Mucho antes del estallido social que nos mantiene en una eterna crisis sociopolítica, en septiembre de 2016, los grandes empresarios presentaron un decálogo de principios democráticos en Nicaragua. Aquel documento instaba, entre otras cosas, a preservar la institucionalidad democrática y la estabilidad económica. Resultaba irónico que se planteara cuando la democracia ya estaba profundamente erosionada y las instituciones habían dejado de funcionar como contrapesos al poder.

Suena más irónico todavía cuando esos mismos empresarios, aglutinados en la gremial con mayor peso en la historia económica del país, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), decidieron formar parte de un régimen corporativista con Daniel Ortega, el gobernante que pretende imponer un sistema político contrario a aquellos principios democráticos.

Los empresarios que antes de 2016 defendían no meterse en política finalmente lo hicieron cuando se dieron cuenta de que el modelo de alianza con la dictadura se estaba yendo al carajo. 

Pero eso es otro asunto.

La cuestión es que ese decálogo, o más bien esa hoja de ruta, no sería ni el primero ni el último que conoceríamos. En los años siguientes, al fragor de la crisis sociopolítica, aparecieron nuevas declaraciones, propuestas, compromisos y hojas de ruta elaboradas por distintos sectores de la oposición nicaragüense.

Las organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, la Iglesia católica, empresarios, movimientos opositores y distintas plataformas han presentado iniciativas, documentos, en las que, con matices y diferencias, coincidimos en lo urgente para el país. 

Todas parten de la premisa de que Nicaragua necesita recuperar la democracia.

Hoy, casi una década después de aquel decálogo presentado por los empresarios, la dictadura sigue atornillada. Y recientemente acabamos de conocer una nueva propuesta titulada Nicaragua: Transición Ordenada desde la Dictadura hacia la Democracia.

Esta vez se plantea una hoja de ruta mucho más concreta: una junta o equipo técnico de transición, una Asamblea Nacional Constituyente, reformas institucionales, restitución de derechos, reorganización de las instituciones electorales y de justicia y elecciones generales en un plazo máximo de 24 meses.

La propuesta me parece necesaria. Yo mismo he defendido que la oposición democrática debe ser más propositiva y empezar a trabajar en el día después de la caída de la dictadura. No podemos improvisar una transición.

Por eso no creo que el problema sea que exista una nueva  hoja de ruta. Estamos de acuerdo en que los nicaragüenses necesitan discutir qué hacer cuando termine la dictadura. Necesita saber cómo reconstruir las instituciones, cómo garantizar la seguridad, cómo abordar la justicia y la reparación de las víctimas, cómo organizar elecciones libres, cómo garantizar el retorno de los exiliados y cómo evitar que la transición termine abriendo la puerta a una nueva forma de autoritarismo.

En eso coincidimos todos.  El problema es otro.

Una hoja de ruta no es una transición. Son buenas intenciones. Y quizá esta distinción sea importante porque durante los últimos años hemos confundido la capacidad de ponernos de acuerdo sobre un documento con la capacidad de ponernos de acuerdo para actuar. 

La oposición nicaragüense, llámense partidos y líderes políticos y organizaciones de la sociedad civil, ha exhibido más diferencias que acuerdos, aunque se empeñen en decir lo contrario. 

Coincidimos en los principios, en que queremos elecciones libres y en que hay que liberar a los presos políticos, recuperar las instituciones, garantizar los derechos humanos y restablecer el Estado de derecho.

Coincidimos en muchas cosas. Incluso en el orden de algunas de las medidas que habría que adoptar cuando llegue el fin de los Ortega – Murillo.

Sin embargo, nos queda por responder una pregunta clave: ¿Cómo construimos la confianza política necesaria para hacer todo eso juntos? 

Para empezar, las fuerzas democráticas deberían ser capaces de sentarse en una misma mesa sin asumir que quien piensa diferente es necesariamente un adversario. Me gustaría que este mensaje lo comprendan Ciudadanos por la Libertad (CxL) y todos aquellos opositores nicaragüenses en Miami que mantienen una guerra ideológica con ciertos sectores que también son contrarios al régimen.

La transición de Nicaragua, al margen de lo que se diga en un documento, comienza cuando las organizaciones aceptan que ninguna posee por sí sola la representación de todos los nicaragüenses. 

Comienza cuando el exilio deja de ser visto únicamente como una suma de voces que denuncian al régimen y empieza a funcionar también como un espacio para preparar el país que habrá que reconstruir.

Comienza cuando aprendemos a discutir sobre el futuro sin convertir cada diferencia en una nueva ruptura.

Y aquí está, quizá, la mayor contradicción de nuestra situación actual: queremos construir una democracia pluralista en Nicaragua, pero todavía nos cuesta construir espacios pluralistas entre quienes luchan por recuperarla.

Entonces, ¿para qué construimos una hoja de ruta si no somos capaces de gestionar nuestras diferencias sin terminar destruyendo el objetivo común?

Una democracia necesita diferencias, partidos distintos, proyectos económicos distintos, visiones distintas sobre el papel del Estado y debates sobre el modelo de país que queremos construir.

Una propuesta de transición, por tanto, debe ser más que un documento que enuncia lo que habrá que hacer cuando termine la dictadura. Debe servir como punto de partida para una conversación mucho más amplia sobre quiénes participarán en esa transición, cómo se tomarán las decisiones, qué mecanismos de representación existirán y qué límites tendrán quienes temporalmente ejerzan el poder.

Conocemos cómo terminaron nuestras propias transiciones: la de 1979 y la de 1990. ¿Cómo garantizamos que quienes tendrán que desmontar una dictadura no reproduzcan sus mismas lógicas de concentración del poder? ¿Vamos a repetir los errores del pasado?

La respuesta no puede ser confiar ciegamente en las buenas intenciones de quienes ocupen temporalmente las instituciones. Tiene que estar en los mecanismos, los contrapesos, la transparencia y la participación. Se debe trabajar en ello desde ya. 

Dicho eso, Nicaragua necesita propuestas. Por supuesto. Pero también necesita discutirlas, mejorarlas y, sobre todo, construir la capacidad de convertirlas en acuerdos y los acuerdos en acciones.

De lo contrario, como decimos en el habla popular, el papel aguanta todo.