El asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam en San José no es un hecho aislado, ni un simple caso de violencia común: es un crimen político que confirma la operación de una red de represión extraterritorial del régimen Ortega-Murillo en Costa Rica. Samcam, desnacionalizado y naturalizado español, fue ejecutado con ocho disparos en su vivienda. Su muerte lleva el sello de la Dirección de Inteligencia del Ejército de Nicaragua y revela la extensión de los tentáculos represivos más allá de las fronteras.

Costa Rica, refugio tradicional  de miles de nicaragüenses que huyen de la dictadura, ya no es un lugar seguro para quienes denuncian los crímenes del régimen. La escalada de atentados —como los dos intentos de asesinato contra Joao Maldonado, también exiliado político— demuestra un patrón claro: perfilamiento, infiltración, vigilancia, y uso de sicarios locales.

El Gobierno del presidente Rodrigo Chaves ha sido, como mínimo, negligente frente a estas amenazas. En el mejor de los casos, omiso. En el peor, cómplice por inacción. La represión transnacional de la dictadura nicaragüense ha sido advertida por organismos como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU. A pesar de estas alertas, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), bajo responsabilidad directa de la presidencia costarricense, ha mantenido un silencio que raya en la indiferencia. La misma DIS, que debía garantizar protección a opositores bajo riesgo, falló en prevenir el asesinato de Samcam y proteger a otros exiliados que siguen bajo amenaza.

Costa Rica, país signatario de tratados internacionales de derechos humanos, tiene la obligación de garantizar la seguridad de los refugiados políticos. Ignorar este deber equivale a ceder territorio al terror que impone la dictadura nicaragüense desde Managua. Permitir que el sicariato político se normalice —en medio de una crisis de seguridad que desborda al país— es una traición al espíritu de asilo que ha caracterizado históricamente a la nación tica.

Desde DIVERGENTES, reiteramos nuestro compromiso con la denuncia de estos crímenes y exhortamos al Gobierno de Rodrigo Chaves una actuación firme, transparente y eficaz. Proteger a quienes han sido desplazados por la violencia política no es un gesto de solidaridad: es una obligación del Estado costarricense.

A Claudia Vargas, esposa de Samcam, y a sus hijos, les extendemos nuestra solidaridad. Su asesinato debe ser investigado como lo que es: un crimen de Estado fraguado por un régimen señalado por la justicia internacional como perpetrador de crímenes de lesa humanidad.

La represión del régimen Ortega-Murillo no termina en Nicaragua. Y mientras no se nombre con claridad a sus cómplices pasivos, seguirá matando también en el exilio.