En el contexto internacional, la validez de los acuerdos comerciales y otros tratados firmados por gobiernos considerados ilegítimos o ilegales es un tema que ha generado controversia y debate. En América Latina, varios casos históricos muestran cómo se han cuestionado los tratados firmados durante dictaduras militares o gobiernos de facto, basándose en la ilegitimidad de esos regímenes. 

Existen casos como los de Argentina, Chile y Brasil, en los que se revisaron los acuerdos firmados durante las dictaduras militares, demuestran que la falta de legitimidad de un gobierno puede generar incertidumbre sobre la validez de los compromisos internacionales asumidos en su nombre. En el caso de Libia, tras la caída de Muammar Gaddafi, los nuevos líderes del país revisaron los acuerdos previos, argumentando que el régimen de Gaddafi no tenía autoridad para comprometer al pueblo libio.

En este contexto, el caso de Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega se presenta como un escenario donde, ante un régimen acusado de violaciones graves a los derechos humanos y con una orden de captura internacional por crímenes de lesa humanidad, surge la pregunta sobre la validez de los acuerdos comerciales y otros tratados internacionales firmados por el gobierno de Ortega.

La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (1969) establece que los tratados internacionales son obligatorios para las partes que los han firmado, siempre que se hayan realizado de acuerdo con las normas de derecho internacional y las leyes nacionales del país firmante. Sin embargo, en su artículo 46, la Convención establece que un Estado no podrá invocar la falta de competencia de la persona que haya firmado el tratado, salvo en casos donde se haya producido una violación manifiesta de una norma interna de gran importancia. 

Este principio permite que, en ciertos casos, los acuerdos firmados por gobiernos ilegítimos o de facto puedan ser impugnados si se demuestra que las autoridades que los firmaron carecían de legitimidad o no representaban la voluntad popular.

En el caso de Nicaragua, el régimen de Ortega ha sido acusado repetidamente de violaciones graves de derechos humanos y de haber instaurado un sistema autoritario que impide una auténtica representación democrática. A pesar de que Nicaragua continúa siendo un miembro de la comunidad internacional y mantiene relaciones diplomáticas con varios países, la jurisdicción universal que permite a otros Estados juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad podría ofrecer un marco legal para cuestionar la validez de los acuerdos internacionales firmados por un gobierno acusado de tales crímenes. En este sentido, algunos de los acuerdos comerciales y concesiones internacionales que Nicaragua ha suscrito bajo el liderazgo de Ortega podrían ser impugnados si se considera que fueron firmados por un gobierno sin legitimidad democrática.

Muchos de los acuerdos comerciales y concesiones firmados por el gobierno de Ortega, especialmente en sectores como la minería, infraestructura y energía, han sido fuertemente cuestionados no solo por su falta de factibilidad económica, cultural y ambiental, sino también por los estándares de derechos humanos que no se han respetado en su implementación

Muchos de estos acuerdos han sido firmados sin tener en cuenta aspectos clave como la consulta previa a las comunidades afectadas, el impacto ambiental y la protección de derechos humanos fundamentales desde la interseccionalidad. La falta de transparencia y el control centralizado en torno a estos proyectos reflejan una falta de viabilidad en términos de sostenibilidad social y ambiental. 

Las concesiones mineras y los acuerdos de infraestructura en áreas sensibles como el Caribe nicaragüense y las zonas indígenas han sido objeto de denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos, que argumentan que estos proyectos están despojando a las comunidades locales de sus derechos sobre la tierra y sus recursos naturales, sin garantías de que se respeten los estándares internacionales de desarrollo sostenible y protección de los derechos laborales.

Dada la ilegitimidad del gobierno de Ortega y las numerosas acusaciones de violaciones a los derechos humanos en su contra, parece inevitable que en una etapa pos-Ortega se realice un exhaustivo ejercicio de revisión de todos los acuerdos internacionales firmados durante su mandato. Esta revisión debe tener en cuenta los principios de derechos humanos, la factibilidad económica y el cumplimiento del orden jurídico internacional.

Es fundamental que un futuro gobierno democrático en Nicaragua tenga como prioridad evaluar cada uno de los proyectos y concesiones que se han firmado con empresas extranjeras, especialmente aquellos relacionados con recursos naturales, infraestructura y minería. En algunos casos, podría ser necesario renegociar los términos de los acuerdos, asegurando que las comunidades afectadas sean debidamente consultadas y que se respeten los derechos laborales y el medio ambiente.