La concesión de asilo a expresidentes acusados de corrupción por Nicaragua, en el contexto de la expulsión de ciudadanos opositores, como los 222 nicaragüenses desterrados, incluido yo, es profundamente injusta y revela la doble moral de la dictadura de Ortega y Murillo. 

Esta práctica distorsiona el propósito del asilo político, que debería proteger a quienes realmente son perseguidos por sus ideales y no servir como refugio para aquellos evadidos de la justicia por actos de corrupción comprobados. 

El hecho de que Nicaragua se haya convertido en santuario para individuos como Mauricio Funes, Salvador Sánchez Cerén y Ricardo Martinelli, todos bajo acusaciones serias de corrupción e investigados bajo el debido proceso, contradice los principios del derecho internacional y mancha la integridad de cualquier sistema de asilo legítimo.

Esta ironía, donde se acoge a criminales mientras se despoja de la nacionalidad a patriotas, erosiona la justicia y la igualdad ante la ley, perpetuando la impunidad y deshonrando la dignidad nacional.

La acogida de corruptos extranjeros y el otorgamiento de nacionalidad y empleo público por parte de Nicaragua deterioran gravemente la imagen internacional de todo el estado de Nicaragua. Esta práctica no solo se burla del principio de asilo político, reconocido internacionalmente para proteger a los verdaderamente perseguidos, sino que también exhibe la decadencia moral del régimen de Ortega, convirtiendo a Nicaragua en un estado paria y refugio de fugitivos. 

Tal comportamiento contraviene los principios de justicia, el estado de derecho y la cooperación internacional, fomentando la impunidad y socavando la confianza en el sistema judicial global. 

Al brindar refugio a criminales, Ortega traiciona a su pueblo y mancilla la dignidad nacional, consolidando un legado de complicidad con la criminalidad y la impunidad.