La Red Centroamericana de Periodistas me encomendó una tarea compleja: asistir a la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN), en Buenos Aires, donde este año se reúne lo mejor de la investigación periodística del continente. A contar de nuestra región pequeña, ubicada en la cintura de América, pero que es convulsa como sus volcanes, y enfrenta un descenso total al autoritarismo en casi todos los países, claro está, con sus matices cada uno, pero cruzado por un factor común: el odio al periodismo crítico, riguroso y comprometido. 

Hablar hoy sobre violencia contra la prensa en Centroamérica es hablar de una violencia que ya no siempre usa balas o cárceles, sino tribunales, demandas, embargos, confiscaciones, desnacionalizaciones, y mecánismos de presión encaminados a fortalecer autocensura, sin importar que los periodistas estén en el exilio…

Una de las formas más comunes de esa violencia son las llamadas “demandas estratégicas contra la participación pública”, conocidas por sus siglas en inglés como SLAPPs. Se tratan de demandas judiciales abusivas o infundadas que buscan castigar a periodistas y medios por ejercer su trabajo, desgastándolos emocional y económicamente. Por eso, desde la Red Centroamericana, se hizo un informe para entender esta nueva forma de violencia institucional que aporta elementos claves para entender la dimensión del ataque sistemático contra el periodismo, además agobiado desde hace un año por el brutal recorte de financiamiento de la cooperación internacional. 

La violencia en Centroamérica contra la prensa es hoy “más integral”, por llamarla de alguna manera con sorna, ya que se manifiesta hoy en tres niveles: judicial, económica y simbólica. En toda la región, el derecho penal y civil se usa para castigar la investigación y la crítica.

Empecemos por Nicaragua, mi país, donde opera la dictadura más clara de la región y que está exportando su modelo represivo con eficacia. El régimen Ortega-Murillo ha convertido la ley y el Estado en un instrumento de persecución totalitario para consolidar su sucesión dinástica. Para ello, han venido encarcelando a periodistas, confiscando redacciones, quitando nacionalidades y destruyendo toda prensa independiente.

Después de las protestas de 2018, el régimen Ortega-Murillo creó un andamiaje para legalizar sus prácticas represivas de facto contra la prensa y los ciudadanos. Aprobaron la Ley de Ciberdelitos, la Ley de Agentes Extranjeros (luego emulada por Nayib Bukele en El Salvador) y la reforma al Código Penal para incluir el delito de “traición a la patria”, que acarrea la pérdida de la nacionalidad y confiscación de bienes. Algo que también me aplicaron a mi por hacer periodismo: despojarme de mi nacionalidad.

Ahora, con las esas leyes, el régimen puede juzgar en ausencia, lo que abre una nueva brecha para la autocensura por el temor de los periodistas sobre los familiares que les quedan dentro del país o para quienes aún son dueños de propiedades en Nicaragua. O echan presos a sus familias o les confiscan sus bienes, incluido hasta las pensiones de jubilación. 

Desde 2018, eso ha provocado que más de 50 medios hayan cerrado, más de 250 periodistas estamos en el exilio… una ristra confiscaciones, desnacionalizaciones, y bloqueo de cuentas bancarias. Redacciones enteras se han exiliado, como La Prensa, Confidencial, 100% Noticias o Divergentes. Hay “desiertos informativos” en el país que es el único en el hemisferio occidental que no cuenta con un periódico impreso. 

Por el otro lado,  y no quiero dejar de mencionarlo, en la actualidad, se suma la represión transnacional, que no sólo ha reforzado esta autocensura sin precedentes, sino el temor de poder ser asesinados en Costa Rica, el epicentro de nuestro exilio, donde ya el régimen ha ejecutado asesinatos de opositores, como el mayor en retiro Roberto Samcam quien, tampoco está de más decir, era una fuente habitual de los periodistas. Perdón que me extienda con Nicaragua, no porque es mi país, sino porque estas prácticas ya se emplean, como espejo, en otros países. En fondo y forma. 

En Guatemala, la represión judicial contra periodistas ha evolucionado: ya no se limita a los delitos tradicionales de injuria, calumnia o difamación, que hoy casi no se aplican. El patrón actual es más grave: se están utilizando figuras penales de la Ley contra la Delincuencia Organizada —como lavado de dinero u obstrucción a la justicia— y hasta la Ley contra el Femicidio para criminalizar la cobertura periodística, especialmente cuando involucra a funcionarias o mujeres políticas.

Estas acusaciones equiparan al periodista con un criminal y al medio con una organización delictiva, lo que representa un salto cualitativo en la violencia institucional contra la prensa. A esto se suma una campaña de criminalización mediática y digital, donde antes de cada captura o acusación se despliegan campañas de difamación y acoso en redes sociales, preparando el terreno para la persecución judicial.

Actualmente, más de 20 periodistas guatemaltecos están en el exilio, algunos con causas abiertas y otros bajo “investigación” sin acusaciones formales, pero expuestos a vigilancia, amenazas y procesos arbitrarios.

El periodista José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, fue capturado el 29 de julio de 2022, acusado de lavado de dinero, chantaje y obstrucción a la justicia. Su caso fue declarado bajo reserva, y su medio, reconocido por investigar corrupción bajo el gobierno de Alejandro Giammattei y del Pacto de corruptos, terminó cerrando en mayo de 2023. Aunque la acusación no se presentó directamente por su labor periodística, coincidió con la publicación de investigaciones sobre abuso de poder y corrupción, y fue acompañada de persecución judicial, presiones económicas y difamación pública contra todo el equipo del medio. 

Mientras que la Fiscalía de Consuelo Porras, ante un presidente Bernardo Arévalo que no ha mostrado garra, se las ha arreglado para mantener a José Rubén en el calabozo y, al ser un hombre de la tercera edad, se deteriora físicamente cada día. 

En Honduras, desde el gobierno del expresidente y ahora convicto, Juan Orlando Hernández, hasta el  gobierno de izquierda de Xiomara Castro y su esposo Mel Zelaya, la amenaza de criminalización ha sido un arma para callar periodistas. El Código Penal de Honduras permite sancionar incluso a medios por contenidos de terceros. Las constantes amenazas legales del actual Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, en contra de periodistas y medios, que van acompañadas de campañas de desprestigio a través de medios oficiales, tienen ese “asidero legal”.  

También campean demandas recurrentes contra medios regionales que investigan temas ambientales y de tierras. Un caso claro es Contracorriente, un medio constantemente asediado por sus investigaciones. Aunque las penas son multas, los procesos judiciales largos y el riesgo de quiebra generan un efecto de autocensura en medios locales. Honduras, hay que resaltarlo, sigue siendo un país letal para los periodistas. Hace pocos meses, en junio, el colega Javier Hércules fue asesinado a balazos por hombres armados en el departamento de Copán y solamente durante el gobierno actual van siete víctimas más. En los últimos 20 años, más de 90 periodistas han sido asesinados y sus casos continúan en la impunidad, mientras el mecanismo de protección continúa sin proteger a los periodistas y reporteros comunitarios más vulnerables. 

En El Salvador, el gobierno de Bukele usa auditorías fiscales, leyes restrictivas y amenazas judiciales para intimidar a medios como El Faro y GatoEncerrado. Se mantienen los delitos de calumnia, difamación e injuria, pero se han aprobado leyes que agravan el control estatal sobre medios, como la Ley de Agentes Extranjeros (es decir un impuesto del 30 % a donaciones) y la Ley Antipandillas que penaliza publicaciones sobre maras. Más de 40 periodistas se han ido al exilio este año.  

Las difamaciones y el acoso judicial son promovidas por funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, que sigue siendo popular y más autocrático, agravando aún más la vulnerabilidad de los colegas salvadoreños. 

Costa Rica, que se consideraba la excepción de nuestra región, ya no lo es… Bajo el estilo bravucón y autoritario de Rodrigo Chaves, no sólo las instituciones ticas están bajo presión, sino la prensa, considerada “canalla” por el mandatario, que emula a Bukele. 

El caso de Marlon Mora, periodista y director del programa universitario “Suave un Toque”, es paradigmático. En 2019 fue denunciado penalmente por el excandidato presidencial Juan Diego Castro por sátira política durante la campaña electoral. El tribunal lo condenó a pagar 18 millones de colones, embargó su casa, carro y cuentas, y le ordenó publicar la sentencia en un diario nacional. Aunque el fallo fue anulado después, los embargos se mantuvieron y Mora se alejó temporalmente de los medios, refugiándose en la docencia universitaria.

El caso de Mora es hoy un símbolo de cómo una demanda puede destruir la carrera y la estabilidad de un periodista, incluso en un país sin censura estatal directa. Recientemente, los Slapp han alcanzado a “influencers” que han denunciado daños ambientales en proyectos de desarrollo turístico. Si bien Costa Rica tiene un sistema judicial garantista, la judicialización del honor y la falta de leyes anti-SLAPPs generan un fuerte efecto de autocensura.

En Panamá, las sanciones por calumnia e injuria incluyen multas y, si se cometen a través de medios de comunicación, hasta prisión. Se permite el secuestro de bienes durante procesos, afectando la sostenibilidad de medios.

Demandas contra La Prensa y Mi Diario por empresarios y funcionarios son prueba de ello. O el caso de la periodista Rita Vásquez, demandada por publicar investigaciones sobre corrupción. El uso del secuestro de activos es un rasgo distintivo del modelo panameño de SLAPPs, generando censura económica previa.

Ante esta violencia, el periodismo independiente está respondiendo con nuevas estrategias… Primero, la solidaridad regional. Redacciones como Divergentes, Contracorriente, Focos, NoFicción o la propia Red Centroamericana de Periodistas documentan y visibilizan estos casos, evitando que las SLAPPs se ejerzan en silencio.

Segundo, la formación legal preventiva. Los medios están capacitando a sus periodistas para reconocer una demanda abusiva y actuar rápido, con asesoría y respaldo institucional. Aunque sepamos que con algunos sistemas de justicia no haya nada que hacer. 

Tercero, el acompañamiento jurídico y académico. Casos como el de Marlon Mora han sido respaldados por nuestra Red, tanto a nivel jurídico como económico. 

Cuarto, la colaboración periodística. Cuando un medio es atacado, otros reproducen la historia. Así, lo que se quiso silenciar se multiplica. Es el principio de: “si nos demandan a uno, respondemos todos”.

Y finalmente, la incidencia política. El gremio impulsa ahora leyes anti-SLAPPs, inspiradas en la Directiva Europea de 2024, que protege el debate público frente a acciones judiciales abusivas. En Centroamérica este debate no existe aún, pero es  necesario posicionarlo en la agenda pública. 

El periodismo independiente centroamericano ha entendido algo esencial, además de resistir, ya sea incluso desde el exilio: Que la defensa no solo está en los tribunales, está en la solidaridad, la colaboración y la persistencia. 

En eso estamos. 

* Palabras leídas en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Investigación (COLPIN), en Buenos Aires, Argentina, el 5 de noviembre de 2025.