El antimperialismo es tan viejo como los imperios. Desde la Edad de Bronce, cuando surgieron las primeras estructuras estatales expansivas en Mesopotamia y Egipto, la historia humana ha estado marcada por la tensión entre dominación y resistencia. El Imperio Acadio de Sargón (siglo XXIV a.C.) fue uno de los primeros en imponer tributos y trasladar poblaciones enteras. Más tarde, los egipcios extendieron su influencia sobre Canaán y Nubia, mientras los hititas y asirios perfeccionaban la guerra como instrumento de control. En todos estos casos, la expansión imperial se sustentaba en la extracción de recursos y la subordinación cultural de los pueblos conquistados.

Con el paso de los siglos, los imperios se hicieron más sofisticados. El persa aqueménida, con su red de sátrapas, fue pionero en la administración descentralizada de vastos territorios. Alejandro Magno llevó la idea de imperio a un plano universalista, fusionando culturas bajo la noción de una “ecúmene” común. Sin embargo, fue Roma quien llevó el concepto de imperio a su máxima expresión: un sistema jurídico uniforme, una red de calzadas que articulaba el comercio y las legiones, y una política de ciudadanía que integraba —aunque de manera desigual— a los pueblos conquistados. Como recuerda Paul Kennedy en Auge y caída de las grandes potencias, Roma estableció el patrón de lo que entendemos por imperio: control territorial, tributación, homogeneización cultural y proyección de poder más allá de sus fronteras inmediatas.

Tras la caída de Roma, la idea imperial sobrevivió en Bizancio y en el Sacro Imperio Romano Germánico, aunque con menor cohesión. En la Edad Moderna, España y Portugal inauguraron el ciclo de los imperios coloniales transoceánicos, seguidos por Francia y, sobre todo, Gran Bretaña. El Imperio británico, que llegó a abarcar una cuarta parte del planeta, perfeccionó la lógica imperial combinando dominio militar, comercio global y hegemonía cultural. Como señaló Niall Ferguson en Empire, la Pax Britannica fue tanto una red de coerción como de integración económica, con el inglés y el libre comercio como instrumentos de poder.

En este recorrido, el Imperio Romano sigue siendo el referente máximo: su capacidad de estructurar un orden político, económico y cultural que sobrevivió siglos lo convierte en la vara con la que se miden los demás. De ahí que Edward Said, en Cultura e imperialismo, subraye que todo imperio no solo conquista territorios, sino que también impone narrativas que justifican su dominación.

El siglo XIX marcó el ascenso de Estados Unidos como potencia hemisférica. La Doctrina Monroe (1823) proclamó que América Latina debía permanecer bajo su órbita, y el Corolario Roosevelt (1904) legitimó la intervención directa. El Caribe y Centroamérica se convirtieron en un mare nostrum estadounidense: ocupaciones militares en Nicaragua, Haití, República Dominicana y Cuba confirmaron esta visión. Como explica Greg Grandin en Empire’s Workshop, la región fue el laboratorio donde Estados Unidos ensayó sus formas de dominación antes de proyectarlas a escala global.

Aquí encaja la reflexión de Fareed Zakaria en The Post-American World: Estados Unidos fue el primer imperio que pasó de la riqueza al poder, y no al revés como los europeos. Su hegemonía se basó tanto en la economía y la cultura como en la fuerza militar. En el Caribe y Centroamérica, esa combinación se tradujo en control de aduanas, imposición de tratados desiguales y respaldo a élites locales alineadas con Washington.

En Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fundado en los años 60, se inspiró en el legado de Sandino y en el marxismo-leninismo. Tras el triunfo revolucionario de 1979, el FSLN adoptó una política de confrontación con Estados Unidos, pero simultáneamente abrazó el apoyo del bloque soviético, heredero del expansionismo zarista. Como advierte Timothy Snyder, el imperialismo soviético en Europa del Este replicó muchas de las prácticas coercitivas de los imperios tradicionales, bajo una retórica proletaria.

Este doble rasero se agudizó en la era de Daniel Ortega. En los años 80, el discurso antimperialista del sandinismo se convirtió en una aversión selectiva a los valores occidentales, mientras se legitimaba la influencia soviética. Hoy, Ortega mantiene la retórica de izquierda mientras aplica un modelo de capitalismo clientelar, concentrado en su familia y aparato estatal. Y, como antes con la URSS, ahora abre las puertas a China.

El término sátrapa, originario del Imperio Persa, designaba a los gobernadores que administraban territorios en nombre del emperador. En su acepción moderna, describe al gobernante que somete a su pueblo en nombre de un poder extranjero. Ortega encarna esta figura: nunca fue un verdadero antimperialista, sino un enemigo de la democracia liberal, de la alternancia y de los contrapesos. Su proyecto no es emancipador, sino tributario.

El sandinismo, lejos de ser una propuesta ideológica coherente, fue una amalgama de intereses que terminó subordinada a la lógica del poder. Hoy, Ortega se presenta como defensor de la soberanía, pero actúa como lo que siempre fue: un sátrapa dispuesto a entregar Nicaragua a un nuevo imperio.

Bienvenidos los nuevos amos. El estandarte cambia, la esencia no.