Siete de cada diez nicaragüenses, cuando necesitan dinero para abrir un pequeño negocio o cubrir alguna emergencia, no acuden a un banco, sino que van a buscar a un prestamista entre sus conocidos, a la microfinanciera más cercana o la tienda de empeño del barrio. Así lo revela la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), publicada por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), que indica que el 70% de personas que accedieron a un crédito en 2023, lo hicieron fuera del sistema bancario formal.
“Las fuentes de financiamiento más utilizadas fueron las microfinancieras, casas comerciales y personas particulares”, señala el informe.
Apenas un 30% de la población recurrió a bancos, cooperativas o financieras reguladas. La preferencia por esquemas informales no es casual. La mayoría de los usuarios no cumple los requisitos formales, o sencillamente no tiene activos para ofrecer como garantía de su deuda.
Para el economista nicaragüense Marco Aurelio Peña, esta situación no es casual, sino el resultado de un modelo económico que margina a quienes no encajan en los intereses de la banca comercial.
“La banca nicaragüense está orientada desde hace años a la banca de consumo, porque ahí encuentra su mayor rentabilidad. Préstamos de vivienda, para vehículos o tarjetas de crédito son su zona de confort”, explica.
“La gente se endeuda para comer, no para crecer”
El crédito en Nicaragua, lejos de impulsar negocios o proyectos productivos, se destina principalmente al consumo básico. El informe del INIDE revela que el 38.5% de los préstamos se utiliza para cubrir necesidades como alimentos, salud o educación. Solo un pequeño porcentaje menor al 20% se invierte en emprendimientos.
“Estamos ante una economía de endeudamiento de subsistencia. La gente se endeuda para comer, no para crecer”, afirma Peña.
“Y lo más grave es que muchos terminan atrapados en esquemas legales, pero usureros. Hay microfinancieras que cobran hasta el 50% de interés anual, y eso sigue siendo legal”, agrega.
Peligro de caer en préstamos “gota a gota”
En Costa Rica, los préstamos informales conocidos como “gota a gota” se han convertido en un peligro social. En 2023, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registró 816 denuncias por extorsión vinculadas a este tipo de crédito, muchas relacionadas con agresiones físicas y amenazas a deudores, según diversos medios locales.
El fenómeno ha sido descrito como una “maquinaria de extorsión”, en la que grupos criminales lavan dinero y cobran exorbitantes intereses a personas excluidas del sistema financiero formal. Hoy en día, este tipo de préstamos ya es considerado delito criminal, sancionado con penas de hasta 15 años de prisión en Costa Rica.
“Convergieron una demanda, una oferta y dos necesidades complementarias… una práctica de extorsión muy antigua”, alertó un informe del OIJ.
Las víctimas enfrentan cobros abusivos y violencia, incluyendo amenazas físicas, retención de objetos personales o incluso secuestros en caso de no saldar las deudas.
Preocupa que crisis de Costa Rica se replique en Nicaragua
Una fuente experta en seguridad ciudadana, quien pidió el anonimato por temor a represalias, advierte que lo que ocurre en Costa Rica debería encender las alarmas en Nicaragua.
Además, señala que el auge de los créditos informales podría convertirse en una bomba de tiempo, porque “el régimen utiliza testaferros para mover y prestar el dinero que las personas sancionadas no pueden mantener en el sistema bancario, debido a las restricciones impuestas por Estados Unidos”.
“Las condiciones están dadas en un país con alta informalidad, instituciones debilitadas, sin regulación efectiva, ni canales claros de denuncia. Es el terreno ideal para que se desarrollen redes de préstamo que, lejos de ser una solución, se conviertan en mecanismos de extorsión, coerción y hasta violencia física, amparados por el poder que el régimen otorga a sus testaferros”, alertó.
La fuente enfatiza que en ausencia de una supervisión real, el negocio de prestar dinero con intereses desproporcionados puede pasar fácilmente del abuso económico a prácticas delictivas, como ocurre en otros países de la región, como Costa Rica.
El negocio de los prestamistas
Carlos es prestamista en un barrio popular de Managua. Comenzó hace cinco años con un capital modesto de 1500 dólares, y en poco tiempo descubrió lo rentable que puede ser prestar dinero en un país donde el sistema bancario excluye a la mayoría. Hoy, su cartera de crédito ronda los 30 mil dólares, según cuenta, gracias a los intereses que cobra mensualmente de un 20% sobre el monto prestado.
“Yo presto sin tantas vueltas. La gente viene porque necesita resolver algo urgente como pagar una emergencia médica, comprar comida o cubrir un gasto inesperado. Conmigo no hay que presentar papeles ni garantías, pero sí deben pagar puntual”, cuenta Carlos, quien opera sin ningún tipo de registro o supervisión estatal, como la mayoría de prestamistas informales en Nicaragua.
El problema es que esa “facilidad” tiene un costo muy alto para los deudores. Un interés del 20% mensual equivale a un 240% anual. Y aunque legalmente la usura está tipificada, la práctica sigue normalizada ante la falta de regulación real y acceso a crédito formal.
Esto significa que, si una persona solicita 300 dólares en préstamo con un interés mensual del 20%, en un plazo de un año (sin amortizar capital), terminará pagando 720 dólares solo en intereses a razón de 60 dólares por mes, es decir, más del doble de lo que pidió prestado, sin haber reducido ni un centavo de la deuda original.
En muchos casos, quienes no pueden seguir pagando terminan renovando el préstamo y asumiendo más deuda sobre la deuda. “Si no pagan, pierden lo que dejaron y si no hay prenda de garantía, buscan a otro prestamista para cubrirme a mí”, admite Carlos.
Una población endeudada
El informe oficial del INIDE muestra que el 54% de los nicaragüenses que pidieron préstamos, no tuvo ninguna garantía real para respaldarlos, y en muchos casos, ni siquiera una fuente de ingresos estable. “El 41.8% utilizó un fiador como forma de garantía, mientras que solo el 36.5% presentó garantías reales como vivienda o vehículo”, admite el documento.
La mayoría de los préstamos tampoco está destinada a generar ingresos. “El destino principal de los créditos fue el consumo, con un 38.5%, seguido por gastos en salud (13.4%) y educación (12.5%)”, señala la encuesta. Solo un pequeño porcentaje mencionó inversión en pequeños negocios o emprendimientos.
Regulación que no regula nada
El experto en finanzas también cuestiona la capacidad del Estado para aplicar esta regulación de forma equitativa, especialmente cuando el contexto fiscal ya es adverso para quienes quieren emprender de forma legal.
“El fisco en Nicaragua es extorsivo. Ni siquiera reconoce el derecho de los contribuyentes a presentar recursos o reparos. Emprender en este país es casi un acto de valentía”, concluye.
Para el analista financiero esto muestra que la deuda en Nicaragua no es una herramienta de desarrollo, sino una medida desesperada para sobrevivir: “La gente se endeuda para resolver el mes. Es un crédito de subsistencia, no de inversión. Y lo hace donde puede: fuera del banco, sin contratos claros, sin tasas reguladas, sin protección legal”, comenta.
El Gobierno sandinista celebra en la encuesta de INIDE que el 76% de la población adulta tenga un producto financiero formal —como una cuenta o una billetera electrónica—, pero el mismo estudio admite que esa inclusión no garantiza acceso justo, ni sostenible al crédito.
“El uso de cuentas sigue limitado, y muchos usuarios solo las utilizan para recibir remesas, subsidios o pagos puntuales”, señala el estudio. Es decir, aunque el acceso bancario aparece en los registros, no implica una verdadera inclusión porque no cambia la realidad de exclusión económica, laboral y social en la que viven la mayoría de los nicaragüenses.
Normativa para prestamistas
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera fue elaborada por el INIDE con apoyo del Banco Central de Nicaragua. La muestra abarcó a más de 8000 personas adultas a nivel nacional. El informe mide el acceso, uso y calidad de los servicios financieros en el país y es la primera edición para medir este rubro.
Desde diciembre de 2024, el régimen Ortega-Murillo activó una nueva normativa que obliga a todos los prestamistas —personas naturales y jurídicas— a registrarse ante la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI). Oficialmente, se trata de frenar la usura y proteger al usuario, pero para Peña, la verdadera pregunta es si este marco realmente cambiará algo.
“La regulación no ha impedido que los intereses sean leoninos. El problema no es que no exista normativa, sino que no protege al prestatario, ni incentiva el emprendimiento. Lo que hace es mantener funcionando un sistema excluyente, que le cobra caro al que menos tiene”, denuncia el economista.
La realidad financiera es que mientras este sistema excluyente impere en el país, personas como Carlos serán una necesidad permanente para la gran mayoría de familias nicaragüenses.