Lo que durante años pareció una advertencia incómoda de la oposición nicaragüense empieza a entrar, tarde, en el lenguaje diplomático regional. Que la seguridad de Centroamérica pueda verse afectada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya no es una exageración ni una consigna: es una discusión que llegó a la OEA porque los hechos terminaron cruzando fronteras, contaminando mercados, presionando instituciones y usando la migración, el crimen y las alianzas externas como instrumentos de poder.

Durante años hemos dicho que el régimen Ortega-Murillo es un problema para la región. Y muchas veces hemos sentido que esas palabras caen en el vacío, como si fueran apenas un intento de involucrar a otros en una causa que consideran ajena. No sorprende. Es la misma lógica de muchos nicaragüenses que creen que nada les pasará si no se meten en política, hasta que una multa injusta, un cobro desmedido de impuestos o un conflicto con alguien cercano al poder les recuerda que la política también los alcanza.

Con los países ocurre algo parecido, aunque con más cálculo. A la idea de “ese no es mi problema” se suma la conveniencia de preservar relaciones comerciales, cooperación fronteriza e intercambios de seguridad. Por eso tantos gobiernos han escuchado las advertencias sobre Ortega como quien oye una alarma lejana: incómoda, pero todavía no urgente.

Pero las dictaduras autoritarias como la de Ortega y Murillo no se sostienen sólo neutralizando amenazas internas. También necesitan reducir, confundir o paralizar amenazas externas. Para eso usan influencia política, tolerancia hacia circuitos criminales, fronteras porosas y crisis fabricadas. La lógica es sencilla: mantener al vecino ocupado en sus propios incendios para que mire menos lo que ocurre dentro del país que ellos controlan.

A esto se suma una debilidad de las democracias: suelen leer la realidad en clave institucional. Una sentencia parece una sentencia; una orden ejecutiva parece una orden ejecutiva; un intercambio de inteligencia parece cooperación ordinaria. El problema es que, frente a una dictadura, esa lectura puede ser ingenua. 

Los modelos democráticos asumen que hablan con pares, cuando en realidad tratan con un aparato estatal capturado.

Volvamos entonces a la afirmación central: Los Ortega-Murillo como amenaza a la seguridad regional. Si un régimen entrega información falsa, refugia delincuentes, tolera redes ilícitas, infiltra sistemas políticos o amenaza con entorpecer el comercio intrarregional cuando no obtiene lo que quiere, ¿no basta eso para reconocer que ya no estamos ante un problema doméstico?

Los ejemplos concretos vuelven innecesaria la abstracción. Está Crucitas, donde autoridades costarricenses han denunciado el traslado ilegal de sedimentos con oro hacia Nicaragua por el río San Juan. 

El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica ha señalado la presencia de grupos vinculados al crimen organizado transnacional que extraen material minero en territorio costarricense y lo trasladan hacia puntos del lado nicaragüense. Informes de prensa han citado al ministro Mario Zamora indicando que el área afectada por la extracción ilegal pasó de unas 900 hectáreas a más de 3.000, y que la operación dejó de parecer artesanal para adquirir rasgos semi industriales. Ortega podrá negar responsabilidad, pero la pregunta sigue siendo la misma: concha arriba, concha abajo, tortuga en medio… ¿Qué es?

También están las lanchas cargadas de droga interceptadas en El Salvador, señaladas por autoridades salvadoreñas como procedentes de Nicaragua, mientras Managua responde con la negación habitual. 

A eso se suma el deterioro de la cooperación antinarcóticos: reportes vinculados al Departamento de Estado de Estados Unidos han señalado la falta de colaboración del régimen y el retiro de operaciones de la DEA en Nicaragua a partir de 2025. Un caso puede parecer incidente; varios casos, sumados al cierre de canales de cooperación, empiezan a parecer patrón.

Ni qué decir del uso de la migración como presión política. Investigaciones periodísticas han documentado que Nicaragua se convirtió en puerta de entrada de flujos irregulares hacia Estados Unidos, con vuelos desde África, Asia, Europa del Este y Medio Oriente. El País reportó más de mil vuelos con migrantes hacia Managua entre mayo de 2023 y mayo de 2024; Confidencial habló de 1.475 vuelos chárter y más de 191.000 pasajeros; Reuters describió rutas desde África Occidental e India, con pagos de hasta 10.000 dólares desde África y entre 72.000 y 96.000 dólares desde India. Eso no ocurre por accidente. Un régimen que convierte seres humanos en palanca diplomática entiende el desorden como herramienta.

A ese cuadro se suma la presencia rusa. En Managua opera una estación terrestre del sistema GLONASS, inaugurada en 2017 en Nejapa y presentada como la primera de ese sistema ruso en Centroamérica. GLONASS es el equivalente ruso del GPS estadounidense y puede tener uso civil y militar. También está el centro de entrenamiento del Ministerio del Interior ruso en Managua, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en mayo de 2024 por apoyar la represión del régimen Ortega-Murillo.

Cuando una dictadura centroamericana recibe asesoría rusa en seguridad, contrainteligencia y represión; instala infraestructura sensible vinculada a Moscú; y firma convenios militares con una potencia enfrentada a Occidente, la región no puede seguir actuando como si se tratara de una relación bilateral ordinaria.

Otro frente, menos visible pero quizá más peligroso, es el financiero. Ortega ha buscado mecanismos para resistir sanciones y empujar a Nicaragua hacia circuitos alternativos, con Rusia y China como socios naturales. En 2024, analistas advirtieron que la llamada ley de protección frente a sanciones podía poner a los bancos nicaragüenses ante una disyuntiva grave: obedecer al régimen y arriesgar su relación con el sistema financiero internacional, o cumplir estándares globales y exponerse a represalias internas.

Ese movimiento podría abrir canales menos vigilados para mover dinero, facilitar evasión de sanciones y servir como corredor para blanqueo de activos. Y aquí el oro importa otra vez. El Departamento del Tesoro sancionó en 2024 a compañías vinculadas al sector aurífero nicaragüense, señalando que el oro es la principal mercancía de exportación del país y una fuente de ingresos para el régimen. Según datos citados por medios independientes a partir de estadísticas oficiales, las exportaciones de oro superaron los 1.127 millones de dólares en 2023. No hablamos de un rubro marginal, sino de una fuente central de divisas, poder y opacidad.

Por eso el debate ya no debería ser si el régimen Ortega-Murillo puede convertirse en una amenaza regional. Ese debate llega tarde. La pregunta correcta es por qué tantos gobiernos siguen tratándolo como un problema doméstico nicaragüense cuando sus efectos cruzan fronteras, presionan instituciones, contaminan mercados, movilizan personas, abren rutas ilícitas, tensan la cooperación antinarcóticos y conectan a Centroamérica con intereses rusos en seguridad e inteligencia.

Ortega y Murillo no necesitan invadir a nadie para ser una amenaza. Le basta con desinformar, infiltrar, proteger, permitir, presionar y usar el territorio nicaragüense como plataforma. Esa es la forma moderna de la amenaza: no siempre llega con tanques; a veces llega con vuelos, oro, lanchas, bancos, asesores extranjeros y documentos oficiales firmados por instituciones que ya no funcionan como instituciones, sino como extensiones del poder.

En resumen: la dictadura copresidencial no será una amenaza regional. Los Ortega-Murilo ya son una amenaza regional.