La dictadura nicaragüense es una de las más despiadadas del mundo, y su comportamiento y naturaleza demuestran que su radicalización aún no ha alcanzado un punto crítico.

Mientras el país perpetúa este régimen autoritario o dictatorial mediante la fuerza, la censura, el aislacionismo, las alianzas con estados parias y la criminalización de la ciudadanía, es importante considerar tres razones por las que, en este contexto, la presión proporcional resulta crucial.

Un régimen amenazante de naturaleza impredecible.

La naturaleza amenazante de la dictadura de Ortega-Murillo es motivo de verdadera preocupación, ya que refleja dos hechos clave: primero, el régimen está dispuesto a agredir de cualquier forma, tanto internamente como externamente; y segundo, no sigue un guion ni un plan preestablecido. Es impredecible.

En menos de diez años, la dictadura ha provocado la expulsión de migrantes, ha permitido que su territorio se utilice como punto de tránsito para que cientos de miles de ciudadanos de terceros países lleguen a la frontera entre Estados Unidos y México, ha firmado alianzas de seguridad con Rusia, ha otorgado concesiones mineras (al menos una décima parte del país) a China y ha recibido préstamos de este país, ha dado refugio a individuos vinculados al crimen organizado o al terrorismo, ha expulsado a líderes cívicos a otros países, ha facilitado y autorizado el crimen transnacional violando la soberanía de otro país. 

Además, ha reducido el control sobre Nicaragua como otro centro de narcotráfico (en ruta hacia Rusia) y ha expulsado o impedido la entrada a extranjeros y residentes locales. 

Estas acciones atacan a los países y amenazan la estabilidad regional; actúan de forma impredecible, sin un guion ni un plan, pero con la certeza de que, sea lo que sea que tengan a mano, lo usarán para mantenerse en el poder y contrarrestar los intereses estadounidenses, latinoamericanos y democráticos. 

La naturaleza impredecible y generalizada de estas acciones conlleva un alto riesgo y pone en peligro la seguridad hemisférica: mañana Murillo podría dar refugio a terroristas iraníes, otorgar residencia a líderes cubanos para evadir la captura durante el colapso de la dictadura, fomentar otra ola migratoria ante la desaceleración económica de 2027 o provocar una nueva ola de represión.

Un país que, según todos los indicadores, está en declive.

La radicalización a través de la captura del Estado ha creado una situación en la que los ciudadanos carecen de acceso a redes de protección social, empleos competitivos y fiables, y reciben una educación deficiente y politizada. La calidad del capital humano en Nicaragua es mucho menor que hace diez años, y es el país con peor desempeño entre todos los miembros del CAFTA-DR.

Pero Nicaragua está experimentando una recesión económica, resultado, al menos durante los próximos dos años, de la disminución de las remesas (Nicaragua ocupa el tercer lugar a nivel mundial como país más dependiente de las remesas, y el primero en América Latina y el Caribe), un creciente déficit comercial, el estancamiento de la actividad interna, comercial y financiera (el sistema financiero no desembolsa más de $40 millones mensuales en préstamos), y la disminución de los préstamos externos (los bancos multilaterales ya no están dispuestos a seguir prestando), sin una política económica confiable más allá de los controles cambiarios o un eventual uso limitado de las reservas internacionales. 

Las consecuencias serán a largo plazo: deprimirán la actividad económica, aumentarán la pobreza y la informalidad e incrementarán la intención de migrar a Estados Unidos, España, Costa Rica, y el resto de Centroamérica y México.

Ya se observa una tendencia al alza en la llegada de migrantes nicaragüenses a la frontera entre Estados Unidos y México, lo que evidencia la creciente vulnerabilidad que enfrentan ante el deterioro continuo. La experiencia de otros países de Centroamérica y el Caribe ha demostrado que el creciente deterioro social da paso al crimen organizado transnacional, a la delincuencia, a la protesta social y a la migración. 

Para 2026, al menos el 15% de los hogares han manifestado su intención de migrar, una cifra similar a la de 2024 y 2019, antes de la nueva ola de represión contra los líderes cívicos. Además, la inseguridad constituye el segundo problema principal por segundo año consecutivo, después de las dificultades económicas.

La coalición ganadora ausente

Las transiciones democráticas del último cuarto de siglo demuestran que el éxito depende de la combinación de tres esfuerzos principales: la acción internacional, el rechazo del electorado a los autócratas y un movimiento cívico organizado. El camino de Nicaragua hacia la transición democrática también depende de estas tres realidades, y la presión internacional, liderada por Estados Unidos y la región, ha sido proactiva, pero el descontento visible del electorado requiere enfoques estratégicos para dar voz a la ciudadanía sin recurrir a la represión. Su movimiento cívico es débil, fragmentado y algo polarizado, y necesita reconocimiento y apoyo internacionales.

Construir una coalición ganadora es fundamental para detener la radicalización continua, y la política estadounidense e interamericana tiene mucho que decir al respecto. La situación actual es desfavorable para la lucha por la democracia y, con presión internacional, un movimiento de oposición fuerte, unido y organizado puede contrarrestar el régimen dictatorial.

Presión de EE. UU. sobre Nicaragua

Estas son tres razones cruciales por las que se necesita una presión proporcional sobre el régimen para prevenir la agresión externa continua, el deterioro social interno que podría derivar en fragilidad estatal, y promover las bases de una coalición ganadora que contrarreste el equilibrio de poder imperante.

La presión debe centrarse en las debilidades y puntos ciegos del régimen, incluyendo sus fuentes de enriquecimiento y prácticas cleptocráticas, las fuerzas que reprimen y criminalizan a los ciudadanos, y el espíritu democrático imperante entre los nicaragüenses. 

En primer lugar, se debe elaborar una política estadounidense hacia Nicaragua, siguiendo el legado de la legislación anterior (Ley de Nicaragua y Renacer) y vinculada al nuevo proyecto de ley. Se requiere mayor presión unilateral y multilateral continua sobre áreas que benefician al régimen, incluyendo el acuerdo CAFTA-DR, las transacciones financieras internacionales que eluden el escrutinio y la rendición de cuentas, y el apoyo y la coordinación con disidentes nicaragüenses, defensores de la democracia y líderes cívicos. Estos pasos son una premisa importante para mitigar la continua radicalización de Nicaragua.