El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó este miércoles cinco de febrero la Resolución CP/RES. 1301 (2578/26) sobre el seguimiento de la situación en Nicaragua.

Para quienes llevamos años documentando la degradación institucional y el sufrimiento humano impuesto por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, esta resolución es, ante todo, una señal política. El sistema interamericano vuelve a colocar a Nicaragua en su agenda—no como una nota al pie, sino como un caso que exige seguimiento y coherencia.

No debemos leer este paso como una formalidad diplomática aislada. Debe entenderse como parte de una serie de acciones—en distintos frentes multilaterales y bilaterales—que están recordándole a la dictadura que la impunidad no es un derecho adquirido y que la comunidad internacional empieza, lentamente, a reorganizar su atención.

La resolución es una radiografía clara de una dictadura que persigue dentro y fuera del país. No se limita a “preocupaciones” abstractas. Condena un catálogo de prácticas que, en conjunto, describen una política de Estado: exilio forzado, expatriación, tortura, desaparición forzada, detención arbitraria, confiscaciones, borrado de registros de identidad, prohibición de entrada al país, negación de pasaportes, vigilancia, amenazas y atentados contra la vida e integridad de nicaragüenses—y subraya que muchas de estas conductas, según el GHREN, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Un elemento particularmente relevante es que la resolución asume con claridad que la represión de la dictadura no termina en la frontera. Reconoce la dimensión de la represión transnacional, incluyendo el uso indebido de notificaciones rojas de INTERPOL, alertas falsas sobre documentos de viaje y manipulación de normas de “cumplimiento financiero”; lo que en otro artículo llamé “Represión Financiera Transnacional”.

Ese énfasis coincide con la claridad con que lo expuso la comisionada de la CIDH Rosa María Payá, quien señaló que la persecución del régimen se vuelve transnacional e intenta convertir el exilio en una extensión del control orteguista. Y eso requiere una respuesta igualmente transnacional.

La resolución reconoce información sobre “opositores y disidentes, periodistas” y también sobre trabajadores laicos de la Iglesia católica injustamente privados de libertad. No es un detalle menor. En Nicaragua, la libertad religiosa—como cualquier libertad—ha sido tratada por la dictadura sandinista como una concesión revocable. 

Dicho lo anterior, esta resolución no tiene suficientes dientes. Reitera el llamado a “diálogos constructivos”, ofrece disposición para acompañarlos y vuelve a pedir que Nicaragua “retorne” a la OEA. Pero los diálogos, cuando se invocan sin condiciones verificables, pueden volverse un recurso retórico que favorece a la dictadura ya que le compra tiempo, le reduce presión y le permite simular normalidad mientras perpetúa la represión.

La resolución reconoce que el régimen de los Ortega-Murillo Nicaragua, ya fuera de la OEA, no ha mostrado disposición real de colaborar. En este contexto, cualquier llamado al diálogo debe venir acompañado de un estándar mínimo: plazos, verificación independiente y consecuencias ante el incumplimiento. Si no, la historia se repite. Mucha declaración, poca coerción. Y esa ligereza—bien intencionada, pero insuficiente—ha sido precisamente lo que, por años, ha restado fuerza al multilateralismo y ha dejado el peso principal en medidas bilaterales.

Aun así, hay un componente valioso, ya que la resolución encarga a la CIDH continuar el monitoreo (incluyendo violaciones fuera del territorio) y analizar el uso indebido de mecanismos de cooperación jurídica internacional. Ese es un camino concreto para proteger exiliados y desmontar herramientas de persecución transnacional.

En la Fundación para la Libertad de Nicaragua sostenemos que desde hace años Nicaragua está secuestrada. La dictadura pretende presentarse como “Estado” para exigir prerrogativas, pero se comporta como una estructura criminal de control que niega ciudadanía, borra identidades, confisca propiedad, castiga la conciencia y persigue más allá de sus fronteras. Es en esencia una total captura del Estado.

La crisis nicaragüense es también una crisis de ilegitimidad. Un poder que convierte la nacionalidad en arma, la identidad en amenaza y el exilio en condena, ha roto el pacto más básico con su pueblo. Y aquí nuestra insistencia en tomar medidas duras frente a esa ilegitimidad del régimen sandinista. Si la dictadura decidió salirse del corazón del sistema interamericano, resulta incompatible que pretenda seguir disfrutando de las ventajas del subsistema centroamericano como si nada. El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) se sustenta en un engranaje jurídico regional (Protocolo de Tegucigalpa, Tratado Marco de Seguridad Democrática, entre otros) que existe dentro del mismo ecosistema normativo que la OEA articula.

En términos políticos y jurídicos, es insostenible que un “gobierno” que se aparta del sistema interamericano pretenda a la vez permanecer cómodamente en un esquema subregional que se alimenta de los mismos principios: democracia, derechos, seguridad humana. Por eso, llamamos a los Estados centroamericanos a considerar un paso que sí generaría presión real: impulsar la expulsión de la dictadura del SICA.

Esto no es simbólico. SICA está vinculado a redes, cooperación y proyectos—infraestructura, energía—y a una arquitectura financiera regional donde el BCIE ha sido un actor clave. Un movimiento claro en SICA implicaría costos reales para una dictadura que solo entiende el lenguaje de los costos.

El balance de la resolución CP/RES. 1301 es positivo—no tanto por su prosa, sino por el hecho de volver a poner a Nicaragua en el radar interamericano y recordar a la dictadura que, aunque se haya querido salir por la puerta política, sigue atada a compromisos y obligaciones que no se extinguen por decreto. Pero la historia nos ha enseñado que cuando una dictadura se ampara en la impunidad, la diplomacia sin consecuencias se vuelve parte del paisaje. Hoy el Consejo Permanente dio un paso. Ahora hace falta más dientes, más coordinación, más presión, y un reconocimiento explícito de que Nicaragua—mientras esté secuestrada—no puede seguir siendo tratada como un socio normal de la institucionalidad regional. El hemisferio no enfrenta un malentendido diplomático. Enfrenta una dictadura.