Con la promulgación de la One Big Beautiful Bill Act este 4 de julio, coincidiendo con el Día de la Independencia de Estados Unidos, el Gobierno de Donald Trump consolidó un amplio paquete legislativo con efectos regresivos para la población migrante. Aunque presentado como una reforma fiscal y de seguridad, el proyecto tiene un carácter marcadamente restrictivo en materia migratoria.
Uno de los pilares de la nueva ley es la eliminación de beneficios sociales para personas con estatus migratorio temporal o irregular. El acceso al Programa de Cupones de Alimentos (SNAP) queda restringido a ciudadanos, residentes permanentes legales y a personas con ciertos estatus especiales (cubanos, haitianos y nacionales de Palau, Micronesia y las Islas Marshall).
Solicitantes de asilo, beneficiarios de Estatus de Protección Temporal (TPS) o personas bajo parole humanitario quedan excluidos, aunque sus ingresos sí se tomarán en cuenta para determinar la elegibilidad de otros miembros del hogar. Este cambio podría aumentar la inseguridad alimentaria entre familias mixtas, donde uno o más integrantes carecen de estatus legal, pero conviven con ciudadanos estadounidenses.
La legislación también establece un conjunto de tarifas que afectarán directamente a quienes buscan regularizar su situación migratoria. Por primera vez en la historia reciente, solicitar asilo tendrá un costo anual de 100 dólares. Obtener un permiso de trabajo (EAD) implicará un pago de 550 dólares, con una vigencia reducida a seis meses. Estas tarifas también aplicarán para beneficiarios de TPS, menores no acompañados y personas con libertad condicional. Este incremento de costos burocráticos busca disuadir a personas en situación vulnerable de iniciar o mantener sus trámites migratorios.
Además, el acceso a la salud será limitado mediante nuevas regulaciones que niegan los subsidios del sistema Obamacare a migrantes que no tengan estatus migratorio regular. Se establece la verificación obligatoria del estatus para acceder a estos beneficios, lo que podría dejar sin cobertura médica a miles de personas en tránsito de regularización o con permisos de trabajo en proceso de renovación.
Expansión del aparato de detención migratoria
En el plano del control fronterizo, la One Big Beautiful Bill Act destina más de 170 000 millones de dólares para reforzar la seguridad migratoria: se ampliará el muro en la frontera con México, se construirán nuevos centros de detención y se contratarán 20 000 nuevos agentes para ICE y CBP.
Las tecnologías de vigilancia, incluyendo inteligencia artificial, recibirán una inversión sin precedentes. Según estimaciones del American Immigration Council (AIC), el número de personas detenidas podría cuadruplicarse, alcanzando hasta 200 000 personas en centros de detención en todo el país.
Este giro hacia la detención masiva de migrantes ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos. Nancy Gupta, directora del AIC, señaló que la ley “socava la seguridad pública y crea caos en las comunidades“, al tiempo que presiona a gobiernos locales y estatales con una política de arrestos masivos. A esto se suma la posibilidad de separar a familias en procesos de asilo o con estatus pendiente, algo que ya había generado condenas internacionales durante la primera administración de Trump.
El sistema de justicia migratoria también sufre modificaciones significativas. Apelar una decisión judicial costará 900 dólares. Se introducen multas para personas con órdenes de deportación en ausencia, y se imponen nuevas tarifas a aplicaciones electrónicas de ingreso al país. La administración Trump complejiza el acceso a la defensa legal, especialmente para quienes no cuentan con representación o recursos económicos suficientes.
Rechazo internacional y consecuencias económicas
La respuesta de la comunidad internacional no se ha hecho esperar. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó duramente el plan fiscal y migratorio, señalando que “criminaliza a los migrantes” y que “va a hacerle mucho daño a la economía de Estados Unidos”. También advirtió que el enfoque represivo no aborda las causas estructurales de la migración, y reafirmó el compromiso de su Gobierno con el programa de apoyo a connacionales deportados.
El presidente Trump, por su parte, celebró la aprobación como una “victoria fenomenal”, asegurando que el plan impulsará la economía “como un cohete” y devolverá el control de la frontera al gobierno federal.
Sin embargo, diversas instituciones, como el Economic Policy Institute, han alertado sobre los posibles efectos adversos: la expulsión masiva de migrantes podría provocar la pérdida de millones de empleos, incluyendo a trabajadores estadounidenses.
Prioridades fiscales y controversias adicionales
Más allá del ámbito migratorio, la One Big Beautiful Bill Act redefine el sistema fiscal de Estados Unidos al hacer permanentes las reducciones de impuestos aprobadas durante el primer mandato de Trump. Entre estas medidas se incluye una tasa máxima del 37 % para el impuesto sobre la renta y beneficios fiscales para trabajadores del sector servicios, como la exención de impuestos sobre propinas y horas extra hasta 2028.
Sin embargo, estos beneficios vienen acompañados de recortes masivos a programas sociales. El más significativo es la reducción de más de un billón de dólares en gastos de Medicaid, lo que podría dejar sin cobertura a millones de personas de bajos ingresos. Aunque los republicanos aseguran que los recortes solo buscan reducir el fraude y los abusos, el propio Congressional Budget Office estima que hasta 11.8 millones de personas podrían perder su seguro médico.
La ley también está plagada de exenciones y privilegios fiscales para sectores específicos, desde productores de ron en Puerto Rico hasta fondos de capital de riesgo en Silicon Valley. Se incluyen beneficios para la industria petrolera, deducciones para escuelas privadas, y hasta exenciones tributarias para bases espaciales. Estas concesiones, valoradas en decenas de miles de millones de dólares, han sido criticadas por favorecer a grupos con poder de cabildeo, mientras se recortan servicios públicos esenciales.
Al mismo tiempo, se cancelan subsidios verdes como los créditos para vehículos eléctricos, eficiencia energética en hogares y fondos para proyectos ambientales en comunidades vulnerables. Esto supone un retroceso significativo frente al Inflation Reduction Act aprobado en 2022.
La ley eleva el techo de deuda nacional en cinco billones de dólares para evitar una crisis de impago en agosto. Esta decisión, integrada en el paquete, busca evitar una negociación directa con los demócratas.
En términos políticos, la aprobación de la ley es una victoria personal para Donald Trump, quien la utilizó como prueba de su dominio político sobre el Congreso y su habilidad para ejecutar su agenda rápidamente. Según The New York Times, su equipo celebra una racha de victorias legislativas, diplomáticas y judiciales que podrían fortalecer su imagen rumbo a las elecciones de 2026. A pesar del rechazo mayoritario en encuestas recientes, su base permanece leal, y el mandatario ya ha anunciado una gira nacional para promover los logros de la Big Beautiful Bill.
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