista Factum y El Faro a la celebración. Solo ante pronunciamientos de entes internacionales como el relator especial por la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, Bukele dejó ingresar a ambos medios a su próxima conferencia. Sin embargo, utilizó esta para atacar a un periodista de Factum.
En cada conferencia en la que acepta responder preguntas, el aparato de prensa institucional de Bukele graba a los periodistas que se atreven a cuestionar. El 13 de septiembre, tras ser cuestionado por una investigación periodística de Factum que evidenciaba préstamos que recibió de Alba Petróleos de El Salvador, un emporio investigado por lavado de dinero en El Salvador, Bukele difundió un video con el rostro del periodista en sus redes sociales en el que lo señala de pertenecer a un medio “propiedad de Fito Salume”, un cuestionado empresario de El Salvador. Valga decir, esa acusación, es otra mentira.
La difusión del video fue señalada por la Asociación de Periodistas de El Salvador como un acto intimidatorio contra la prensa. Lo mismo ocurrió más recientemente, el 18 de junio de 2020, Bukele respondió a preguntas de un periodista de El Faro atacando a dicho medio. Nuevamente un equipo de la Presidencia filmó un video que luego se difundió en redes sociales con mensajes de odio.
El mayor ejemplo de antitransparencia está estampado en los últimos tres meses del primer año del gobierno de Bukele. Desde mediados de marzo hasta mediados de junio, solicitó a la Asamblea una ley de emergencia nacional ante la crisis ocasionada por el COVID-19, el virus que en estos días tiene en jaque al mundo. Entre otras cosas, esta ley facultaba al gobierno a realizar compras de forma directa, relajando un poco el rigor de los procesos. A cambio, los diputados le pidieron al presidente que debía entregar informes constantes sobre la ejecución de gastos que saldría de dos préstamos por $3,000 millones, una deuda que equivale a casi la mitad del presupuesto anual de la nación.
En el papel, Bukele aceptó, pero en la práctica se negó a presentar los informes. Y solo bajo presión, su gobierno entregó algunas páginas a cuenta gotas. En esa misma ley, el gobierno pidió, argumentando la inminente necesidad de controlar la expansión de la pandemia, una suspensión de procesos, entre ellos los que implica la ley de acceso a la información pública. Es decir, una ley que impedía saber cómo el Ejecutivo se gastaba a diario varios millones.
El 17 de junio, la red de periodismo Salud con Lupa reveló que un funcionario público encontró una forma de hacer negocios con la emergencia y vendió, a través de su empresa, caretas de protección al gobierno en sobreprecio. Este negocio no solo viola la ley de Ética Gubernamental que prohíbe a funcionarios públicos hacer negocios con el Estado, sino que también salpica al ministro de Salud, Francisco Alabi, en actos de corrupción.
Al presidente Bukele le importan mucho las redes sociales, lo ha demostrado en reiteradas ocasiones respondiendo a hashtag o temas que se vuelven tendencia en Twitter. Esta vez también lo demostró. Como reacción, y por primera vez en un año, destituyó a un funcionario de su gobierno por corrupción: José Aguilar Zarco, conocido como “Koky Aguilar”, presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), dependencia del Ministerio de Medio Ambiente.
Al mismo tiempo que anunció la destitución de su funcionario a través de Twitter, Bukele aseguró que solicitaría dos auditorías, y que, de haber culpables, él mismo presentaría una acusación ante la Fiscalía para que respondieran ante la ley. Una auditoría, dijo, la solicitó a la Corte de Cuentas de la República (CCR), un organismo contralor que durante décadas ha dejado pasar la corrupción de los jefes de gobierno. Y la otra a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), una promesa de campaña que también es una mentira maquillada.
Durante su campaña, Bukele prometió traer al país una CICIES parecida a la que algún día tuvo Guatemala, la CICIG. Dijo que lo haría antes de sus primeros cien días en el poder. Otra vez, sin que nadie le impusiera ese plazo. Sin embargo, la CICIES que Bukele le ha dado a El Salvador, no es como la pintó en campaña. Esta, a diferencia de la que destapó grandes casos de corrupción en Guatemala, es una comisión lenta que no investiga, y apenas se encarga de asesorar, en casos específicos, y cuando sea necesario, a la Fiscalía General de la República.
Tres días después de que su funcionario Koky Aguilar quedó evidenciado, y tras un largo pleito entre el Ejecutivo y los poderes Legislativo y Judicial que dejaron como resultado la anulación de la ley que ocultaba el manejo de los fondos durante la emergencia, Bukele solicitó nuevamente aprobar una ley que limitara el acceso a la información a los ciudadanos. Aunque lo intentó, esta vez la Asamblea no cedió ante Bukele quien, vía Twitter, amenazó que vetaría el nuevo decreto.
La prensa reportó al menos dos casos de compras a sobreprecios a empresas de empleados de gobierno, pero esta vez, Bukele no reaccionó. La promesa de la transparencia que ondeó en su campaña también fue mentira.
También hay verdades a medias que terminaron siendo mentiras en el gobierno de Nayib Bukele. Por ejemplo, el control territorial que prometió instaurar en las calles para quitarle el poder a las pandillas y reducir los homicidios. Desde su llegada al gobierno, y desde un poco antes, los homicidios en El Salvador han disminuido sorprendentemente. Pero no gracias al plan de Nayib. Al menos no hay nada que lo sustente.
Poco más de un mes después de llegar al poder, Bukele anunció su estrategia de combate a las pandillas. Cabe aclarar, que desde hacía al menos dos años, las cifras de homicidios en el país mostraron una tendencia a la baja. Para entender mejor esto, en 2015, El Salvador tuvo una tasa de 105 homicidios por cada 100 mil habitantes… es decir, el equivalente a diez veces más de lo que, durante el mismo año se mató en Estados Unidos y el doble de lo que se mató en México en medio de sus peores tiempos de guerra contra el narco.
Pero la gráfica de homicidios presentó un quiebre importante tras el triunfo de Bukele, y la curva se pronunció aún más tras su llegada al poder. Sin siquiera haber lanzado su plan, las cifras que un año antes rondaron los 10 homicidios al día se desplomaron a menos de seis, y durante casi toda su administración, el promedio no ha pasado de cuatro asesinatos diarios. Esta baja histórica no se veía en El Salvador ni durante el periodo de mayor calma de la violencia homicida durante la tregua entre las pandillas y el gobierno del expresidente Funes entre los años 2012 y 2013.
Bukele atribuye el desplome de homicidios, que no tiene discusión, a su estrategia de seguridad: un plan llamado “Control Territorial” que es un calco de políticas públicas represivas que fueron aplicadas antes por otros gobiernos sin mayor éxito. Sin embargo, hasta el momento no existe prueba alguna de que sea dicha estrategia la que ha disminuido las cifras de homicidios.
Aunque el desplome de asesinatos en El Salvador no tiene una explicación certera, expertos en seguridad salvadoreños aseguran que nada tiene que ver con el plan “Control Territorial”. Estas afirmaciones se respaldan en un hecho reciente: entre los días 24 y 28 de abril, un repunte de homicidios sacudió al país en medio de la pandemia. La pandilla MS-13 puso 84 muertos en las calles, un promedio de 16 diarios, cuatro veces más de lo que la administración Bukele conoció en sus primeros meses.
Ante el repunte de homicidios, Bukele reaccionó mostrando músculo y ordenó encierro total, “sin poder ver un rayo de sol” a todos los pandilleros internos en centros penales. Para enviar el mensaje, difundió fotografías en redes sociales donde se veía a cientos de pandilleros tatuados pegados pecho con espalda, sentados en un galerón usando solo ropa interior. Y autorizó - vía Twitter, sí - a la Policía disparar a matar. Y además prometió que el policía que fuera encausado por asesinar a un pandillero sería defendido por abogados que pagaría su gobierno. Prometió impunidad.
Bukele atribuyó en varios tuits aquel incremento de violencia a una orden salida del penal de máxima seguridad de El Salvador y a que la Policía Nacional Civil (PNC) estaba ocupada de lleno en el control de la pandemia del COVID-19 con controles instalados en todo el país.
Dicho repunte se dio en medio de un contexto de relativa calma, y luego de que la pandilla MS-13, la más numerosa del país, enviara un mensaje casi surreal: calmaría su actividad delictiva e instalaría toques de queda en los barrios y comunidades bajo su control para controlar la expansión de la pandemia.
Dos semanas después de aquel repunte, y tras un largo silencio de la pandilla, un periodista de la Revista Factum, de El Salvador, habló con un vocero nacional de la MS-13. En esa comunicación, el vocero aseguró que el incremento de homicidios fue “un golpe de mesa”, un gesto para demostrar el poder y organización que en la actualidad sigue teniendo su estructura criminal.
Las palabras de ese representante pandillero podrían ser fanfarronerías sino fuera por un dato que lo respalda: durante los primeros meses de administración del gobierno de Bukele – hasta antes de los meses de pandemia – la Fiscalía General de la República registró una importante reducción en el delito de homicidio, pero al mismo tiempo un incremento en el delito de extorsión. La extorsión es, según los mismos pandilleros, su fuente principal de financiamiento y un síntoma evidente, según los expertos, de que mantienen su control territorial. Así, aunque no maten, los pandilleros siguen manteniendo el control territorial.
Otra mentira de Bukele quedó en evidencia.
Pero el presidente de El Salvador no solo miente en hechos estructurales, en procesos o formas de gobernar. También lo hace, y con mayor frecuencia, en hechos concretos.
El 28 de junio de 2019, a poco menos de un mes de que Bukele llegara al poder, dos hombres armados asaltaron un autobús de la ruta 202 en el occidente de El Salvador. Los asaltantes, dos presuntos pandilleros, no solo robaron a sus víctimas, sino que también desviaron la ruta del autobús hasta una zona boscosa y ahí violaron a dos mujeres.
Tras conocerse el hecho, el presidente Bukele tuiteó. Ordenó a la Policía, a través de un “hilo” que empleara todos los recursos necesarios para capturar a los culpables. Horas después, el mismo presidente anunció los resultados: dijo que los dos malhechores habían sido capturados y ordenó enviarlos al penal de máxima seguridad. Cabe decir en este punto, que el presidente no tiene potestad alguna para enviar a nadie al penal de su antojo, para eso la ley salvadoreña ha designado a los jueces.
Tras difundir las fotos de los capturados en redes sociales, la audiencia aplaudió e hizo viral el triunfo de Bukele. Era su primer acto de demostración de poder contra el crimen.
Pero aquello también fue mentira. Horas después de la captura, la Fiscalía presentó a los detenidos y su acusación ante un juez. Aquellos dos hombres, de hecho, eran miembros de distintas pandillas, uno del Barrio 18 y otro de la MS-13. Cualquiera que sepa alguna cosa de pandillas en El Salvador sabe que sería imposible – o al menos nunca visto – que dos pandilleros contrarios dejen su odio histórico de lado y se unan para asaltar un bus. Pero no solo eso: ambos pandilleros no fueron acusados por asalto ni mucho menos por violación. La Policía los acusaba de delito de resistencia, es decir, los acusaron de ser dos hombres que no querían ser arrestados.
Aquel pequeño triunfo que se celebró con bombos y platillos en redes solo fue otra mentira.
Las mentiras continuaron durante los siguientes meses del primer año del gobierno de Bukele de forma variopinta. En medio, Bukele formó una revuelta frente a la Asamblea Legislativa. El 9 de febrero de 2020, llamó a cientos de miembros de su partido Nuevas Ideas a reunirse ante el parlamento para exigir la aprobación de un préstamo por $900 millones que, dijo, servirían para financiar su plan de seguridad. Para acarrear a sus simpatizantes y miembros de su partido, usó vehículos del Estado, una práctica cuestionable que también repitieron sus antecesores, “los mismos de siempre”, como a él le gusta llamarlos.
Durante la concentración frente al parlamento, Bukele interpretó un acto que quedará en la historia de El Salvador: Ingresó al Salón Azul de la Asamblea Legislativa acompañado de decenas de militares armados con fusiles, se sentó en la silla del presidente de ese órgano de Estado y tocó el gong, dando inicio a una sesión plenaria. Acto seguido, se tapó el rostro con las manos, inclinó su rostro y oró.
Tras unos minutos usurpando el puesto del presidente de la Asamblea, Bukele salió de nuevo a la tarima instalada ante sus simpatizantes y dijo que en esos minutos había hablado con el mismísimo Dios. Dijo que Dios le pidió paciencia y que, en un acto de piedad, daría una semana más a la Asamblea para aprobar lo que quería.
Aquel acto que Bukele después interpretó como un simple gesto religioso fue señalado por organismos nacionales e internacionales como un claro atentado a la democracia salvadoreña y una evidente violación al estado de derecho. Bukele dijo que aquella tarde de invasión armada al parlamento solo había entrado a hablar con Dios.
Durante los últimos meses de su primer año, en medio de una emergencia nacional por la pandemia COVID-19, Bukele no paró de mentir. De hecho, lo hizo mucho más. En tan solo tres meses, difundió noticias falsas, como cuando dijo que Italia había abandonado a sus ancianos. Mentira. También dijo que un avión que viajaba hacia El Salvador desde México traía un grupo de personas infectadas con COVID-19. Mentira. Dijo que construiría un hospital de emergencia con mil camas de cuidados intensivos en dos meses, un hospital que, tres meses y medio después apenas ha habilitado una de sus tres fases. Mentira. Dijo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le había ordenado en una resolución (contraria a sus intereses) que masacrara a miles de salvadoreños. Mentira. En esa resolución, en realidad, la Sala le ordenó dejar de realizar detenciones arbitrarias a quienes violaran la cuarentena y que, si lo quería hacer, debía consensuar una ley con el órgano legislativo.
Un hecho que ha marcado el primer año de gestión del presidente Nayib Bukele han sido sus mentiras, un abanico de mentiras, unas grandes, otras pequeñas que, en resumen, muestran una cara del nuevo presidente que promete estar largo rato en el poder.