Dos días antes de la presentación del último informe del grupo de la ONU para observar la situación de Derechos Humanos en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desalojó de su casa a la señora Rafaela Cerda, de 93 años. Le comunicaron que la vivienda en el residencial Villa Fontana, Managua, había sido confiscada y desplegaron cuatro patrullas para garantizar el cumplimiento de la orden, con tanta efectividad que, según las crónicas de los medios independientes desde el exilio, ni siquiera pudo sacar sus medicinas. 

Ese operativo contra la señora Cerda golpeó a un personaje cercano al poder. Ella es la madre de Rafael Solís Cerda, el padrino de bodas de Daniel Ortega y Rosario Murillo, su antigua mano derecha en el Poder Judicial. El exfuncionario renunció en 2019, se marchó a Costa Rica y denunció la instalación de “una dictadura con caracteres de monarquía absoluta”. 

El acto contra la señora fue un feroz recordatorio de que en Nicaragua ya no existe el Estado de derecho. El mismo Solís, al dimitir de su cargo y del partido de Gobierno, cinco años atrás, advirtió que se había instalado un “Estado de terror”, y acusó a sus antiguos aliados de sembrar “el miedo” y llevar a una situación en la que “ya no existe derecho alguno que se respete”.

Cuando uno escucha con atención al presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, Jan-Michael Simon, describir la situación del país centroamericano como “sombría” y a su equipo advertir que “cada vez está más cerca el objetivo de la destrucción total de las voces críticas”, se comprende enseguida que es una situación al límite, causada por una política de terror edificada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Simon presentó este segundo informe el 29 de febrero de 2024. Para los investigadores de Naciones Unidas, Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia, con personas perseguidas más allá de sus fronteras, eso sin mencionar la impunidad de los abusos que se siguieron cometiendo después de 2018, cuando la cúpula de Ortega ordenó aplastar con violencia las protestas que pidieron su dimisión. Fallecieron 355 personas en ese contexto.

Estas conclusiones revelan el desarrollo de un régimen brutal con impacto en la región centroamericana, inmersa en un creciente autoritarismo. Muchas de las técnicas de Ortega para prolongarse en el poder se están repitiendo: violaciones constitucionales para la reelección, la manipulación de las leyes existentes, instrumentalización de las instituciones y los abusos contra los derechos humanos.

Ese estado de miedo, provocado por las medidas represivas crecientes, se alimenta de mecanismos orquestados al máximo nivel y ejecutados por las fichas institucionales de Ortega. A falta de acceso a las actas oficiales para entender las justificaciones oficiales de la medida, debemos presumir que la propiedad de la progenitora de Solís se suma a un botín creciente, formado por los bienes inmuebles confiscados a opositores. El método para dañarlos sigue este guion: declararlos “traidores a la patria”, privarlos de su nacionalidad, robarle sus bienes y reducir sus derechos ciudadanos al estado de muerte civil. 

El régimen empezó esta práctica con los 222 reos de conciencia desterrados el 9 de febrero de 2023 a Estados Unidos. Aplicaron lo mismo a otros 94 ciudadanos, entre ellos a Rafael Solís, el 15 de febrero. Las sentencias judiciales citaron una ley de soberanía aprobada en 2020 que describe a los traidores como “aquellos nicaragüenses que financien golpes de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas”.

Era poco más que el caudillo en el poder definiendo a la patria como a sí mismo, y a quienes osaran criticarlo como parias que merecen la receta aplicada a los opositores: muerte, exilio o desaparición de la condición de ciudadano. Esa medida de privación de la ciudadanía fue cuestionada a nivel internacional, pero a la dictadura no le importó. La elevó a norma constitucional el 18 de enero de 2024.

Las tiranías requieren sicarios dispuestos a jalar el gatillo, pero también necesitan a  legisladores y jueces. Los leales a Ortega aprobaron en 2020 una ley para castigar las “noticias falsas” y también otra para limitar el financiamiento, conocida como de “agentes extranjeros”, a la que popularmente los medios llamaron la “Ley Putin”, después de señalar que era una copia de otra aplicada en Rusia. Al año siguiente, los fiscales acusaron y los jueces condenaron a decenas de presos políticos.

Todavía hay en Nicaragua 121 reos de conciencia. Puede ser un número nada más para muchos lectores, pero son personas que fueron criminalizadas, procesadas, separadas de sus familias por razones políticas y que han estado sometidas a un sistema  donde  impera la falta de garantías procesales y la tortura. 

Como reportero nicaragüense, me ha tocado denunciar estos abusos desde 2021, cuando  me vi obligado a exiliarme para seguir informando en libertad. Cada testimonio de las víctimas conmueve y es una vergüenza que sigan pasando estas cosas en pleno siglo XXI. 

La Organización de Estados Americanos llevaba la cuenta pública de los detenidos hasta 2020, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre las detenciones de ciudadanos por la participación en las protestas. Entonces —¡hace cuatro años!- eran 1614. El número ya era un escándalo.

Con el paso de los años, la detención de ciudadanos se volvió más sofisticada. En mayo de 2023, los acusaron en procesos exprés—los capturaron en la noche, los llevaron de madrugada a los tribunales, les impusieron medidas cautelares para que se presentaran a firmar todos los días antes los tribunales y la Policía—. Y los mantuvieron bajo control usando todo el sistema contra ellos.

Siempre que un preso político muere en la cárcel defendiendo la libertad, nos conmueve, como el reciente caso del opositor Aléksei Nalvany en Rusia. En Nicaragua han muerto dos presos políticos desde 2019 bajo custodia del Estado: Eddy Montes y Hugo Torres Jiménez. Por estos casos concretos, por las violaciones denunciadas con frecuencia en Nicaragua y la impunidad de sus principales responsables, hace falta mantener la vigilancia y la denuncia internacional. 

En la Nicaragua de hoy, el enemigo que la dictadura ha erigido es la injerencia externa. Enarbolando la soberanía, Rosario Murillo cita a Dios en sus comparecencias habituales al mediodía. Una divinidad que respalda a su juicio un proyecto en que ella califica de “honrosa y gloriosa la condición de los nicaragüenses “con patria, sentido de dignidad nacional, ¡por gracia de Dios!”.

En este último informe de la ONU sobre Nicaragua, los especialistas recogen datos de los abusos desde 2018. Aunque el Grupo de Expertos fue establecido el 31 de marzo de 2022 para un período de un año, su mandato se renovó el 3 de abril de 2023 para dos años más. 

Las observaciones de los expertos se basan en 642 entrevistas con víctimas, testigos y otras fuentes de información, un trabajo que les permitió señalar que en Nicaragua hay una persecución generalizada para asegurar el control total del Gobierno sobre el espacio cívico. El acoso se ha extendido también a quienes se encuentran en el extranjero, impidiéndole la entrada a 145 nicaragüenses a su país, una práctica a la que las autoridades recurrieron en 2023. Eso sin incluir que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha identificado que 935.065 nacionales habían abandonado Nicaragua entre 2018 y junio de 2023.

El responsable del terror es el Estado. Como si fuese una clase de anatomía, uno puede señalar las partes de ese cuerpo represor. La dictadura se sostiene inicialmente en el espionaje en el barrio; también en las armas empuñadas con impunidad por policías, militares o grupos paraestatales; en el marco legal creado por los diputados del partido de gobierno con control absoluto del Parlamento, y en la voluntad de policías, fiscales y jueces cómplices que han sido capaces de aplicar esas leyes contra todos los que el régimen percibe como opositores políticos, sin que ninguna acción escape a los designios de la pareja gobernante.

“El presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo tienen control sobre todos los demás poderes e instituciones del Estado. El Grupo (de Naciones Unidas) identificó que el presidente y la vicepresidenta dan órdenes e instrucciones—directamente o a través de asesores de confianza— a las diferentes instituciones que tienen que llevar a cabo actos represivos”, según se afirma en el informe.

Las órdenes presidenciales incluyen atacar a aquellos que fueron sus cómplices durante décadas, si estos decidieron romper con ellos o se “desviaron” de la disciplina debida al dictador, como el caso mencionado de Solís y su familia.  

No podemos permitir que reine el silencio y se normalicen las actuaciones de Ortega. El 21 de febrero de 2024, el comandante se burló de los desnacionalizados acogidos por España tras privarlos de sus derechos. “Ya deben de hablar como españoles”, machacó. La mejor respuesta contra la barbarie sin freno de los poderosos siempre será demandar justicia; denunciarlos una y otra vez para evitar que todo quede en el olvido.