En mi mente tengo el registro de tres femicidios que ocurrieron en Granada entre 2005 y 2009: el de Luisa, de 45 años; el de Sandra, de 29 años y el de Luz, de 40 años. Las asesinaron hombres que se creían dueños de sus cuerpos y, por lo tanto, decidieron en qué momento terminar con sus vidas.
Para entonces, Nicaragua no tenía un marco legal que tipificara el delito como un femicidio, pero se venían sentando las bases para que los familiares de las víctimas tuvieran una ruta institucional en la búsqueda de justicia a través de un primer peldaño que eran las Comisarías de la Mujer y la Niñez. Los asesinatos de Luisa, Sandra y Luz fueron juzgados como asesinatos motivados por “arrebatos pasionales”.
En junio 2012, el Parlamento aprobó la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley 779), lo que supuso un avance en materia de género muy importante para Nicaragua, gracias, hay que decirlo, al trabajo de decenas de feministas y defensoras organizadas que desde 1990 empezaron a plantear el problema de la violencia hacia las mujeres como un asunto de suma necesidad. La ley tenía los elementos suficientes para que el Estado pudiera garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
La ley cambió las formas en que hasta entonces llamábamos a las violencias: no era intrafamiliar ni doméstica, sino violencia contra las mujeres en todos los espacios públicos y en el espacio privado; no eran asesinatos, sino femicidios.
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Se crearon unidades especiales contra la violencia de género en el Ministerio Público, en la Policía Nacional y en el Poder Judicial que trabajaban de la mano con organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
Sin embargo, un año y tres meses después de la aprobación de la Ley 779, los diputados de la Asamblea Nacional ratificaron una primera reforma al artículo 46 que expresamente prohibía la mediación.
Los diputados, influenciados por el Ejecutivo de Daniel Ortega, ignoraron que el 30% de los femicidios que se cometieron en Nicaragua en 2012 pasaron antes por una mediación. Dos de los casos que mencioné al inicio de este artículo pasaron por una mediación, es decir que el Estado obligó a las mujeres a verse cara a cara con sus agresores, quienes les terminaron quitando la vida. Los hechos demuestran, según defensoras con las que he hablado, que la mediación agudiza la violencia contra las mujeres.
La segunda reforma a la Ley 779 llegó en 2014 cuando los diputados de la Asamblea Nacional también decidieron limitar el femicidio a las relaciones de pareja. La norma en su génesis planteaba que cometía “el delito de femicidio el hombre que, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado”.
Las feministas alertaron del peligro de la enmienda y acusaron al Estado de pretender maquillar las cifras de femicidios en Nicaragua. Las reformas hicieron que la histórica ley por la que lucharon las mujeres de Nicaragua perdiera fuerza. A las reformas le siguió la eliminación de las Comisarías de la Mujer y la Niñez en 2016, aunque el régimen decidió reactivarlas en febrero de 2020.
Para las feministas, el Estado de Nicaragua ha actuado con indolencia, retroceso y complicidad con la violencia machista, lo que se evidencia en las alarmantes cifras de femicidios: en lo que va de este año han sido asesinadas 60 mujeres. El 2023 cerró con 74 muertes violentas de mujeres; 2022 con 68 y 2021 con 72.
Las mujeres nicaragüenses, dijo una fuente feminista que me envío un correo en agosto pasado, se encuentran “en una grave situación de inseguridad, impunidad, falta de atención especializada en los diferentes delitos de violencia machista colocando en riesgo la vida de niñas, adolescentes y mujeres de todas las edades, en cualquier punto de Nicaragua”.
El mensaje lo leí como un clamor de auxilio: exigía acciones y no promesas. Pese a las preocupantes cifras de femicidios, el régimen no cuenta con una estrategia integral que atienda la violencia machista. Al ignorar deliberadamente los femicidios y evitar proteger a las mujeres de las diferentes formas de violencia, Nicaragua se ha convertido en un Estado femicida.
ESCRIBE
José Denis Cruz
Periodista nicaragüense exiliado en España. Actualmente, es fact-checker del verificador español Newtral.es. En 2019 fundó el medio digital DESPACHO 505. Inició su carrera periodística en 2011 y pasó por las redacciones de La Prensa y El Nuevo Diario. También colaboró para El Heraldo de Colombia y la revista ¡Hola! Centroamérica.