La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo organizó a la Policía y grupos paramilitares para reprimir y reventar las barricadas que como forma de protesta se levantaron en todo el país desde abril de 2018. DIVERGENTES reconstruye los momentos más mortíferos de la llamada "Operación limpieza", una acción fríamente diseñada desde el Estado y con la que se cometieron crímenes terribles contra quienes plantaron cara al régimen sandinista
“Métanse a las casas” y “no graben o les disparamos”, son las dos advertencias —o amenazas— que recibe Juan*. Se las grita un hombre encapuchado y con fusil de asalto AK-47 en mano que acaba de irrumpir la tranquilidad del barrio María Auxiliadora junto a un nutrido grupo que igual lleva la cara tapada. Cierra la puerta para no recibir un balazo, pero fisgonea por la rendija: ve que todos avanzan con técnica militar hacia las barricadas y disparan sus armas sin respiro. A matar.
Lo anterior es de las primeras escenas del ataque lanzado a los barrios orientales de Managua el 11 de junio de 2018, todo porque un día antes levantaron barricadas. También el estreno de la “Operación Limpieza” del régimen de Daniel Ortega, ejecutada por los encapuchados —llamados paramilitares por la ciudadanía— y fuerzas policiales, que más adelante dejaría una estela de muerte, encarcelados y arrojaría miles al exilio.
Juan recuerda que estas barricadas se levantaron en el María Auxiliadora, Ducualí, Larreynaga y El Paraisito para protegerse de los ataques nocturnos de las “caravanas de la muerte”, conformadas por los mismos encapuchados. Lo hicieron porque el domingo 10 de junio habían probado el amargo sabor de su violencia: fue asesinado un vecino de 39 años mientras circulaba en su moto por el barrio Venezuela. Un disparo en la cabeza le apagó el mundo para siempre.
La población alzada intentó evitar que se quitaran las barricadas, pero no pudo. Los que estaban tras ellas se mantuvieron en pie de lucha durante más de tres horas, pero al final la resistencia cayó porque consistió en defenderse con piedras y morteros, mientras del otro bando sobraban las pistolas y AK-47. De acuerdo con testigos oculares, la operación fue liderada por los paramilitares. Eran los que daban las órdenes de cómo se tenía que mover el resto.
Detrás de los encapuchados iban jóvenes con armas hechizas, palos y tubos, quienes también amenazaban a cualquier cristiano que miraban asomándose tras puertas y ventanas. “Métase vieja antes que la descachimbemos”, advertían. “Eran vagos traídos de otros barrios que no tenían la técnica demostrada por los encapuchados”, asegura Juan.
Cuando el área fue asegurada por los civiles armados, entraron los policías y se mantuvieron en la zona hasta que los adoquines ocupados como barricadas fueron levantados por una pala mecánica y montados en camiones de la Alcaldía de Managua.
“No querían que ni grabáramos cuando entraban los camiones de la Alcaldía a levantar los adoquines. Desde el muro de mi casa saqué el celular y uno de ellos vio, le avisó a los demás y me agarraron a pedradas y morterazos la casa”, cuenta otro habitante, quien omite brindar su nombre porque teme por su vida.
La municipalidad de Managua, la más grande del país y actualmente en poder de una administración orteguista, decenas de veces quedó retratada de cómplice en la Operación Limpieza de Ortega al destinar maquinaria y personal para este tipo de trabajos. Para camuflar su participación mandó a tapar el logo de la institución, estampado en las puertas de los camiones.
Pese a ser violenta, esa jornada en los barrios orientales terminó sin contarse personas asesinadas. Los pobladores de los alrededores lo acuñan a que se pudo escapar a tiempo porque se disparaba a matar. No hubo disparos al aire en señal de advertencia, sino hacia las barricadas. De esto hay constancia en videos grabados por varios pobladores arriesgándose a ser vistos y no quedar para contar el cuento.
El estallido social inició el 18 de abril de 2018 y en menos de una semana el país estaba sumido en un capítulo de protestas sin precedentes durante los años de Ortega en el poder por segunda vez, que inició en 2007 —antes estuvo entre 1979 y 1989. Unas reformas unilaterales al Seguro Social encendieron la llama cívica con plantones en la ciudad de León y en Managua. En la capital las primeras manifestaciones se registraron en los sectores de Camino de Oriente y la Universidad Centroamericana (UCA).
En los tres puntos la respuesta fue la represión. Sin embargo, la ciudadanía no reculó. En esa lógica de manifestación legítima, donde se sumaron otros sectores, es que empezaron a levantar barricadas en diferentes puntos de la capital y trancar las carreteras principales del país.
El ataque a los barrios orientales se constituyó como el primero de la denominada “Operación limpieza”, que consistió en disolver las protestas y abrir el paso de forma violenta, con balas. Ese 11 de junio nadie se imaginó que solo era un ensayo de lo que vendría semanas después, resumido en tres palabras: horror, muerte y luto.
Jinotepe, Diriamba y Dolores cercadas por todos lados. No hay por donde correr. Tampoco nadie de los que permanecen en los tranques pretende hacerlo. Están dispuestos a defenderse del ataque paramilitar y policial puesto en marcha. Es 8 de julio de 2018, el cielo empieza a clarear y las tres ciudades están a punto de vivir una de las jornadas más sangrientas del orteguismo.
Inician los disparos desde diferentes frentes. José*, que ha estado en ataques anteriores y tiene el oído afinado, sospecha que están siendo reprimidos con armamento pesado. “Los paramilitares andaban con armas de guerra: AK-47, RPG-7 y ametralladora M60 y PKM”, sostiene dos años y medio después de haber sobrevivido a la brutal arremetida. También que en el enfrentamiento le quitaron una PKM a un paramilitar y en plena intensidad del combate la ocupan. De esto hay registro en video. “Pero fue en legítima defensa”, añade.
En el caso de Jinotepe, el primer tranque fue puesto por el colegio San José después de la masacre a la marcha de las madres, perpetrada el 30 de mayo y donde un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) plasma en sus conclusiones que seis personas fueron asesinadas. Las barricadas en el San José se convirtieron en las más famosas de la ciudad y al menos en tres ocasiones se intentaron desmontar, aunque sus ocupantes pudieron replegar a los intrusos.
En los registros está que la primera ocurrió el 12 de junio, la segunda el 14 y la tercera el 24 del mismo mes. La del 8 de julio fue la ofensiva final, donde se llegó con armamento de guerra.
El tranque de Carazo no solo representaba una sublevación a Ortega. Era un golpe fuerte en el aspecto económico porque el transporte pesado internacional estaba paralizado sobre la Carretera Panamericana Sur, que forma parte de la ruta vial mesoamericana. Con el paso cerrado, ningún camión podía avanzar y acercarse al vecino país de Honduras, en el Norte; o Costa Rica, al Sur. Con este escenario es que, antes de dar vía libre a la Operación Limpieza, el régimen coreó en el Diálogo Nacional “levanten los tranques”. Al no lograrlo en la mesa de negociación, decidió hacerlo de forma violenta. Según reportes de organismos de derechos humanos, en Jinotepe y Diriamba, hubo al menos 32 personas asesinadas.
A través de testimonios de personas que tuvieron una activa participación en los tranques de Carazo, Divergentes ha logrado establecer la forma en que se desarrolló el ataque ese 8 de julio. Joao Maldonado, uno de los entrevistados y actualmente exiliado en Costa Rica, explica que en avanzada se movilizaba un grupo de civiles, con pasamontañas y de contextura recia. Su movimiento era desordenado, a veces torpe, usaban AK-47 en su mayoría y se escudaban detrás de las camionetas en que llegaron. Luego le seguía otro comando que cargaba el armamento pesado y su despliegue era con técnica. “Demostraban mayor preparación, táctica y con físico que se podía pensar que habían sido sometidos a ejercicios”, dice Maldonado.
Una vez que la zona era asegurada, entraba el contingente policial y palas mecánicas de la Alcaldía para tumbar las barricadas y así avanzar hasta el corazón de cada ciudad, siendo Jinotepe la última en caer. Todos los frentes de ataque se coordinaban por radios comunicadores.
Cuando las tres ciudades cayeron en control de los encapuchados, quienes lograron capear la lluvia de balas se escondieron en casas y otros abandonaron la zona. Días después, con mucho sigilo, cruzaron a suelo costarricense para solicitar refugio al Gobierno. “Acá no estamos bien, pero si volvemos nos meten presos o nos matan”, reconoce otro caraceño exiliado en Costa Rica y que constantemente recibe amenazas desde Nicaragua por mensajes de texto y notas de audio.
Bismarck de Jesús Martínez Sánchez. Militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Trabajador de Ornato en la Alcaldía de Managua. Es la bandera política del régimen en su demanda de justicia y reparación en el papel de víctima de su propia represión. Su discurso es que hubo un intento de Golpe de Estado y en este conspiraron Estados Unidos y la Iglesia Católica. Asegura además que Martínez fue secuestrado y asesinado por tranqueros, como se les llama a quienes mantenían en pie las barricadas.
El orteguismo refuerza el argumento luego de que circuló en las redes sociales un video en donde aparece Martínez todo golpeado, siendo apuntado con un revólver y una cuerda en el cuello. En mayo de 2019, casi un año después de haberse reportado como desaparecido, el oficialismo informó que encontró una fosa en un cauce natural que divide el colegio San José —donde estaba el tranque más fuerte de Jinotepe— y el estadio municipal. Después la osamenta fue trasladada al Instituto de Medicina Legal y tras realizar pruebas de ADN los forenses determinaron que se trataba de él.
Todo esto fue bajo una amplia cobertura mediática por parte de los medios oficialistas, controlados por Ortega.
Una tercera persona que conversó con Divergentes y también tuvo participación en el tranque de San José, reconoce que hablar del caso Bismarck Martínez es “muy delicado”. Aclara que no estuvo la noche de ese 29 de junio en que desapareció. “Lo que te puedo decir con certeza es que se agarraron de eso para caernos con todo el 8 de julio, como justificando la represión”. José y Maldonado también aseguran no saber nada, o poco, del caso.
En las filas del Frente Sandinista, Bismarck Martínez es llamado “héroe del amor y de la paz” y hasta se creó un programa habitacional en todo el territorio que lleva su nombre, incluyendo Carazo, donde el 8 de julio los encapuchados entraron a sangre y fuego.
Una llamada. Rosario Murillo marcándole al Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag. Es para comunicarle que la Alianza Cívica tiene que retirarse de la zona de la iglesia Jesús de la Divina Misericordia. Amenaza con matar el Diálogo Nacional si no lo hace.
Esto fue lo que ocurrió la tarde del viernes 13 de julio de 2018, poco antes que iniciara el desproporcionado ataque al templo, que duró cerca de 12 horas, donde quedaron atrapadas cerca de 200 personas —en su mayoría los atrincherados de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) — y fueron asesinados los jóvenes Gerald Vásquez y Francisco Flores.
La comunicación se dio porque por el sector de Invercasa Claudia Neira y José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), intentaban acercarse a la iglesia; y del lado del Club Terraza estuvo Azahalea Solís y luego el líder estudiantil Edwin Carcache, queriendo hacer lo mismo. Lo que luego vendría serían 12 horas de terror, donde ni estar bajo las cuatro paredes del templo ayudaron para tener la suficiente fe y pensar que se saldría con vida.
Posteriormente el representante del Papa en Nicaragua, quien ha desempeñado el papel de mediador, testigo y canal abierto de comunicación entre ambos bloques en la crisis sociopolítica que ahoga al país desde abril 2018, llamó a varios integrantes de la Alianza y pasó la voz, confirmó Divergentes para la elaboración de este reportaje que reconstruye el brutal ataque a los atrincherados de la UNAN-Managua.
Transcurrió poco tiempo, no más de una hora desde esa llamada de El Carmen, para que se arremetiera contra la Divina Misericordia, siendo superior en intensidad y duración que la recién ejecutada en el recinto universitario para sacar a los atrincherados.
El ataque se prolongó hasta el alba del siguiente día y estuvo al menos desde tres diferentes puntos, siendo el lado sureste el principal, de donde todo indica salieron los disparos que acabaron con la vida de Gerald y Francisco, asesinados en la trinchera levantada sobre la pista que flanquea parte del templo.
El tiempo que duró el ataque pasó a cuenta gotas. Las personas que quedaron atrapadas las sintieron eternas. Sin esperanza alguna por la ferocidad y además estaba en proceso la entrega del recinto universitario, que fue tomado el 8 de mayo. De hecho, se redactó una carta dirigida a Jorge Solís, coordinador de la Comisión de Verificación y Seguridad del Diálogo Nacional, en donde se mencionaba la entrega siempre y cuando se cumplieran ocho garantías.
Estas eran: el compromiso de las autoridades universitarias de no tomar represalias con los estudiantes que participaron activamente en las protestas, recibir medidas cautelares de organismos internacionales de Derechos Humanos, cumplimiento y respeto de las medidas cautelares, que a nadie de los atrincherados se le presentara cargos criminales relacionados a la lucha, compromiso del régimen en no iniciar una represión selectiva con ellos, que no hubiera represión selectiva hacia docentes, empleados administrativos y trabajadores en general que brindaron algún tipo de apoyo; que la entrega fuera grabada por el Canal Católico y por último garantizar casas de seguridad para quienes las necesitaran luego de salir.
La carta no se pudo entregar, pero Jesús Tefel, miembro de la organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y que en ese entonces ayudaba en la redacción de la misiva junto a Olama Hurtado, asegura que el régimen estaba enterado de su existencia y por eso ordenó antes el ataque. “La dictadura no toleró que los chavalos fueran a entregar pacíficamente la universidad porque le desmontaba la narrativa de que ahí lo que había eran vagos, terroristas y tenían destruida las instalaciones (…) también quería sangre”.
Esta iglesia que estuvo bajo ataque durante más de diez horas y que el fuego cesaba solo por intervalos de cinco minutos y era el tiempo en que los civiles cargaban sus armas, fue construida entre finales del Siglo XX y principios del XXI. Los terrenos los donó la administración edilicia de Roberto Cedeño y lo primero que hubo fue una enramada. Años después se pudieron erigir las paredes que fueron pasconeadas esa noche del 13 de julio y madrugada del 14. Los orificios más pequeños tienen un diámetro de cinco centímetros y los más grandes miden hasta 15 centímetros. Esa es la huella del terror.
Tiempo después, en febrero de 2019, Bellingcat, sitio especializado en investigaciones sobre zonas en conflicto y abusos contra derechos humanos, así como uso y tráfico de armas y comportamientos criminales, publicó un informe determinante, que abarca del 13 al 17 de julio 2018. Revela que en ese periodo se usaron escopetas lanzagranadas M79, AK-47, PKM, pistolas automáticas y por lo menos seis fusiles de largo alcance.
El tiempo en que duró el ataque a la Divina Misericordia la Policía mantuvo cerrado el perímetro. La idea era que nadie lo viera ni intentara evitarlo. Sin embargo, algunos habitantes de la zona revelan bajo anonimato que algunos francotiradores disparaban desde los árboles y que otros, de acento extranjero, recordaban que la orden era acabar con todos.
Dentro del templo había varios jóvenes heridos. Pese a esto el régimen no permitía que ingresaran las ambulancias y se los llevaran al hospital. Fue por gestión del Nuncio Apostólico que, ya avanzada la noche, se evacuaron a los heridos y Joshua Partlow, periodista del Washington Post, que también había quedado atrapado. Al tener el aval gubernamental, el padre Raúl Zamora, de la Divina Misericordia y que también sufría el ataque, salió con una bandera a barrer los “miguelitos” que estaban en la calle para que las ambulancias pudieran hacer efectivo el rescate al menos de algunos cuantos.
El resto tuvo que permanecer bajo ataque hasta la mañana del 14, cuando se logró la salida de todos. Fueron trasladados a la Catedral Metropolitana de Managua donde la familia de la mayoría los esperaba. El país seguía el minuto a minuto del gran rescate.
Un día antes del ataque sobrevoló un dron por la zona de la iglesia y los atrincherados que estaban en la barricada de ese lado intentaron derribarlo a punta de morteros, pero no pudieron. “Me pareció curioso porque estaba volando sobre los muchachos y ellos trataron de derribarlo”, confía uno de los testigos de esa agresión. Esto demuestra que el ataque fue fríamente calculado.
La caravana de camiones avanzaba despacio y estaba a pocos kilómetros para entrar a Santo Tomás, Chontales, cuando fue emboscada. En un abrir y cerrar de ojos empezó a ser atacada. “A nadie le dio tiempo de ver quién cayó”, dice el campesino Nemesio Mejía al hablar de ese suceso en que todavía flota información difusa sobre la cantidad de heridos y muertos.
Reconoce que es difícil saber con precisión la cifra que hubo ese 14 de julio de 2018 porque lo que hicieron todos fue correrse, internarse en la montaña. “Después nos dijeron que la Policía estaba resguardando un lugarcito de por ahí que se llama Poza Azul. A nadie dejaban entrar y era por algo”, agrega Nemesio, sobreviviente de la emboscada y quien fue coordinador del tranque que el campesinado mantuvo en el empalme de San Pedro de Lóvago y la razón del ataque, en una jornada más de la “Operación Limpieza”.
Durante 65 días ningún vehículo logró pasar por ese tranque, clave porque enlaza las ciudades de Juigalpa, Acoyapa y Santo Tomás, zonas altamente productivas de Nicaragua. Las barricadas estaban conformadas por adoquines, láminas de zinc y llantas viejas de camiones, pero se quitó al advertir el ataque.
La retirada se emprendió porque cinco días antes llegó la noticia al tranque de que a Juigalpa habían llegado los civiles armados y policías. Reconocieron que estaba por ejecutarse la “Operación Limpieza” porque ya lo habían hecho en Carazo. “El plan de nosotros no era de resistencia armada. No estábamos en Lóvago para protagonizar una guerra”, justifica el campesino al hablar de la retirada.
Minutos antes de la emboscada, hubo una alerta de que los estaban esperando en la entrada a Santo Tomás. Nemesio la recibió por teléfono. Paró la caravana y se lo comunicó a todos, pero una parte no creyó y continuó el viaje. “Hubo una algarabía de la gente, dijo que no (había ningún retén) y continuó. Pude montarme en el último vehículo y casi por entrar los camiones fueron atacados. Y no era un balazo, eso es como cuando estamos a las 12:00 a.m. del 24 de diciembre”.
Ya en ese punto fue un sálvese quien pueda. Los campesinos se tiraron de los camiones, siendo unos heridos, otros capturados y los que se escondieron. Los que tuvieron suerte escaparon, internándose en las montañas por grupos. Nemesio fue uno. Durante seis días caminó entre monte, sin comer ni beber nada. Con costo pudo hacer una llamada para contar lo poco que sabía, antes que se quedara sin batería.
Gabriel Mairena, hermano del líder campesino Medardo Mairena, no pudo hacer lo mismo. Recibió un balazo en su hombro izquierdo cuando se corría de la emboscada. En ese momento se creía que había muerto porque varios hermanos en la lucha lo vieron desplomarse, pero luego logró ponerse en pie, alejarse por la carretera y perderse en una cuesta. Se refugió en el monte. “Apenas oscureció salí ese día, hasta entonces”, comenta.
Pero mientras estaba escondido, Mairena vio zopilotes sobrevolando el área y “cuando eso pasa no es por gusto. Me dicen que hubo varios muertos, pero yo no vi a nadie la verdad. No hubo tiempo para hacer otras cosas más que correrse de la emboscada”, reconoce.
El paso por Lóvago fue cerrado el 10 de mayo. Para ese entonces eran más de 2,000 campesinos los presentes, pero la cifra bajó conforme pasó el tiempo porque era época de trabajar la tierra. A Mejía varios le dijeron que se iban porque sus parcelas los esperaba. Era la fecha para sembrar yuca, quequisque, malanga y arroz. “Debía preparar la tierra antes de que cayera el agua. Estos productos deben estar en tierra porque las primeras lluvias le caen como abono”, explica.
El día de la emboscada eran menos de 300 los campesinos que quedaban. “Tuvimos una buena organización y por eso los felicité públicamente una mañana, porque nos reuníamos todos los días para hacer una oración. Que haya bajado el número de campesinos fue por sembrar y también, hay que reconocer, muchos estaban cansados”, confiesa Mejía.
Instalados en plena carretera, durante 65 días, la dormida fue en el monte o sobre enormes rocas. Los que podían hacerlo ya que en las madrugadas un grupo tenía que mantenerse vigilante ante un posible ataque. El que tarde o temprano llegó con una emboscada.
“Sabíamos que nos iban a caer. Es que solo Monimbó seguía con las barricadas”, dice Julián*. Y es cierto, solo este barrio indígena, que podría ser nombrado como la “zona cero” de Masaya, se mantenía firme. El resto ya había caído con la sangrienta “Operación Limpieza”.
A todas luces era un ataque anunciado, que se consumó el 17 de julio de 2018, día de la Alegría — fecha en que Anastasio Somoza Debayle huyó de Nicaragua, en 1979 — y dos antes de celebrar el 39 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, en un año que, según la población, Ortega se había parecido más al dictador Somoza por su brutal represión. El nivel y la saña alcanzada fue tal que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que documentó la violencia vivida entre el 18 de abril y 30 de mayo, determinó que se cometieron crímenes de lesa humanidad.
Julián dice estar vivo de milagro tras ese último ataque. Defendió el tranque del barrio indígena de Monimbó en varias veces de todas las que el régimen intentó desmotarlo con fuerza de civiles y policías. Como lo hizo la mayoría de personas, se involucró en la lucha contra el régimen de Daniel Ortega por creerla justa. “No podía ser indiferente a lo que pasaba en el país, sentí que debía sumarme por ese anhelo de respirar libertad”, cuenta ahora desanimado. Tal vez porque la sangre corrió y al final de la partida Ortega siguió en el poder. Hasta hoy.
La mañana de ese 17 de julio las campanas de las iglesias de Masaya sonaron con escándalo. Anunciaban el ataque que estaba en marcha porque los civiles encapuchados y policías sitiaron la ciudad por los tanques de Mebasa, el camino viejo a Niquinohomo y la calle real de Monimbó. Igual a la “Operación limpieza” de Carazo tan solo nueve días atrás, llegaron en camionetas marca Toyota Hilux sin placas, se comunicaban a través de radio comunicadores y hacían equipo con los policías. Detrás de esa escena macabra estaba la pala mecánica que, una vez tomado Monimbó, echaría abajo las barricadas levantadas en ese abril de efervescencia social. El mismo guion implementado en los barrios orientales de Managua y Carazo.
Los monimboseños aguantaron incansables. Había bravura en las barricadas, pero la defensa era de cristal al estar compuesta principalmente por morteros y bombas artesanales. Aníbal, otro exatrincherado, asegura que la pólvora estaba escasa porque dos días antes los atacaron por el sector de la rotonda Las Flores y tuvieron que responder. Mientras que del otro lado había AK-47, escopetas y armas de guerra como PKM y M-16.
“Era lluvia de balas y solo se miraban las puntas de las armas. Luego oías el pencazo y te ibas al suelo para que no te dieran. Por el sonido es que decían que andaban escopetas, AK y PKM”, recuerda Aníbal.
Esta violación masiva a los derechos humanos protagonizada por las fuerzas de represión, duró más de cinco horas y al final la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), cuyo secretario ejecutivo es Álvaro Leiva y tuvo que exiliarse en Costa Rica, hubo tres fallecidos. Medios de comunicación como LA PRENSA constataron solo dos de estos porque el ambiente impedía recorrer las calles con libertad.
La punta de lanza del ataque, recuerda Aníbal, eran los encapuchados que ese día vestían de camisetas azules. Se movían con la técnica de un militar, se compartían las tácticas de avance con los otros grupos por radio, como en Carazo. La caída de Monimbó fue a eso de las 3:00 p.m., cuando se tomaron la placita. “Era la columna vertebral de todo, el cuartel”, zanja Aníbal.
Una vez que entraron a la placita, donde enfrente está la iglesia San Sebastián, lo primero que hicieron fue destruir un altar a los caídos que estaba a la orilla del templo y todo adornado con flores, velas y cruces. Luego izar la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y borrar toda pinta alusiva a la resistencia de Monimbó.
De la cantidad de jóvenes que resistieron el último ataque no se tiene cifra. Julián y Aníbal dicen que eran centenares, pero no mencionan el número porque variaban por cada barricada. Además, que al final unos se escondieron en casas y otros se fueron a la laguna de Masaya, que la conocían como la palma de su mano. Días después una parte brincó la frontera con Costa Rica por punto ciego para no ser cazado.