La política y activista feminista nicaragüense Tamara Dávila, una de los 222 presos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos por el gobierno de Nicaragua el pasado 9 de febrero, considera que “Daniel Ortega cada vez está más debilitado y urgido de legitimarse”.
La opositora al régimen de Ortega, de 42 años, explica la represión que dice haber sufrido como política y feminista y cómo ha vivido la vuelta a la realidad exterior: “Cada día es distinto, pero la libertad no tiene precio”.
Dávila, licenciada en Psicología por la Universidad Centroamericana (UCA), ha podido reencontrarse en Estados Unidos con su hija de 6 años, que estaba en Costa Rica con su abuela.
La feminista era miembro del consejo político de la plataforma Unidad Nacional Azul y Blanco y aspiraba a la candidatura de la coalición de cara a las elecciones de noviembre de 2021 hasta que fue detenida en junio de ese año. Después de haber estado un año y ocho meses en la cárcel El Chipote, Dávila señala que no esperaba subir a un avión y aterrizar en otro país: “Cuando me di cuenta de todo, me dió mucha tristeza y empecé a llorar, porque es como si te echan de tu casa, pero era eso o volver a la celda”, argumenta.
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“Después me vino la alegría de saber que íbamos a ser libres y de poder ver a todos los presos”, añade la activista, que comenta que ahora se beneficia de un permiso de permanencia temporal en Estados Unidos por razones humanitarias urgentes creado para nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos.
Dávila, que en prisión se declaró en huelga de hambre, asegura que el gobierno nicaragüense está llevando a cabo una política de destierro y censura a las voces críticas desde 2018: “Es la política de Ortega de quitarse de encima todo lo que le es molesto, y los presos son siempre una carga para cualquier régimen dictatorial (…) su lógica es que quienes no están conmigo están contra mí, y eso lo hace actuar como un sultán y líder de un país entero”, dice.
“El régimen se ha encargado de instaurar un estado de terror, han acallado a la población usando las armas y los aparatos estatales, y quienes deciden quedarse a Nicaragua lo han hecho a un coste muy alto, y eso es lo que hace insostenible al régimen mismo”, denuncia Dávila, que no cree que “esta situación política aguante mucho más”.
La activista denuncia la violación constante de los derechos humanos pero remarca que pese a ello la ciudadanía desea que “haya una salida cívica sin armamento” a la situación y celebra que los nicaragüenses estén unidos en esta “oposición organizada para defender una transición democrática”.
“Feminismo es flanco de ataques”
La detención de la activista se materializó a través de la Ley 1055, que, según Dávila, no existe dentro del código penal, pero que permite al gobierno apresar a todos los contrarios al régimen. “Decidieron que yo debía ser criminalizada por ser feminista y activista, pero la única prueba contra mí que tenían era un megáfono”, argumenta.
Antes de su detención, Dávila recuerda que no tenía posibilidades de huir del país porque sufría persecución policial todo el día y que quedarse en Nicaragua fue una decisión colectiva de muchas mujeres para que Ortega “pagara el coste político de todo el retroceso”.
Según Dávila, el feminismo nicaragüense es desde hace muchos años un flanco de ataques y persecución por parte de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. El régimen de Ortega “está urgido de legitimarse (…) cada vez está más debilitado y sabe que necesita legitimidad”, según la activista y política.
Dávila ve esta “debilidad” del gobierno como una posibilidad para “seguir empujando por la vía cívica para debilitarlos aún más”, y remarca que la situación “crítica” de los derechos humanos en Nicaragua también está siendo “un gran aprendizaje para la comunidad internacional”.