Desde 2015 a mayo 2025, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló a 50 664 reos comunes en Nicaragua bajo la figura de “régimen de convivencia familiar”, incluyendo al último grupo que liberó este domingo 4 de mayo; una medida presentada oficialmente como parte de un proceso “de reinserción social y humanización del sistema penitenciario”. Sin embargo, detrás de esta aparente política de clemencia se oculta una estrategia de poder más amplia: descomprimir un sistema carcelario al borde del colapso, reducir costos operativos para el Estado y, sobre todo, consolidar vínculos de fidelidad política entre los beneficiarios.
De acuerdo con las estadísticas del World Prison Brief (WPB), una base de datos global sobre sistemas penitenciarios, elaborada por el Instituto de Investigación de Políticas Criminales de la Universidad de Londres, Nicaragua se ubica como el segundo país con mayor hacinamiento carcelario en Centroamérica, solo por detrás de Guatemala.
El último dato disponible sobre Nicaragua —correspondiente a octubre de 2018— dentro del último informe de WPB publicado en 2024, indica que el sistema penitenciario registraba una tasa de ocupación del 177.6%. Es decir, el país registraba una población carcelaria de 20 918 en centros con capacidad oficial para apenas 11 781.
Según los últimos datos del WPB, Guatemala encabeza la región con una tasa de hacinamiento del 299.4%. Su sistema penitenciario alberga a 23 361 personas privadas de libertad, pese a que su capacidad oficial es de apenas 7982 plazas. Panamá ocupa el tercer lugar con una tasa de ocupación del 166.7%, al mantener 24 327 reclusos en instalaciones diseñadas para solo 14 591. Le sigue El Salvador con una sobrepoblación de 162.8%, a pesar de tener la mayor tasa de población penitenciaria del mundo: 109 519 personas en cárceles con capacidad para 67 289.
En siguiente orden se ubica Honduras con una sobrepoblación carcelaria estimada en 150%, ya que los últimos registros de WPB indican que su sistema penitenciario cuenta con una capacidad para 13 000 reos, pero alberga a 19 481. Costa Rica cierra la lista con un 120% de ocupación carcelaria, al registrar un total de 18 090 reclusos en instalaciones diseñadas para 12 529.
Aunque estos datos reflejan que el hacinamiento penitenciario es un problema regional, en Nicaragua la crisis se agrava por la falta de transparencia del régimen y la ausencia de información oficial sobre las condiciones actuales de las 10 cárceles que existen a nivel nacional.
Estrategia política “multipropósitos”
Para expertos en temas de seguridad y derechos humanos, las excarcelaciones masivas impulsadas por el régimen Ortega-Murillo desde 2015, pero con mayor volumen después de 2018, no responden únicamente a criterios de resocialización, sino que forman parte de una estrategia política con múltiples propósitos.
Entre ellos, destaca la búsqueda de lealtades políticas para que los reos liberados “le deban favores” al régimen, luego utilizarlas en distintos tipos de actividades, particularmente en tareas de vigilancia o en actos de violencia política contra personas que ellos consideran opositoras.
Pero también advierten que a esto se suma un interés económico, ya que liberar presos representa un menor gasto para el Estado en términos logísticos y operativos.
“Sobre el sistema penitenciario en sí, no hay información clara. No sabemos cuál es su capacidad actual ni las condiciones reales porque no hay acceso a datos públicos. Ni siquiera la Cruz Roja ni organizaciones religiosas pueden entrar como lo hacían antes. Hay total opacidad”, asegura una fuente experta en temas de seguridad.
En ese sentido, el artículo 75 de la Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena (Ley No. 473) garantiza expresamente el acceso a los centros penitenciarios a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como a entidades religiosas y de derechos humanos. Sin embargo, en la práctica, el régimen impide dicho ingreso, violando esta normativa y cerrando la posibilidad de auditoría independiente sobre las condiciones de detención y los procesos de reinserción.
Por otra parte, la fuente sostiene que la narrativa de clemencia que promueve el régimen con estas liberaciones también “es una forma de manipular la percepción pública para proyectar una imagen de gobernantes compasivos”.
Amenaza a la seguridad ciudadana
Las consecuencias, sin embargo, son graves. En el ámbito de la seguridad ciudadana, “aunque no todos los liberados reinciden, una parte sí lo hace. Ya se ha comprobado, por ejemplo, en casos de violencia contra mujeres. Algunos han salido directamente a intentar asesinar o han asesinado a mujeres. Han cometido femicidios. Entonces, sí representan un incremento en el riesgo para la seguridad ciudadana”, advierte la fuente.
A nivel de justicia, la situación es igualmente alarmante. “Las víctimas se ven en una situación de indefensión y desprotección. Este tipo de liberaciones fomenta la impunidad y produce un daño estructural de fondo”, afirma. La falta de información pública sobre quiénes son liberados, bajo qué criterios y si han cumplido con los procesos establecidos en la ley, agrava el problema.
Juan Carlos Arce, defensor de derechos humanos, coincide en que la falta de información pública sobre el sistema penitenciario y las excarcelaciones refleja el carácter autoritario del régimen. Para él, las liberaciones masivas y arbitrarias representan “la expresión más pura de la impunidad”.
“No cumplen el proceso indicado en las normas creadas para tal efecto. Son decisiones que derivan directamente de los dictadores y buscan premiar la lealtad política mientras castigan a quienes les adversan.” Esta práctica, añade, convierte al sistema penitenciario en una “instancia hueca, sin trascendencia social, y en un mecanismo más de represión”.
Cárceles plagadas de alimañas
El alto índice de hacinamiento carcelario en Nicaragua conformado por una decena de centros penitenciarios a nivel nacional no solo refleja la falta de capacidad instalada, sino también una violación sistemática de los derechos humanos. Así lo documenta el Informe sobre Derechos Humanos en Nicaragua del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado en 2024, donde se califica la situación penitenciaria de los presos políticos como “severa y potencialmente amenazante para la vida”.
El informe detalla que “el hacinamiento, la mala salubridad, las dificultades para acceder a atención médica y la violencia entre los reclusos seguían siendo problemas graves en las instalaciones penitenciarias”.
El documento también expone las condiciones sanitarias extremas que enfrentan los internos. “Los reclusos sufrían de parásitos, atención médica deficiente, alimentos inadecuados y contaminados, agua contaminada y falta de condiciones sanitarias adecuadas”. A esto se suma el deterioro físico de las instalaciones, descritas como “plagadas de alimañas”, sin ventilación adecuada, con sistemas eléctricos y de alcantarillado en mal estado, y sin acceso a agua potable.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha denunciado las condiciones de detención en Nicaragua, señalando que las personas privadas de libertad enfrentan situaciones “contrarias a la dignidad humana y a los estándares internacionales”. Según el organismo, estas condiciones han provocado un deterioro progresivo de la salud física y mental de los detenidos, agravado por períodos prolongados de reclusión en entornos inadecuados.
Por su parte, Human Rights Watch ha señalado al régimen de Ortega-Murillo de intensificar la represión sistemática contra voces críticas. En su último informe, destaca que decenas de personas detenidas arbitrariamente siguen tras las rejas, expuestas a condiciones penitenciarias inhumanas que violan abiertamente los derechos fundamentales.
Estas denuncias coinciden en que el sistema carcelario nicaragüense no solo está colapsado, sino que funciona como una herramienta más de represión, lejos de cualquier propósito de rehabilitación o reinserción social.
La narrativa oficial sin datos que la respalden
El comisionado mayor Julio Orozco, director del Sistema Penitenciario, sostuvo en una entrevista en el medio oficialista canal 4 publicada en octubre de 2024 que los reos pasan por cinco etapas de tratamiento —desde el régimen cerrado hasta el abierto y la convivencia familiar— antes de ser liberados. Sin embargo, no existe información pública que demuestre cuántos de los más de 50 000 excarcelados desde 2015 completaron efectivamente este proceso.
Además, resaltó avances en infraestructura, programas educativos y una supuesta mejora en las condiciones de vida. Según Orozco, el sistema forma parte de los “planes de desarrollo humano” del Estado y se ha expandido para incluir hasta 4800 presos en educación formal. No obstante, tampoco hay datos oficiales que respalden estas declaraciones.
El pasado 14 de febrero, la vocera de la dictadura, Rosario Murillo defendió el programa de excarcelaciones como un logro del sistema penitenciario, pese a las críticas de organizaciones de la sociedad civil en el exilio y reconoció que existe una tasa de reincidencia de 7.18% sobre el total de reos liberados en los últimos diez años que indican que al menos 3500 presos regresaron a la cárcel. Sin embargo, la falta de seguimiento y transparencia impide verificar esa cifra.
Régimen minimiza reincidencia
“Y para los que tanto hablan, 7.18% son las personas que han reincidido en actividad delincuencial, desde el año 2015 hasta hoy 14 de febrero del 2025. Estamos hablando de que 43 697 personas pasaron a convivencia familiar, esos son los varones, y 4 367 mujeres; 48 964 personas en estos 10 años, de las cuales el 7.18% ha reincidido en alguna actividad delictiva”, detalló Murillo.
Aunque la “copresidenta” Rosario Murillo minimizó la cifra, los expertos en seguridad y derechos humanos advierten que esa tasa de reincidencia —lejos de ser baja— representa miles de personas que han vuelto a delinquir tras ser liberadas, muchas involucradas en delitos graves como violencia doméstica o feminicidios.
“Hay un deterioro evidente en la seguridad ciudadana porque no existen programas de reinserción social. Muchos de los indultados no cumplen con los requisitos legales ni con los procedimientos establecidos. En muchos casos, hay claras señales de reincidencia”, comentó la fuente experta.
Más reos comunes a las calles
El grupo más reciente de 1,700 reos comunes fue liberado el pasado 4 de mayo, en conmemoración del Día Nacional de la Dignidad. Se suman a los 2,000 excarcelados el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Ambas fechas forman parte de una estrategia del régimen para presentar las liberaciones masivas como gestos simbólicos durante celebraciones nacionales.
Las excarcelaciones masivas en Nicaragua no son sólo una válvula de escape ante el colapso del sistema penitenciario. Son parte de una estrategia más amplia del régimen para reforzar su control político, premiar lealtades y maquillar el deterioro institucional. Bajo el discurso oficial de reinserción social, se esconde una práctica que perpetúa la impunidad y expone a la ciudadanía a mayores niveles de inseguridad.