Hay algo profundamente mezquino en intentar reducir a Sergio Ramírez a la figura de un “criminal”.

Sí, es mezquino lo que está haciendo un sector de la oposición nicaragüense al emprender una nefasta campaña contra uno de los grandes escritores contemporáneos del país, por el hecho de que el Pleno de la Real Academia Española (RAE) haya proclamado su candidatura para ocupar la silla L, vacante tras la muerte de Mario Vargas Llosa.

Como nicaragüense, me siento orgulloso de que, por primera vez, un compatriota pueda ocupar un puesto de semejante relevancia en el mundo de las letras hispánicas. Este reconocimiento sitúa a Ramírez, Premio Cervantes 2017, entre las figuras más importantes de la literatura nicaragüense. Quizá a la altura de Rubén Darío.

En lugar de celebrarlo, un trasnochado grupo de opositores ha decidido atacar su candidatura, acusándolo de ser un “criminal de lesa humanidad”. Ningún organismo nacional o internacional de derechos humanos ha señalado jamás a Ramírez por esos delitos.

Resulta chocante, por tanto, que intenten borrar una vida intelectual de más de medio siglo con un simple adjetivo: criminal.

El problema aquí no es la crítica. Es legítimo cuestionar a Ramírez por su papel en el proyecto revolucionario de los años ochenta. También es legítimo exigir justicia por los crímenes cometidos por el sandinismo durante esa década. Pero la justicia, la verdad y la reparación también deben alcanzar los crímenes cometidos por dirigentes de la Contra.

Una cosa es discutir la historia y otra muy distinta es practicar un linchamiento moral, como si la política nicaragüense estuviera hecha de santos.

A muchos de esos opositores parece olvidárseles que Ramírez también ha sido víctima de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es un escritor exiliado, perseguido,  desnacionalizado y confiscado. A su avanzada edad vive en Madrid, lejos de su tierra, después de haber sido uno de los intelectuales más críticos del régimen. Ha mantenido una posición coherente frente al autoritarismo copresidencial. 

Y hay algo todavía más irónico: pretenden juzgarlo con una severidad incluso igual que la del propio régimen que terminó expulsándolo de Nicaragua. Solo falta que Rosario Murillo también salga a pedirle a la RAE que desestime su candidatura, argumentando cualquier señalamiento inverosímil.

Lo que evidencia la actitud de los opositores es una preocupante falta de madurez política. Una cultura democrática madura, que es a la que todos aspiramos en una Nicaragua post dictadura, debería ser capaz de discutir responsabilidades históricas sin caer en la mezquindad de negar la obra, la evolución y la dignidad intelectual de alguien que, además, fue capaz de romper con el proyecto político que Ortega terminó secuestrando.

Algunos hablan de la soberbia de Ramírez. Pero, en este caso, los soberbios son ellos. 

Sergio Ramírez, el escritor, merece esa silla y mucho más. Es uno de los grandes de la literatura hispanoamericana.