Ricardo Vaquerano

@rikirraka

11 de marzo de 2021

San Salvador-. Nayib Bukele dijo que deseaba el control de la Asamblea Legislativa para poder tomar decisiones en beneficio del pueblo y sin el obstáculo de “los mismos de siempre”. Y así, en un acto de fe y muy probablemente de venganza, el 28 de febrero pasado la ciudadanía inició este viaje de la mano de este ornitorrinco de la política y le entregó todo. La ciudadanía incluso aceptó que el presidente le pusiera una venda y la invitara a saltar, y saltó. Y saltó apenas un año después de que, a la vista de todo mundo, el presidente intentara un golpe de Estado contra la Asamblea Legislativa y después de que el manejo de la pandemia por Covid-19 dejara un sinnúmero de razones para dudar del compromiso del presidente de El Salvador y su gobierno con la probidad.

Aquí no hay razones de por medio: solo fe. Una fe, como todas las fes, ciega. Porque en los 21 meses de gobierno recorridos hasta el día de la elección de la nueva legislatura que acompañará a Bukele durante sus tres últimos años de administración, el presidente ya demostró no solo que es aficionado a los mismos vicios que señaló a los gobiernos previos al suyo, sino que tiene un gusto por humillar, por agredir, por violentar a toda persona que ose señalarle un yerro, un vicio, un pecado, una ilegalidad. Al parecer, sin embargo, en su caso sí es legítimo cometer los mismos pecados que cometían “los mismos de siempre” porque tiene el aval de Dios. Al parecer, Nayib Bukele se ve a sí mismo como un moderno Moisés destinado a llevar a su pueblo a la tierra prometida. “Dios nos puso en el lugar indicado para proteger a los salvadoreños”, dijo el 3 de noviembre de 2020, ante la amenaza de la tormenta Eta.

La elección de una nueva legislatura completamente en favor de Nuevas Ideas -uno de los dos partidos del presidente- fue una elección en la que Bukele no fue candidato pero sí la única propuesta de Nuevas Ideas. Y lo hizo con una autoridad que asusta: más allá de la amplia aprobación popular de la que goza, logró convertir aritméticamente en nada a los dos partidos que habían dominado las elecciones desde 1994. Tanto Alianza Republicana Nacionalista (Arena) como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) serán prescindibles desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 1 de mayo de 2024. Para tomar decisiones legislativas en los próximos tres años, sus votos serán descartables. Sus legisladores y legisladores podrán ausentarse de todas las sesiones plenarias y, al menos en términos de números, no harán falta para que el Parlamento tome incluso las decisiones que requieren máxima participación.

El presidente pidió al electorado que le ratificara el respaldo que le dio cuando lo eligió en 2019, y la respuesta que obtuvo fue elocuente en extremo. No tiene precedentes. Hay que remontarse a 1985 para observar algo más o menos comparable. En las elecciones de ese año, El Salvador estaba en plena guerra civil y aún tenía una Asamblea Legislativa compuesta por 60 escaños. Esa vez, el PDC, el partido de gobierno, ganó 33 de las 60 sillas en disputa. El trienio 1985-1988 quedó marcado en la historia como el período de “la aplanadora verde” porque, en la práctica, anuló el rol contralor de la Asamblea Legislativa ante la presidencia de José Napoleón Duarte.

36 años más tarde, Bukele logró algo mayor: su partido Nuevas Ideas está a una nada de obtener 56 de los 84 escaños que componen el Órgano Legislativo desde 1991. Algo nunca visto en 30 años. Desde 1991, ningún partido político logró siquiera la mitad de los cargos en disputa y solo Arena obtuvo 39 en 1991 y en 1994, pero ahora uno de los dos partidos del presidente no solo obtuvo mayoría, sino que está a un paso de tomar posesión de dos tercios del hemiciclo que se instalará el 1 de mayo de 2021. Y eso lo pondrá a una nada de controlar todo. Todo.

¿Y acaso es malo que un gobernante, que ha logrado romper el dominio de dos grandes partidos que se desentendieron bien de las necesidades de las grandes mayorías y se entendieron mejor con la corrupción, tenga ahora la oportunidad de acabar con ese sistema perverso? Una vez que Nayib Bukele tenga el control de la Asamblea Legislativa, el 1 de mayo, ¿se erigirá en el prohombre que orientará todos sus esfuerzos y todas sus decisiones a garantizar que el Estado, como dice la Constitución, finalmente se dedique a procurar la justicia, la seguridad jurídica y el bien común? ¿Asegurar a las personas que habitan este país el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social?

Dejemos que el mismo presidente, ayudado por los suyos, conteste esas preguntas. Lo que puede adelantarse es que, en su aún corta carrera política, se ha revelado como un depredador de instituciones y de la democracia, como un enemigo de la transparencia y la rendición de cuentas, y como el jefe de un equipo que, durante el año de la pandemia, mostró un gran talento para ponerse bajo sospecha de corrupción. La Fiscalía ya tiene procesos abiertos por más de 150 millones de dólares en relación con compras hechas al amparo de la emergencia por Covid-19.

El golpe de Bukele al sistema

Nayib Bukele se convirtió en presidente de El Salvador en 2019 con tan solo 38 años de edad. A los 40 no cumplidos logra dar el más importante golpe a un sistema agotado por funcionar de espaldas a los intereses de la gente. El sistema no se ha agotado hoy, sino que ha sufrido degradación progresiva desde el final de los años noventas.

En 1999, el presidente Francisco Flores, al tomar posesión de su cargo, anunció que su gobierno acabaría con “la fatalidad de que quien nace pobre esté condenado a morir pobre”. Eran los tiempos del auge del partido Arena, en la presidencia desde 1989, cuando Alfredo Cristiani acabó con la aplanadora verde del PDC. Flores era el tercer gobernante consecutivo surgido del partido insignia de los intereses de la poderosa derecha económica.

La promesa de Flores enfocó la atención en uno de los problemas estructurales que en El Salvador insufla vida a un modelo económico de rebalse y de oportunidades de desarrollo humano que solo existen en las ofertas de gobierno: la casi nula movilidad social. Cuando Flores asumió la presidencia, las encuestas mostraban ya un agudo desgaste del partido de derechas Arena, fundado por el mayor Roberto d´Aubuisson en 1981. El gobierno de Flores fue sacudido durante más de un año por manifestaciones de calle masivas encabezadas por los gremios de salud que, eventualmente, recibieron el respaldo de gremios de otras disciplinas. El sector salud mantuvo semiparalizado al país y puso en jaque al gobierno durante más de un año, en resistencia por las intenciones de privatizar el sistema sanitario. Para el final del quinquenio de Flores, las encuestas mostraban lo que ya habían mostrado cinco años atrás: que la gente estaba dispuesta a respaldar una candidatura del FMLN. Pero no cualquier candidatura. Y por sus malas candidaturas, el FMLN solo pudo obtener la presidencia en 2009, cuando la asumió el entrevistador Mauricio Funes, hoy refugiado en Nicaragua, y quien resultó un fraude. Ahora, blindado contra las pretensiones de extradición de la justicia salvadoreña, que lo acusa del desvío de más de 350 millones de dólares de fondos públicos, Funes es quizás el principal símbolo de la defraudación del partido de los exguerrilleros a los intereses de la ciudadanía. Y es en el período de Funes cuando se gesta el nacimiento de quien se ha autoproclamado el presidente más cool del mundo y quien en 2019 pidió que se le nombrara “presidente de Twitter”.

Fue durante el mandato de Funes cuando un informe del PNUD sobre desarrollo humano dejaba claro que el tercer presidente del partido Arena no le había cumplido a los pobres: “En El Salvador la movilidad social es prácticamente nula”, decía el estudio, en 2013. Y para entonces el FMLN ya estaba cumpliendo su cuarto año en el poder.

Al gobierno de Funes le siguió un segundo gobierno del FMLN, partido que hasta entonces había tenido como excusa para las fallas que se le señalaban, que no había podido hacer todo lo que como partido ofrecía, porque el gobierno de Funes había sido un matrimonio por conveniencia. Al ser Funes ajeno al partido, la organización no podía tomar todas las decisiones, explicaban sus dirigentes. Por eso, con el presidente Salvador Sánchez Cerén las cosas sí cambiarían a partir de 2014.

Pero Sánchez Cerén ni siquiera cumplió una de sus pocas ofertas concretas: aumentar progresivamente el presupuesto de Educación desde el 3.5 % del PIB con que lo recibió de Funes, hasta un 5 %. No lo aumentó nada. Lo que sí aumentó durante su gobierno fue la carnicería homicida, que hizo de El Salvador el país más violento del mundo en 2015, con una tasa de más de una persona asesinada por cada 1,000 habitantes.

Al FMLN se le erosionaba velozmente su credibilidad, porque paralelamente a su asunción a la Presidencia del Ejecutivo, accedió a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, y ahí también hizo gala de desdecirse de todo su discurso histórico. Una a una, las cartas que había mostrado como sus armas para jugar a la política, las fue perdiendo hasta quedarse con las manos vacías. Que la independencia de poderes, que la transparencia, que la seguridad, que gobernar para los pobres, que potenciar la economía, que la probidad, que acabar con la impunidad… en cada área en la que el FMLN pretendió caminar con autoridad moral, fue resbalando desde 2009 hasta 2016, cuando quedó totalmente desnudo al pronunciarse en contra de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Así quemó su última bandera.

El FMLN, además, había sido partícipe de un intento de golpe de Estado contra la Sala de lo Constitucional y dos veces había intentado poner a un militante en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Antes, por medio del presidente Funes, había decidido dar contratos a los amigos del presidente. Antes, mientras exhortaba al empresariado salvadoreño a privilegiar la inversión en su propio país, había sacado cientos de millones de dólares hacia paraísos fiscales para reinvertir fondos venezolanos y de las alcaldías salvadoreñas en el montaje de negocios privados de dirigentes efemelenistas. Antes había pactado en secreto con las pandillas para que estas redujeran los homicidios y luego les había declarado la guerra para desangrar aun más al país. Antes había intentado sabotear la Ley de Acceso a la Información Pública y el primer gran violentador de la normativa fue el mismo presidente Funes. Y el primer insider que tuvo rol de gran objetador de ese sabotaje fue… sí, Nayib Bukele.

La osadía de Bukele

En febrero de 2013, cuando el gobierno de Funes y el FMLN intentaron desdentar a la institución garante del derecho a la información, Bukele, que entonces era alcalde del pueblo de Nuevo Cuscatlán, reclamó en redes sociales: “¿Estamos en favor o en contra de la corrupción?” Ese fue el principio del fin para el matrimonio entre el partido que se dice de izquierdas y revolucionario -no, no dice ser cristiano- y el emergente político que empezaba a causar sensación con su osadía, con su disposición al disenso en público, con su afán de parecer distinto respecto de los de su mismo partido.

Las críticas de Bukele continuaron, pero no con suficiente intensidad como para que el FMLN le negara la codiciada candidatura para la alcaldía de la capital, que ganó fácilmente en 2015. En febrero de 2016, el empresario del mundo de la publicidad y que ha sido el distribuidor de la marca Yamaha en El Salvador, dio una primera muestra de lo que se convertiría en una de sus tácticas de lucha: apelar a las emociones de las masas, crear mentiras para manipular su frustración, luego guiarlas para que, a su señal, se lancen en favor de sus causas personales, y darles como premio la satisfacción de haber desatado un poco de su ira contenida, de su violencia reprimida y acumulada tras sufrir años de desengaños por culpa de aquellos que les sedujeron en el pasado y que resultaron ser falsos profetas.

En febrero de 2016 Bukele convocó a una pequeña multitud a reunirse frente a las oficinas del fiscal general, Douglas Meléndez, quien investigaba denuncias de La Prensa Gráfica contra el alcalde, en relación con una página en internet que simulaba ser el medio de comunicación y que publicaba contenido falso. El alcalde, acompañado de algunos excomandantes guerrilleros que conducían al partido FMLN, negaba ser el autor intelectual del montaje y gritaba, desde la calle, que Meléndez debería investigar asuntos de verdad importantes y no prestarse a manipulaciones políticas en su contra. Entonces, después de decir que la investigación era un ataque orquestado por “la derecha oligárquica”, soltó su amenaza: “Si el fiscal sigue con esa investigación, el pueblo vendrá a sacarlo de su oficina”.

Esta táctica de amedrentar mostrando en su mano el arma de una multitud que le apoya, se volvería recurrente a partir de entonces. La relación de Bukele con el FMLN se vino en picada pocos meses después de aquel mitin frente al despacho del fiscal Meléndez. El partido terminó expulsándolo después de una tensa disputa pública, particularmente en Twitter, en la que el alcalde reclamaba al partido en el gobierno, a su partido, por todo y por nada. Uno de sus programas de trabajo insignia, el rescate del centro histórico de San Salvador, fue uno de los campos de batalla y Bukele llegó a acusar al gobierno de Sánchez Cerén de pretender boicotear su trabajo desde la alcaldía. La situación rebasó el límite cuando trascendió que durante una sesión de trabajo del concejo municipal, el alcalde había llamado “bruja” a una regidora efemelenista y le había lanzado una manzana para acentuar el desprecio. Tras un agrio proceso cuyos detalles Bukele se preocupó porque se airearan en público, el FMLN lo expulsó en octubre de 2017.

Nayib Bukele quedó sin partido, pero no sin proyecto. Aunque en 2012 había sido elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán por el FMLN, y en 2015 triunfó con la misma bandera en San Salvador, en realidad era efemelenista solo porque estaba afiliado al partido, pero siempre cuidó de guardar una distancia notable respecto de las actividades estrictamente partidarias, respecto de los colores y la bandera efemelenista, y respecto de los tropiezos desgastantes de un partido en el poder. En lugar de la bandera roja del FMLN, Nayib Bukele se hacía representar por una N y por el color cyan. Y unos pocos días después de su expulsión, anunció que iba a crear un movimiento para pelear por la presidencia de la República en 2019.

El movimiento eventualmente se convertiría en el partido Nuevas Ideas, pero no se formalizó a tiempo para ser el vehículo que Bukele pudiera usar para su candidatura. “A Arena no me voy a ir”, dijo el día en que anunció sus planes, en octubre de 2017. Arena había sido el enemigo favorito en sus discursos, pero en el último año había estado acusando a su propio partido de parecerse cada vez más a Arena, y había acuñado el término “Arena 2.0” como seudónimo despectivo del FMLN cuando quería señalar el deterioro de la reputación efemelenista.

Al final, a Bukele se le agotaba el tiempo y a mediados de 2018 le urgía escoger un partido al cual afiliarse para poder competir en 2019. En menos de 10 días se afilió a un partido, repudió a otro –“todo tiene un límite”, dijo- y terminó inscribiéndose en ese partido al que había repudiado “por principios”. El 18 de julio de 2018 anunció su inscripción en Cambio Democrático (CD), un partido de orígenes socialdemócratas manchado en los últimos años por la corrupción de algunos de sus dirigentes. El día 21, en una transmisión vía Facebook Live, transparentó las pláticas que había entonces, y mencionó que se había considerado una coalición electoral entre CD y la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) para que él fuera el candidato de ambas organizaciones, pero que se había rechazado esa boda. “Por principios”.

Tiempo atrás, el abogado Félix Ulloa, que luego sería el candidato a la vicepresidencia que acompañaría a Nayib Bukele, había expresado su asco por el partido Gana: “Representa lo más podrido de la política salvadoreña”. El día de la transmisión vía Facebook Live de Bukele, este parecía recoger aquellas apreciaciones cuando explicaba que había desistido de ser candidato de CD-Gana: “El FMLN, el partido que tanto admiré en mi juventud, se convirtió en una maquinaria electoral, que solo sabía ganar elecciones. Y me vi cometiendo el mismo error al guiar a este movimiento de Nuevas Ideas al camino de vender principios por victorias”.

Así, Bukele anunció al país el domingo 21 de julio que no sería candidato de Gana. Cuatro días más tarde, el jueves 25, anunció que ya se había inscrito en Gana y contendería por la nominación presidencial del partido de derechas. Gana se convirtió, entonces, en su nuevo partido. Y su movimiento Nuevas Ideas se convertiría en su otro partido para competir en la elección de Asamblea Legislativa y municipalidades del pasado 28 de febrero.

A la postre, Bukele escogió a Félix Ulloa como candidato a la vicepresidencia. Y ya en campaña proselitista, repitió su táctica de amenazar rodeado de una multitud. En noviembre de ese año visitó el campus de la Universidad de El Salvador, históricamente vinculada a movimientos de izquierda y donde el FMLN ha tenido un fuerte arraigo. Ahí, ante unos miles de jóvenes que le escuchaban con una mezcla de curiosidad y admiración por tener ante sí a un símbolo de la rebeldía y la iconoclasia, anunció lo que estaría dispuesto a hacer si un día la ciudadanía lo convertía en presidente y se encontraba con la oposición de la legislatura. “Y los diputados van a tener que aprobar lo que les pidamos en favor del pueblo. Y si no lo hacen, el pueblo va a llegar a sacarlos. ¿Y qué van a hacer? ¿Llamarán a la Policía? ¿Y de quién la Policía? ¿Llamarán a la Fuerza Armada? ¡¿Y quién es el comandante general de la Fuerza Armada?” Y la multitud aplaudía, rabiosa. 15 meses más tarde El Salvador experimentaría un deja vu.

Táctica de masas y toma del Parlamento

Un par de semanas después de su amenaza desde el campus de la Universidad de El Salvador, Bukele repitió su táctica de activación de las masas. “Fraude fraguándose en estos momentos en el Tribunal Supremo Electoral”, tuiteó el jueves 6 de diciembre. Según él, el TSE estaba alterando los colores oficiales de la bandera del partido Gana que aparecería en la papeleta de votación en febrero de 2019 con el propósito de confundir a sus simpatizantes. Una pequeña multitud se dirigió al Tribunal, donde por la fuerza mantuvieron en cautiverio a empleados y magistrados, exigiendo que desistieran del supuesto fraude. El mismo partido Gana admitió que no había ninguna diferencia entre el tono ordenado por el TSE para la impresión de las papeletas y el tono oficial del partido. Casi dos años más tarde, Bukele incitaría a otro ataque contra el TSE.

Bukele ganó una reñida elección y tomó posesión el 1 de junio de 2019. Ese su primer día con la nueva investidura, y a sus 38 años, Bukele reveló al mundo su faceta de escarnecedor, su gozo al humillar a sus críticos o adversarios. Consiguió que la ceremonia de la toma de posesión se realizara en plaza pública para que pudiera llegar su pueblo, con el que comulgaría y al que tomaría también juramento. La toma de posesión es una sesión especial de la Asamblea Legislativa y quien toma la protesta del nuevo presidente es quien preside la legislatura. En la medida en que en la Plaza Gerardo Barrios fueron apareciendo diputados y diputadas, la multitud tuvo oportunidad de desatar su rabia y corearles a gritos un sinnúmero de insultos. En su discurso, Bukele anunció que vendría medicina amarga pero necesaria. Y en un momento pidió a sus seguidores que levantaran la mano para que prestaran su propio juramento: apoyarle en todo lo que él quisiera impulsar. Apoyar su causa, fuera cual fuera. Y las masas levantaron la mano y juraron lealtad a Nayib Bukele.

La venganza de Nayib y su pueblo continuó los días siguientes con un espectáculo grotesco en el que tuiteaba órdenes de despido contra figuras relevantes del FMLN que tenían un empleo en el Órgano Ejecutivo, pero también ordenaba destituciones de otras personas por presuntos vínculos con su expartido político. El circo se prolongó durante semanas. “La buena noticia es que hemos encontrado la fábrica de empleos del FMLN”, tuiteó al inicio de aquel linchamiento mediático. La “fábrica de empleos” había sido una promesa del primer gobierno efemelenista.

Pasaron los días y al octavo mes de la nueva era, El Salvador experimentó su deja vu. Habían transcurrido 15 meses desde cuando Bukele hizo aquella advertencia contra la Asamblea ante los estudiantes universitarios. A inicios de 2020 estaba embarcado en una campaña de presión contra el Órgano Legislativo para que le aprobaran cientos de millones de dólares en empréstitos internacionales para financiar su “Plan Control Territorial”, con el cual había logrado bajar la tasa de homicidios a niveles históricos. De un promedio de ocho o nueve homicidios diarios en los últimos 20 años previos, El Salvador ahora, con el gobierno de Nayib Bukele, sufría unos dos o tres, y de vez en cuando ninguno.

¿En qué consistía y consiste el plan de seguridad del presidente? Bukele lo explicó en esos días de inicios de 2020, cuando arreciaba su presión contra diputados y diputadas. “Ya hemos explicado un 10 % del plan. ¡Lo que no saben es que el restante 90 % de nuestro plan es secreto!”, se jactaba sobre su decisión de negarse a transparentar ante la Asamblea para qué quería la millonada que estaba exigiendo.

La retórica presidencial fue escalando de tono y diputados y diputadas fueron blanco de todo tipo de improperios del presidente y de sus simpatizantes, incluidos ministros y otros miembros de su gabinete de gobierno. El 6 de febrero, tres días antes de la irrupción militar en la Asamblea Legislativa, el presidente advirtió a diputados y diputadas que se arriesgaba a un derrocamiento. Invocó erróneamente un artículo de la Constitución que, según él, le permitía convocar a la Asamblea para que hiciera una sesión específica para aprobar el financiamiento para su plan. Citó a la Asamblea para el domingo 9 de febrero y advirtió: “Si los diputados no acuden, el pueblo tiene en sus manos el artículo 87 de la Constitución”. Este es el que otorga el derecho a la insurrección popular.

La mayoría de diputados y diputadas alegaron que la convocatoria era ilegal y con el tiempo la Sala de lo Constitucional les dio la razón. Así que, salvo una porción de la legislatura simpatizante del gobernante acudió el domingo. El presidente parecía furioso por el desdén de la mayoría en la Asamblea y el sábado 8 militarizó los alrededores del palacio legislativo, dispuso retirar los guardaespaldas policiales que por ley protegen a cada legislador y legisladora, y llamó a las masas para que el domingo acudieran al palacio legislativo a exigir la aprobación de la nueva deuda. Los militares instalaron puntos de control en los accesos al complejo conocido como “centro de gobierno” y levantaron una tarima como si se preparara un concierto. El domingo, cuando ya estaban congregadas unas 5 mil personas, apareció Nayib Bukele.

“¿Es inconstitucional que convoquemos?”, preguntó a sus simpatizantes. “¡Los inconstitucionales son esos delincuentes que pagaron a las pandillas, esos sinvergüenzas que no vinieron a dar la cara!”, gritó, para responderse él mismo. Pero estaba determinado a salirse con la suya y siguió azuzando a la multitud durante varios minutos. Luego ingresó al salón de sesiones de la Asamblea Legislativa, que ya estaba tomado por medio centenar de soldados y policías armados. La maestra de ceremonias pidió a la muchedumbre que no se marchara. “Hay más”, anunció, sin especificar qué era lo que estaba a punto de ocurrir.

Dentro del Salón Azul hasta una diputada simpatizante de Bukele, Felissa Cristales, huyó, porque dijo que aquello le parecía un atropello a la democracia. El diputado Francis Zablah, del partido Gana, uno de los partidos del presidente, también advirtió que aquello generaba un caos institucional peligroso. Bukele se dirigió a la silla que corresponde a la presidencia del Legislativo, se sentó en ella y guardó silencio. Elevó los ojos como queriendo encontrar el cielo, los bajó después de unos segundos y se cubrió el rostro con sus manos juntas formando una especie de concha. Un puñado de legisladores se había quedado en la sala, y los militares se habían apostado en todas partes en el edificio. Pasaron unos segundos más y Bukele seguía sin decir nada. Se descubrió la cara, abrió los ojos y en ese momento… se levantó y se marchó.

La multitud lo esperaba afuera. Se habían quedado esperando instrucciones. ¿Entraban a tomarse el palacio legislativo? Entonces Bukele les habló. Dijo que ya dentro del Salón Azul había orado y que Dios le había pedido que tuviera paciencia. Entonces anunció un ultimátum: daría una semana más para que se le aprobara el préstamo de 109 millones de dólares y, si no, el pueblo aplicaría el artículo 87 de la Constitución. El presidente se retiró, pero en el mundo quedó presente la imagen de un político con vocación autoritaria.

Los poderosos amigos del presidente

Ese episodio de la irrupción en el palacio legislativo sería quizás el momento más memorable en que el presidente se ha preocupado porque su pueblo sepa que tiene una especial relación con Dios. Una suerte de gran amistad o una buena alianza. Y, como si de un intercambio de favores se tratara, él mismo se ha preocupado por quedar bien con su amigo, por mantener bien nutridas sus influencias.

Cuando Nayib Bukele ya había ganado la presidencia, dijo a un grupo de pastores que otro pastor le había dicho que Dios quería que él fuera presidente. El 3 de noviembre de 2020, cuando Centroamérica estaba amenazada por la tormenta Eta, reiteró que él es presidente porque Dios lo puso en el cargo para proteger a su pueblo. Dicen que no hay almuerzo gratis, pero el punto puede ser debatible. El caso es que, en un aparente esfuerzo de compensación, Dios obtuvo en 2020 dos homenajes cortesía del presidente: el primero, el 24 de mayo, que fue declarado por Bukele como “Día nacional de oración” y dijo que se le encargaba a Dios que contribuyera a contener la pandemia por Covid19. Ese día, el Ministerio de Salud informó de 96 casos nuevos. Un mes más tarde, los casos nuevos ya se habían duplicado y Salud registraba 177 nuevos casos. El segundo homenaje vino el 17 de noviembre, cuando el presidente lo declaró también “Día nacional de oración” para pedir a Dios que protegiera al país de la tormenta Iota.

Esa ha sido una de las alianzas clave del mandatario en esta su primera etapa. Pero al menos hasta diciembre de 2020 tuvo otro gran aliado: Estados Unidos. O Donald Trump. O, para precisar más, el embajador Ronald Johnson.

Johnson fue partícipe de algunas reuniones en las que el gobernante se reunía a discutir asuntos de nación con funcionarios varios de otros órganos de Estado. Y cuando Nayib Bukele se metió en problemas por repetidas violaciones a la Constitución al arbitrariamente disponer la captura de personas por violar la cuarentena, o cuando medio mundo se escandalizó por su intento de golpe de Estado contra la Asamblea, el embajador o guardó silencio o de repente tuiteaba sobre su amistad con Bukele y sobre el aprecio que le tiene.

Bukele llegó a llamar a Donald Trump un presidente cool. Y eso lo hizo cuando ya se sabía de las jaulas en que el gobierno de Trump enjaulaba a menores de edad procedentes de Centroamérica a quienes las autoridades habían separado de sus padres por ingresar a ese país sin documentación migratoria de respaldo.

A pesar de que Trump había llamado a El Salvador un “shithole”, a Bukele le parecía muy cool. Un día, Bukele y Trump intercambiaron regalos: Trump llamó al gobierno de El Salvador “un socio confiable” y Bukele eventualmente convirtió a El Salvador en el país al cual Trump podría enviar a migrantes indocumentados para que no permanecieran en territorio estadounidense.

Esta otra amistad se vino abajo cuando Joe Biden derrotó a Trump, y algunas de las principales voces cercanas al presidente electo dejaron claro que no tolerarían más deterioro de la democracia en El Salvador, y que exigirían respeto a la independencia de poderes y respeto a la prensa, a la que el presidente había convertido en blanco de sus ataques en cadenas nacionales de radio y televisión.

El Salvador en retroceso institucional

Aunque la toma de la Asamblea fue la muestra más clara del pobre compromiso de Bukele con la democracia, su afán de controlar todo el poder lo ha llevado a poner al país en retroceso institucional y de derechos ciudadanos. La pandemia de la Covid-19 levantó el velo de un gobernante que no solo irrespeta la ley y la jurisdicción de otras instituciones, sino que las depreda con el fin de que dejen de ser un estorbo en sus planes de gobernar solo. En sus reclamos porque se le permitiera establecer un régimen de excepción para suspender derechos ciudadanos y enfrentar la pandemia, violentó derechos constitucionales, usurpó funciones legislativas y desobedeció repetidas veces resoluciones precisas de la Sala de lo Constitucional sobre sus abusos, particularmente las capturas y encarcelamientos arbitrarios durante la cuarentena. De un día para otro, era un soldado o un policía quien tenía el poder de decidir si alguien iba a bartolinas o no. Su desafío a la ley y a los otros poderes llegó hasta el punto en que intentó asfixiar a los otros poderes del Estado y por eso suspendió los desembolsos de fondos públicos para el Órgano Legislativo y el Órgano Judicial.

Un logro que hay que reconocer al presidente es que ha logrado pronto la transformación de la Fuerza Armada. Expulsada del ámbito político y deliberativo con los Acuerdos de Paz de 1992, los militares volvieron a sus cuarteles y tiene prohibido, por Constitución, ser deliberantes. Sin embargo, Bukele no solo les dio luz verde para que se tomaran armados el salón de sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa, sino que en más de una ocasión les encargó la decisión de hacer “cuarentenas sanitarias focalizadas” en algunos municipios, con lo cual el personal técnico, llámese personal médico o investigadores académicos, fueron desplazados por los militares para tomar decisiones sobre cómo contener la pandemia. Bukele, además, ha protegido a los criminales de guerra al vedar el acceso de la justicia a los archivos militares de los años de la guerra civil.

Ahora, el ministro de la Defensa con frecuencia aparece dando declaraciones políticas en las que critica ora a diputados y diputadas, ora a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Pocos días antes de la elección del 28 de febrero, el ministro René Merino Monroy advirtió al TSE que se cuidara de actuar bien, pues, según dijo, los militares estaban vigilando para asegurarse de que la autoridad electoral respetaría la voluntad del pueblo en las urnas.

Si Bukele soltó la cadena a ese monstruo armado que permanecía bajo control civil desde 1992, también ha deteriorado una de las instituciones clave surgidas de los Acuerdos de Paz: la Policía Nacional Civil.

La PNC ha exhibido al menos en tres ocasiones violaciones claras a la ley. En dos ocasiones se negó a llevar por la fuerza a la Asamblea Legislativa a funcionarios del gobierno de Bukele llamados a audiencias. La Constitución establece como deber de los funcionarios acudir a los llamados de la legislatura, y si las personas llamadas no acuden sin justa causa tras dos llamados, la PNC debe llevarlas por la fuerza.

Otra violación a la ley se produjo cuando, en octubre de 2020, la Fiscalía allanó el Ministerio de Salud para secuestrar documentación que le serviría en su investigación sobre presuntos actos de corrupción por 150 millones de dólares relacionados con compras amparadas por la emergencia sanitaria. La Policía no solo se rehusó a acompañar a la Fiscalía en el operativo, sino que se presentó pero para desarmar a los fiscales que estaban revisando las instalaciones de Salud y tomando computadoras y documentos para sus pesquisas.

Una tercera violación pública a la ley se produjo cuando el fiscal general, de nuevo, pidió a la PNC que interviniera en un sitio que una multitud de simpatizantes del presidente y del partido Nuevas Ideas puso al Tribunal Supremo Electoral. Esto ocurrió a finales de noviembre de 2020. Magistrados y empleados del TSE estuvieron cautivos durante horas y la PNC se negó a intervenir.

Los meses de la pandemia también vieron cómo, en pocos meses, en su perfil de depredador institucional, Bukele convirtió el Instituto de Acceso a la Información Pública en una entidad tibia y casi inútil. Por medio de procesos irregulares logró instalar personas afines a él, que incluso han revertido jurisprudencia previa sobre derechos ciudadanos.

Aquel joven político que endulzó el oído a millones con sus cantos en favor de la probidad y con su eslogan de campaña de que “el dinero alcanza cuando nadie se lo roba” ha seguido, poco a poco, los mismos pasos que siguieron primero Arena y luego el FMLN en sus compromisos ante el electorado de transparentar la función pública y de acabar con la corrupción. Ahora mismo hay un expresidente -Antonio Saca, de Arena, 2004-2009- preso por desfalcar más de 300 millones de dólares al Estado. El sucesor de Saca, Mauricio Funes (2009-2014), es protegido de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y está acusado de desviar más de 350 millones de dólares.

¿Y qué puede esperarse de Nayib Bukele ahora que ha ganado el control de la Asamblea Legislativa? Si con el poder limitado que ya ha tenido como presidente del Ejecutivo ha quedado patente su enemistad con la probidad y la transparencia, su vocación antidemocrática, sus guiños en favor de la impunidad y su renuencia a que la ciudadanía conozca sus actuaciones, ¿será que su matonería y abusos varios solo eran una actuación para, a partir de mayo, poder cambiar el sistema podrido que prometió cambiar?

Cuando en 2019 la Asamblea Legislativa diseñó un borrador de ley que reviviría la amnistía para las personas acusadas de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra, Bukele protestó y dijo que eso no lo permitiría. Que él vetaría cualquier ley en ese sentido. Para demostrar que hablaba en serio recibió en Casa Presidencial a representantes de las víctimas de la masacre de El Mozote, en la cual el ejército mató a cerca de mil civiles desarmados en 1981, y les prometió toda su colaboración para que el juicio que se ventila 40 años después de la matanza, pueda terminar con justicia. El presidente fue más lejos en su promesa: ofreció la apertura completa de los archivos de la Fuerza Armada. Sin embargo, una vez el juez de la causa intentó acceder a los archivos militares de la guerra, le fueron cerradas las puertas una vez tras otra.

Este es el presidente que logró que la ciudadanía le dé el cheque en blanco que significa una Asamblea Legislativa que este año deberá elegir nuevo o nueva fiscal general y un tercio de la Corte Suprema de Justicia. Y lo logró apenas cuatro meses después de que la Fiscalía abriera proceso penal por más de 150 millones de dólares en compras hechas a la luz de la pandemia. Los datos de la pandemia, en términos de incidencia de Covid-19, son un secreto, y por supuesto que los datos de las compras de insumos o equipo hospitalarios también lo son. La ciudadanía ni siquiera puede acceder a información sobre la incidencia de otras enfermedades, porque también ha sido declarada bajo reserva.

El presidente que predicaba el evangelio de la transparencia se rehúsa a control y escrutinio. Pero la prensa independiente, en apenas tres meses, entre junio y agosto de 2020, destapó casi medio centenar de casos de corrupción vinculados a la gestión de la emergencia sanitaria. Apenas unos pocos de ellos quedaron recogidos en la investigación que inició la Fiscalía en octubre.

Bukele lo tendrá todo a partir del 1 de mayo

Este presidente, que ha declarado secreta la información sobre la Covid-19 y otras enfermedades, que ha declarado bajo reserva las compras en general del Ejecutivo, y que se ha jactado de que su plan de seguridad es secreto, también ha declarado secreto su Plan Nacional de Salud y ha declarado enemigos del pueblo a los medios de prensa independientes, a académicos, a empresarios, a defensores de derechos humanos, a la agencia de noticias AP y al filántropo George Soros. Entre otros.

Este presidente, que se ha jactado de carecer de ideología, ha tenido actuaciones que harían pensar a cualquiera que tienen ante sí el producto de un cruce entre un reverendo Jim Jones, un expresidente Abdalá Bucaram, una Rosario Murillo o un Daniel Orrega, y quizás hasta de un Charles Manson. Este es el presidente que lo tendrá todo a partir del 1 de mayo. La ciudadanía votó por él. El partido Nuevas Ideas ni siquiera tuvo que esforzarse por hacer una propuesta de trabajo legislativo. “Nuestro plan es el plan del presidente Nayib Bukele, el Plan Cuscatlán”, dijo en una entrevista de televisión la hoy diputada electa Suecy Callejas, que deja el Ministerio de Cultura.

Sin ninguna excepción, candidatos y candidatas a la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas lo único que pidieron al electorado fue que votaran “por la N de Nayib”. Esa N cyan acuñada por Nayib Bukele desde cuando inició su carrera política.

Inevitable pensar en el destino del millar de devotos de Jim Jones que en 1977 le siguieron hasta su autoexilio en Guyana, la tierra prometida. Jones alegaba ser el único ser humano heterosexual del mundo. Nayib Bukele asegura ser el presidente más cool del mundo. Y Nayib Bukele también pidió en 2019, al inicio de su presidencia, que le ayudaran a convertirse en “presidente de Twitter”. Una capacidad persuasiva o seductora impresionante. Como la de Jim Jones, que logró persuadir a familias enteras de mudarse hacia la nada, en Suramérica, donde levantó una pequeña comunidad que constituiría un homenaje. Un homenaje a sí mismo: Jonestown. Fue tal el encanto del fundador de la iglesia “Templo del pueblo”, que un año más tarde pocos se rehusaron -y fueron asesinados a balazos- a seguir sus órdenes cuando les pidió que se suicidaran. Más de 900 estadounidenses murieron envenenados con cianuro.

Bukele, a pesar de todo lo hecho al mejor estilo de “los mismos de siempre” cuando la ciudadanía acudió a las urnas el 28 de febrero, también ha llevado su grandilocuencia al mundo de la crisis sanitaria: ha dicho numerosas veces que El Salvador es el país que mejor ha manejado la pandemia a nivel mundial. Y cuando esta llegó a América a inicios de 2020, aprovechó para hacer una de sus promesas que luego incumplió pero que la ciudadanía, embelesada por el hombre que le ha devuelto la esperanza, no ve. O prefiere nover. En marzo de 2020 el gobierno anunció que iba a construir “el hospital contra la Covid-19 más grande de Latinoamérica”. Tendría tres plantas y 2 mil camas UCI y lo entregaría el 10 de junio de ese año. Nueve meses más tarde, y superada ya hace tiempo la etapa de mayor propagación de la enfermedad, el hospital está a medio levantar. Y eso que dos de sus tres etapas se montaron sobre edificios ya construidos previamente.

Una clave para preservar el enorme apoyo popular con que inició está en su astucia para convertir cualquier cosa en propaganda proselitista. Si algo se rehusó Nayib Bukele a reducir para afrontar los gastos de pandemia fue el presupuesto de 22 millones de dólares destinados a propaganda en 2020. Y le ha rendido frutos. Tanto que, a pesar de ser este gobierno una especie de epidemia de corrupción y de autoritarismo dentro de la pandemia de Covid19, la gente lo quiere con más poder.

Este ornitorrinco de la política, encantador de masas, terminará su mandato en 2024. Le sobrevivirá la Sala de lo Constitucional actual, cuyos nueve años terminan en 2027… si es que Nayib Bukele le permite sobrevivir. Y lo que está por verse es si el país mismo sobrevive a Nayib Bukele. En un año de gobierno, la deuda pública aumentó del 70 % del PIB a más del 85 %, según el ministro de Hacienda.

¿Para qué quiere Nayib Bukele todo el poder? Él y los suyos aseguran que para beneficiar al pueblo. Con el poder limitado que ha tenido hasta ahora, casi todo lo que ha hecho parece ir en sentido contrario. Ni ha luchado contra la impunidad, ni por la transparencia, ni contra la corrupción, ni ha dado más poder a la ciudadanía para controlar a sus gobernantes.

Este es el hombre que, a partir del 1 de mayo, tendrá todo. El hombre que, para persuadir a la ciudadanía de que era el momento de acabar con “los mismos de siempre”, terminó haciendo de sí mismo el más genuino representante de esos mismos de siempre… hizo de la Presidencia una agencia de publicidad y está a punto de convertir a la Asamblea Legislativa en una sucursal de la Presidencia.

*Ricardo Vaquerano, es periodista salvadoreño con más de 20 años de experiencia como editor de investigaciones y de periodismo de profundidad. Editor de sección política de La Prensa Gráfica (1998-2005), editor de la revista Enfoques, de La Prensa Gráfica (2005-2007), jefe de Redacción de periódico El Faro (2008-2017). Editor independiente desde 2018, colaborador de los periódicos Revista Factum y Gato Encerrado, capacitador periodístico (la entrevista como género y como herramienta de reporteo diario, periodismo explicativo, diseño de coberturas, diseño de estructura de reportajes y crónicas). Jurado del Premio Gabriel García Márquez 2018, nominado a premio Emmy 2018 por cobertura “De migrantes a refugiados” desarrollada en conjunto por El Faro y Univisión Noticias, editor por parte de El Faro de investigación conjunta con The New York Times sobre las pandillas salvadoreñas, publicada en la versión en inglés del TNYT. Durante su jefatura de Redacción en El Faro, este periódico obtuvo, entre otros reconocimientos, el premio Ortega y Gasset, el premio WOLA, el premio IPYS en dos ocasiones y el Premio a la Excelencia Periodística de la Fundación Nuevo Periodismo Gabriel García Márquez.