La Reunión de Consulta de Cancilleres celebrada este dos de octubre evidencia dos cosas. La primera, que existe pleno conocimiento en el hemisferio sobre la gravedad de la situación que viven los nicaragüenses. La segunda, quizá más preocupante, es el momento político que atraviesa la región y los límites de los instrumentos del Sistema Interamericano para responder eficazmente frente a regímenes autoritarios que han decidido desconocer sus obligaciones internacionales.

La resolución establece un mecanismo que deberá formular, en un plazo de hasta 60 días, recomendaciones que incluyan acciones diplomáticas y jurídicas concretas, sin recurrir al uso de la fuerza y de conformidad con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y los instrumentos del Sistema Interamericano y del derecho internacional aplicables.

Es decir, la respuesta vuelve a descansar fundamentalmente en la diplomacia y el derecho. No existe, por ahora, un planteamiento de fondo sobre otras medidas colectivas capaces de elevar efectivamente el costo de la represión.

También se plantea “procurar” una visita a Nicaragua. La palabra importa. El 24 de abril de 2022 el régimen ocupó ilegítimamente las oficinas de la OEA en Managua y se apropió de sus instalaciones y bienes. Durante años ha impedido, además, el ingreso de mecanismos internacionales independientes de protección y escrutinio de los derechos humanos.

Pero hay otra dimensión que me parece indispensable incorporar: la perspectiva feminista y la centralidad de las víctimas.

Una respuesta internacional que se construye fundamentalmente alrededor de los intereses, correlaciones y equilibrios políticos de los Estados, pero que no coloca en el centro a quienes han sufrido la violencia, reproduce una lógica profundamente patriarcal del poder. Las víctimas aparecen como objeto de preocupación, pero no necesariamente como sujetos de la acción política.

Desde una perspectiva feminista, no basta con administrar el conflicto: hay que preguntarse quién tiene el poder, quién ha ejercido la violencia, quién ha pagado sus consecuencias y quién continúa asumiendo el costo mientras la comunidad internacional delibera.

Porque la mesa está profundamente desequilibrada.

De un lado está un régimen que controla las instituciones, las armas, las cárceles, la legislación y los recursos del Estado; que ha cambiado las reglas cuando éstas le resultaban incómodas y que ha actuado durante años con un enorme margen de impunidad. Del otro están las víctimas: personas asesinadas, encarceladas, torturadas, desaparecidas, desnacionalizadas, confiscadas, expulsadas de su país o perseguidas incluso más allá de sus fronteras.

Tratar esa relación como si se tratara simplemente de dos partes que deben encontrarse, dialogar o mediar sus diferencias corre el riesgo de producir una nueva violencia: poner a la víctima a negociar en condiciones de desigualdad con quien la ha victimizado.

Eso también es revictimización.

Quienes hemos pagado la osadía de creer que la democracia era posible no podemos ser condenados una y otra vez a demostrar que nuestros derechos fueron vulnerados, mientras quienes los vulneraron continúan administrando el Estado y acumulando poder. Creímos, y seguimos creyendo, que la democracia, la justicia, la igualdad ante la ley y el derecho a participar en la vida pública no son quimeras, sino derechos.

Por eso también falta una verdadera perspectiva del poder.

No puede analizarse la crisis nicaragüense sin reconocer que durante años el régimen ha jugado prácticamente solo: ha quebrantado las reglas, elevado progresivamente los niveles de represión y comprobado que muchas de sus acciones no producen consecuencias internacionales proporcionales al daño causado. Mientras tanto, los mecanismos internacionales documentan periódicamente asesinatos, torturas, desapariciones, desnacionalización, confiscaciones, persecución y represión transnacional.

Documentar es indispensable. Pero documentar indefinidamente sin transformar esa evidencia en capacidad efectiva de protección y rendición de cuentas también revela los límites del sistema.

La reunión mostró además las dificultades para construir una posición regional más contundente. Honduras evitó asumir un compromiso mayor, mientras Costa Rica introdujo una dimensión particularmente relevante: la minería ilegal, la delincuencia organizada transnacional y sus efectos sobre los Estados vecinos. La crisis nicaragüense ya no puede ser entendida únicamente como un problema interno de democracia y derechos humanos. Tiene consecuencias para la seguridad, el medioambiente y la estabilidad regional.

Pero no puedo dejar pasar una ausencia particularmente dolorosa en la intervención de Costa Rica. Al hablar de las amenazas a la seguridad regional, pareció olvidar que la represión transnacional también tiene consecuencias concretas sobre las personas a quienes ese Estado decidió proteger. La demanda de justicia de la familia de Roberto Samcam es insoslayable y urgente. Samcam fue asesinado en territorio costarricense después de haber buscado allí protección, y su caso constituye una de las expresiones más estremecedoras del riesgo que enfrentan las personas nicaragüenses perseguidas incluso después de haber cruzado las fronteras de su país.

El caso de “Roberto Samcam” es la muestra de la actuación de un Estado extranjero en un asesinato cometido en territorio costarricense, constituyendo una gravísima violación de derechos humanos y un crimen que debe ser perseguido penalmente. Estamos también ante un hecho que compromete la soberanía de Costa Rica y abre una cuestión de responsabilidad internacional del Estado involucrado. Por eso corresponde preguntarse, desde el derecho internacional y con el rigor jurídico necesario, qué mecanismos internacionales podrían activarse, incluida, cuando existan las bases jurisdiccionales correspondientes.

La misma determinación debería existir frente a la desnacionalización de 453 nicaragüenses mediante decisiones formalizadas por el régimen y frente a los miles que, en los hechos, han sido privados de la posibilidad de regresar, ejercer plenamente su ciudadanía o mantener un vínculo efectivo con su país. Si estas actuaciones ofenden los principios democráticos, jurídicos y de derechos humanos que los Estados dicen defender, esa indignación tiene que traducirse en consecuencias jurídicas, políticas y económicas.

Después de ocho años de documentación, resoluciones, informes, exhortaciones y condenas, la diferencia entre preocupación y compromiso se mide en la acción.

Actuar, actuar, actuar. Eso es lo que hace falta. No solamente procurar.

Y aquí aparece el problema fundamental del “se procurará”.

Para la diplomacia, 30 o 60 días pueden parecer plazos razonables. Para una persona encarcelada, desaparecida, perseguida o sometida a tortura, pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Para una familia que espera noticias, cada día tiene otro significado. Para quien ha perdido su nacionalidad, su patrimonio, su país o la posibilidad de regresar a casa, el tiempo institucional nunca es neutral.

“Se procurará” llega tarde, lento y mal.

La salida debe ser integral. Y una respuesta integral no significa abandonar la diplomacia ni el derecho internacional. Significa utilizarlos con todas sus capacidades y acompañarlos de protección efectiva de las víctimas, rendición de cuentas, justicia, reparación y garantías de no repetición. Significa comprender que no puede haber una solución democrática sostenible construida sobre la impunidad.

Para hacerlo se necesita algo más que procedimientos. Se necesita coraje político, compromiso democrático y también misericordia con quienes sufren.

Misericordia no entendida como caridad, sino como la capacidad política de reconocer el dolor del otro y actuar frente a él.

Eso es precisamente lo que hoy echo en falta en la respuesta de la OEA: empatía con las víctimas, comprensión de la desigualdad de poder, fuerza política, coraje democrático y capacidad de decisión.

Después de ocho años, el problema ya no es que el Sistema Interamericano no sepa lo que ocurre en Nicaragua. Lo sabe.

Tampoco es que falten pruebas. Los testimonios existen, las víctimas existen, los informes existen y los crímenes han sido documentados una y otra vez.

La pregunta es cuántas víctimas más necesita documentar antes de convertir ese conocimiento en consecuencias.

Porque mientras la diplomacia procura, la represión actúa.

Y mientras el sistema calcula sus equilibrios políticos, las víctimas seguimos pagando el precio.