El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado, lo que podemos considerar, el último paso en la consolidación de su proyecto de sucesión dinástica en Nicaragua. La Asamblea Legislativa anunció el 19 de noviembre “reformas parciales” a la Constitución Política. 

Al día siguiente, este miércoles 20 de noviembre, conocimos el texto propuesto en la Constitución OrMu y se trata de la reforma más brutal realizada en los últimos 17 años. 

Estos cambios no solo refuerzan su control absoluto sobre el aparato estatal, sino que profundizan las dinámicas autoritarias y represivas que han marcado su gobierno desde 2007. 

Estas medidas representan un ataque directo y sin precedentes a los principios democráticos y a los derechos fundamentales de las y los nicaragüenses, que de por sí ya venían siendo cercenados de hecho.

Un poder absoluto disfrazado de legalidad

Uno de los aspectos más polémicos de la reforma es la creación de las figuras de “Copresidente” y “Copresidenta”, que institucionalizan el poder compartido entre Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este movimiento no es más que la formalización de una estructura de un poder familiar que ya opera de facto. 

El nuevo marco legal evidencia el objetivo de la pareja dictatorial: facilitar el camino a su hijo, Laureano Ortega, para ascender a la cúspide del poder en los próximos años, como parte del proceso de sucesión dinástica familiar, que incluso supera al modelo de la dictadura de la familia Somoza.

Más preocupante aún es la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, garantizando un mandato más largo en un sistema donde las elecciones carecen de legitimidad y no tienen un ápice de transparencia. 

La subordinación inequívoca de los poderes Legislativo, Judicial, Electoral y de supervisión al Poder Ejecutivo, bajo el pretexto de una “coordinación” centralizada, erradica cualquier rastro de separación de poderes

La legalización de la represión

Las reformas también consolidan el aparato represivo del régimen. El artículo 94, por ejemplo, faculta la asistencia de los militares a las fuerzas del orden para garantizar la “estabilidad”.

En un contexto en el que el órgano de gobierno delinea caprichosamente lo que se considera una amenaza, esta estipulación apunta sin duda a las libertades públicas.

La legalización de la “Policía Voluntaria” institucionaliza el uso de grupos paramilitares que actuaron como un violento grupo armado durante las protestas de 2018, otorgándoles un marco legal para continuar con sus actividades represivas.

Estas disposiciones, lejos de garantizar la seguridad y el orden, institucionalizan la persecución y el miedo. En un contexto donde cualquier manifestación de disidencia puede ser catalogada como una amenaza al “bienestar y la paz”.

En un intento de monopolizar la identidad nacional y marginar a quienes no se alinean con el discurso oficialista, el régimen elevó la bandera rojinegra del FSLN, partido oficialista, al estatus de símbolo nacional, borrando las líneas entre partido y nación.

La sociedad nicaragüense enfrenta una realidad cada vez más oscura. Las nuevas reglas impiden que personas que ya no son ciudadanos se involucren en política y también limitan la libertad de expresión para “mantener seguro al país”. Este entorno genera una atmósfera de inseguridad y aprensión que sofoca cualquier perspectiva de diálogo o de resistencia pacífica.

En términos estructurales, estas reformas profundizan la crisis política y económica que afecta al país desde hace más de una década. La falta de desarrollo social, inversión y la fuga de capital humano son consecuencias directas de un régimen que prioriza su supervivencia sobre el bienestar de su población.

Reafirmamos nuestro compromiso con el periodismo como herramienta para documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos. La consolidación del régimen Ortega-Murillo no debe ser vista como una derrota definitiva, sino como un recordatorio de la importancia de la resistencia organizada y la denuncia constante.

Estas reformas son un claro retroceso para Nicaragua. Sin embargo, la historia nos enseña que ningún régimen autoritario es eterno. Desde DIVERGENTES, seguiremos informando y alzando la voz en nombre de las y los nicaragüenses que luchan por su libertad y derechos.