La política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump comienza a mostrar grietas internas, incluso entre sectores que lo respaldan. Este jueves 12 de junio, el propio mandatario reconoció que su estrategia de “mano dura” contra la migración irregular está afectando la agricultura, hotelería y otros rubros esenciales para la economía del país. Sin embargo, aún así amaina: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este jueves el fin inmediato de sus permisos para vivir y trabajar en Estados Unidos.
La medida afecta directamente a inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que llegaron bajo el programa de parol humanitario implementado durante el Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden, de acuerdo a reportes de la cadena televisiva Telemundo. Según un aviso oficial, los beneficiarios del programa recibirán un correo electrónico informándoles que su estatus migratorio ha sido terminado y que deben abandonar el país de forma voluntaria. De no hacerlo, advierte el documento, podrían ser objeto de acciones de deportación o detención sin derecho a realizar arreglos personales previos.
El mensaje es claro: “Este aviso le informa que su permiso de permanencia ha sido revocado. Si no se marcha, podría estar sujeto a medidas de cumplimiento de la ley migratoria”. Además del estatus migratorio, los permisos de trabajo vinculados al programa también serán invalidados y deberán ser devueltos a las autoridades migratorias.
Por otro lado, Trump admitió a medias cómo su política antiinmigrante tiene efectos adversos en el sector agrícola de Estados Unidos. “Debemos proteger a nuestros agricultores pero sacar a los CRIMINALES FUERA DE EE.UU. ¡Se avecinan cambios!”, escribió Trump en Truth Social, su red social.
A pesar del tono combativo, admitió, en la misma publicación, que “muchos trabajadores se están alejando durante mucho tiempo de sus puestos de trabajo y son casi imposibles de reemplazar”.
Organizaciones agrícolas y empresariales alertaron que los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) generan miedo entre empleados indocumentados, quienes evitan salir de sus casas o acudir a sus empleos.
Según el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC), estos trabajadores —en su mayoría migrantes sin documentos— aportaron más de 89 900 millones de dólares en impuestos durante 2023.
Florida: entre la criminalización de la protesta y el blindaje a ICE
Mientras Trump perfila ajustes, en estados como Florida se refuerza el enfoque punitivo. El fiscal general James Uthmeier anunció un programa para “proteger” a los agentes del ICE frente a las protestas ciudadanas. “No somos California, no permitimos los disturbios en Florida”, dijo, en referencia a las manifestaciones en Los Ángeles que llevan casi una semana.
El estado implementará revisiones de bienestar y escoltas para agentes migratorios, e incluso designará un oficial de enlace exclusivo con ICE. La medida busca frenar prácticas como el doxing, que expone datos personales de funcionarios. Además, el fiscal hizo referencia a la Ley Antidisturbios de 2021, que endurece sanciones contra manifestantes, criticada por organizaciones civiles por restringir derechos fundamentales.
“Si golpean a uno de nosotros, irán al hospital y a prisión, y lo más probable es que los muerda uno de nuestros grandes y hermosos perros. Si arrojan un ladrillo, una bomba o apuntan a alguno de nosotros, notificaremos a su familia donde recoger sus restos porque los mataremos”, advirtió el alguacil del condado de Brevard, Wayne Ivey, en un tono que generó inquietud entre activistas de derechos humanos.
El gobernador Ron DeSantis ha promovido acuerdos con ICE en los 67 condados del estado, permitiendo redadas y detenciones a través de la Patrulla de Carreteras. Así Florida se consolida como bastión de la política migratoria trumpista.
Más migrantes regresan al sur ante el cierre de rutas
En el extremo sur del continente, la dinámica migratoria ha dado un giro inusual. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, advirtió sobre el incremento del flujo migratorio “inverso”: personas que, tras fracasar en su intento de ingresar a Estados Unidos, regresan hacia el sur. Según cifras oficiales, 11 810 migrantes han sido contabilizados en esta ruta, provenientes principalmente de Venezuela, Colombia, Perú y países extracontinentales como Nepal, Irán y Camerún.
“Me preocupa que va subiendo el número de ciudadanos viniendo de norte-sur”, expresó Mulino, quien atribuyó el fenómeno al cierre de rutas legales y seguras en el hemisferio norte.
Mulino recordó que su Administración, cuyo quinquenio comenzó el 1 de julio de 2024, “cerró” los caminos en la selva del Darién que utilizaron “más de un millón” de migrantes irregulares en su viaje hacia el norte en los últimos años, en la que fue una crisis humanitaria sin precedentes en la región.
De hecho, el pasado 14 de mayo el Gobierno de Panamá cerró la principal estación migratoria a la salida de la selva fronteriza con Colombia, ante la drástica caída del flujo hacia el norte de viajeros irregulares.
Ante la imposibilidad de atravesar la jungla, muchos migrantes optan ahora por rutas marítimas: embarcaciones que parten desde puertos caribeños panameños hacia poblaciones fronterizas con Colombia. Este cambio en la dirección del éxodo expone cómo las políticas restrictivas de Estados Unidos repercuten más allá de sus fronteras y reconfiguran el mapa migratorio de toda América Latina.