Las autoridades sandinistas anunciaron una nueva excarcelación masiva de mil reos comunes, programada para este domingo 18 de mayo, bajo el beneficio de “convivencia familiar”. El anuncio, realizado por la vocera del régimen Rosario Murillo en medios oficialistas, eleva a 4700 el total de excarcelaciones en menos de seis meses y a 51 664 en los últimos 10 años. Esta política, presentada como un gesto humanitario, responde en realidad a una estrategia para descomprimir un sistema penitenciario colapsado y capitalizar réditos políticos.
“Tenemos también este domingo lo que les molesta a los apátridas, a los golpistas, a los infames. Nueva liberación de personas (…) Mil personas que regresen a su familia este domingo”, dijo Murillo en su habitual alocución de mediodía.
Agregó que se trata de personas “que están cumpliendo algún tipo de pena en el Sistema Penitenciario Nacional” y que ahora recibirán “una oportunidad nueva de rectificar y de servir a su familia, a ellos mismos y a la patria”.
Esta nueva excarcelación se suma a las 1700 realizadas el pasado 4 de mayo y a las 2000 del 14 de febrero, todas bajo el cuestionado programa de “convivencia familiar”, un mecanismo utilizado por el régimen para liberar a reos comunes —condenados por delitos como robo, tráfico de drogas o violencia intrafamiliar— sin que se conozca con claridad si han cumplido los requisitos legales o penitenciarios establecidos.
Estrategia política para aliviar hacinamiento
Expertos en seguridad han advertido que estas liberaciones masivas, lejos de responder a un enfoque de resocialización, forman parte de una estrategia política del régimen para aliviar el colapso del sistema penitenciario —que según el último dato oficial de 2018 presenta una tasa de ocupación del 177%—, reducir los costos operativos del Estado y reforzar vínculos de lealtad con los beneficiarios, reveló un reporte especial publicado por DIVERGENTES
A pesar que el régimen asegura que la tasa de reincidencia del total de reos liberados en la última década es de 7.18%, cuyo porcentaje indica que al menos 3500 presos regresaron a la cárcel, no existen auditorías independientes que permitan verificar esta cifra, y el sistema penitenciario permanece cerrado a toda supervisión externa. La nueva jornada de excarcelaciones refuerza la línea adoptada por el régimen en los últimos años de presentar medidas autoritarias como gestos humanitarios, mientras evita enfrentar las causas estructurales de la crisis penitenciaria en Nicaragua.
Reincidencias y aumento de inseguridad ciudadana
Las liberaciones masivas, sin control público ni transparencia sobre los criterios aplicados, han encendido las alertas de organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad. Diversas fuentes han advertido que una parte de los excarcelados reincide en delitos graves, especialmente en casos de violencia contra mujeres, sin que existan programas efectivos de reinserción ni mecanismos de supervisión.
Según una fuente especialista en temas de seguridad, varios feminicidios recientes fueron cometidos por agresores liberados bajo el programa de convivencia familiar. “El problema no es solo la reincidencia, sino que el Estado no tiene control ni seguimiento sobre estas personas una vez fuera del sistema. No hay política de reinserción real”, señaló en un reportaje anterior publicado por DIVERGENTES.