El régimen Ortega-Murillo desmontó en silencio una de las estructuras más importantes para el control de la educación superior. Se trata del Consejo Nacional de Universidades (CNU). Bajo la figura de “reordenamiento institucional”, la dictadura ha sustituido este órgano —clave para el adoctrinamiento ideológico y la confiscación de universidades— por un nuevo Consejo Nacional de Rectores de Universidades, compuesto por figuras leales y carentes de autonomía académica.
La desaparición del CNU ocurre tras la sorpresiva y no explicada destitución de su presidenta, Ramona Rodríguez, una operadora central del orteguismo en el sistema universitario y señalada por crímenes de lesa humanidad durante la represión de 2018.
Rodríguez también fue removida como rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), la más grande del país. Su nuevo destino es un cargo menor como coordinadora del recién creado Centro Nacional de Capacitación a Emprendedores “La Sandino”, un proyecto anunciado por Rosario Murillo, previsto a ser inaugurado este 18 de mayo de 2025.
La información sobre la destitución de Rodríguez fue revelada el pasado 10 de mayo por el medio Artículo 66, que citó a fuentes del CNU y de la UNAN-Managua. “Desde el jueves 8 de mayo no llega a su oficina. Fue retirada y se ordenó que no regresara. Le sacaron sus cosas y la oficina está cerrada. Lo mismo pasó en la UNAN. Allá tampoco llega”, relató una fuente que pidió anonimato por razones de seguridad.
CNU, órgano clave en la maquinaria represiva del régimen
El CNU, utilizado históricamente por el sandinismo como herramienta de presión política, termina así su ciclo como brazo útil del autoritarismo rojinegro. Con el respaldo de reformas legales impulsadas desde 2021, el CNU dejó de ser un ente coordinador del sistema universitario para convertirse en una extensión de la dictadura, encargada de ejecutar confiscaciones, imponer rectorías afines y uniformar los planes de estudio bajo criterios de lealtad política.
Sin embargo, el uso político del CNU tiene raíces más antiguas. Durante los gobiernos liberales de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, el sandinismo utilizó a sus representantes dentro del CNU —especialmente los de la UNAN y la UNEN— como plataforma de agitación y desestabilización.
Bajo el pretexto de defender la autonomía universitaria y el 6% del Presupuesto General de la República, las autoridades universitarias, controladas en su mayoría por el Frente Sandinista, promovieron protestas, tomas de recintos y bloqueos para debilitar a los gobiernos de turno. Esa experiencia sirvió de antesala para lo que, años después, sería un control absoluto del sistema educativo superior.
Con la consolidación del poder de Ortega desde 2007, el CNU pasó a ser parte de la arquitectura del régimen. En 2021, la reforma a la Ley de Autonomía Universitaria eliminó la elección interna de su presidencia y entregó ese nombramiento directamente al Ejecutivo. Desde entonces, fue Ramona Rodríguez —nombrada directamente por Ortega— quien dirigió el desmantelamiento de más de 27 universidades privadas, incluyendo la UCA, e impulsó la reestructuración ideológica de los centros públicos
La salida de Rodríguez del CNU, sin mayores explicaciones y en medio del hermetismo institucional, sugiere una pérdida de confianza dentro del círculo gobernante. Pese a su lealtad férrea y su historial de obediencia, ha sido desplazada a una función sin poder real, al frente de un centro de emprendimiento descrito por Murillo como una “universidad de emprendedores” y, al mismo tiempo, una dependencia del Ministerio de los Emprendimientos.
Lejos de representar un ascenso, su nuevo cargo parece ser un reacomodo simbólico como una forma de mantenerla dentro del aparato oficial, pero al margen de las decisiones estratégicas. La inauguración del centro La Sandino, prevista para el 18 de mayo, coincide con el 130 aniversario del natalicio del general Augusto C. Sandino, una fecha cargada de simbolismo sandinista que el régimen utiliza para encubrir reestructuraciones internas con discursos oficialistas.
La nueva herramienta de control universitario
El Consejo Nacional de Rectores de Universidades, creado en sustitución del CNU, estará conformado por doce rectores de universidades públicas afines al régimen, todos designados sin procesos internos ni criterios académicos transparentes.
Entre ellos figuran Angela Rosa Munguía Beteta, de la UNAN-Managua; Indiana María Coronado González, de la UNAN-León; Xiomara Machado Bello, de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI); Carlos Irías Amaya, de la Universidad Internacional Antonio Valdivieso (UNIAV); y William Kevin López Masis, de la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU). También lo integra Ilenia Arllery García Peralta, de la URACCAN, en la Costa Caribe Sur.
Completan la lista Juan Carlos Benavides Fuentes, de la Universidad Francisco Luis Espinoza Pineda (UNFLEP); Elvira Maritza Andino, de la Universidad Nacional Politécnica (UNP); Juan Ramón Osorio, de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés (UNMRMA); Dania Teresa Hernández Pinell, de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro (UNCSM); Martha Lorena Guido, de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana (UNPGGL); y Bosco Martín Castillo Cruz, de la Universidad Nacional Agraria (UNA). Todos han sido piezas funcionales en la reconfiguración del sistema universitario al servicio del régimen.
La Secretaría Técnica del nuevo Consejo estará en manos de Bismarck Santana, exdirigente de la UNEN y operador del oficialismo en el ámbito estudiantil. Este organismo asumirá tareas clave como la planificación, acreditación, registro de títulos y desarrollo tecnológico, en un contexto donde la autonomía universitaria ha sido completamente suprimida.
“Todos los temas de Presupuesto y Administración del Consejo Nacional de Rectores, serán regentados y auditados por la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así vamos avanzando en concentrar las funciones y tareas para mejorar y perfeccionar el servicio que debemos a nuestro Pueblo, y en este caso, en un ámbito prioritario para el Desarrollo, con Justicia y Equidad, como és la Educación Superior en todas sus Expresiones y Modalidades”, indica la nota de prensa difundida por el régimen en sus medios oficialistas.