La ruptura democrática y por tanto la castración de los derechos fundamentales y  constitucionales como la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad humana, el pluralismo político, social y étnico, el reconocimiento a las distintas formas de propiedad, la libre cooperación internacional, y el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, mantiene a la ciudadanía nicaragüense en una situación tan dramática que hasta el principio de irrenunciabilidad de los derechos humanos está en entredicho. 

La dictadura resguarda su política de exterminio mediante la imposición de un Estado de terror y de excepción de facto. Situación en la que a la población que se resiste solo le quedan tres caminos impuestos por la dictadura Ortega Murillo: la muerte, la cárcel o el exilio político o desplazamiento forzoso.  

A través de esa política de Estado de represión y control totalitario el régimen infunde altos niveles de terror en la población. Para resguardar su vida e integridad, la ciudadanía recurre en ocasiones al silencio, a callar las violaciones a sus derechos y a la autocensura. 

Otras personas se resisten al silencio y a pesar de los riesgos, hacen pagar al régimen el costo mediante la denuncia de tantas arbitrariedades que son recogidas por las organizaciones nacionales de defensoría de los derechos humanos, quienes a su vez la hacen llegar a los organismos internacionales ante la imposibilidad de que estos puedan ingresar al país. En ocasiones hay que recurrir al anonimato para proteger su integridad y vida. 

Esa es la disyuntiva a la que el régimen Ortega y Murillo ha sometido al pueblo nicaragüense, retratada por el siguiente dicho populista: “Si te quedas te tiro y si te corres te mato”. Si denuncias corres peligro y si no denuncias, el peligro se extiende también. Digo que se extiende porque si bien es cierto el silencio puede ser una forma legítima de protección, va dejando en el país y ante la comunidad internacional una idea ficticia y falsa de libertades y una naturalización de la criminalidad. 

¿Y cómo no tener miedo si cienes de nicaragüenses han sido asesinados solo por el hecho de levantar la bandera azul y blanco de la patria? O por gritar “¡Viva Nicaragua Libre!” a una caravana orteguista, como fue el caso del joven José Luis Rugama en el municipio de La Trinidad, departamento de Estelí? 

Ya son más de 350 asesinatos, aproximadamente el 10% de la población obligada al desplazamiento forzoso y exilio político, centenares siguen pasando por la puerta giratoria del encarcelamiento arbitrario, miles de desplazados internos que van de casa en casa para resguardarse. Mejor dicho es todo un pueblo secuestrado por la ambición desmedida de un sistema político que se niega a reconocer que el pueblo de Nicaragua ya no los quiere en el poder y que su sistema colapsó, comparado solo con los sistemas más crueles en la historia mundial. 

Pregunto al sistema multilateral mundial cómo se puede poner en marcha en Nicaragua la responsabilidad irrenunciable de la comunidad internacional de “proteger” a este pueblo, quien renunciando a la lucha armada a la que ha recurrido a través de la historia, hoy enfrenta cívica y pacíficamente a un régimen que ha decidido exterminarlo intencionalmente antes que entregar el poder. 

Mi pregunta es extensiva a los socios del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y a toda la arquitectura financiera mundial (FMI, BM, BID) que sostiene consciente o inconscientemente el sistema represivo del régimen bajo la excusa que es una ayuda que beneficia al pueblo nicaragüense.