Cruzó la puerta de la Sala Cuarta de los juzgados de Quetzaltenango, en Guatemala, con la seguridad de que el puesto vacante de secretario de la Sala de Apelaciones podía ser suyo. Thelma Aldana tenía 25 años y apenas dos meses de haberse graduado de Derecho.
La respuesta, sin embargo, fue un “no”.
Los magistrados a cargo de la convocatoria le dijeron a aquella joven delgada, de pelo lacio hasta los hombros —que había empezado a trabajar en esos mismos tribunales limpiando el polvo de los escritorios— que no querían a una mujer. Corrían los años ochenta y Centroamérica se enfrentaba al horror de las guerras civiles.
—Nosotros queremos aquí a un hombre porque se requiere mucho carácter, recuerda que le contestó uno de los magistrados.
Lo que no sabía ese magistrado es que la joven aprendiz de abogada llegaría a convertirse, en 2014 y con 55 años, en Fiscal General de Guatemala, con el carácter suficiente para ordenar, en 2015, la captura del presidente en funciones Otto Pérez Molina, su vicepresidenta Roxana Baldetti y varios ministros del gabinete, por una trama de corrupción denominada “La Línea”, dedicada al cobro de sobornos a empresarios a cambio de la evasión de impuestos aduaneros.
Esa es quizá una de las grandes proezas por la que se conoce a Aldana.
La épica de encarcelar a los poderosos de su país le valió varios premios por su lucha contra la corrupción, incluso por cercar al propio Molina —el presidente que la eligió en el cargo—, algo poco común en una región acostumbrada a que el abogado del Estado se ciña a los intereses del Ejecutivo. Pero esa épica también marcó el inicio de una persecución judicial sin precedentes en Guatemala.
Aldana dejó de ir al gimnasio y de salir a comer con sus dos hijos por la capital guatemalteca.
Cambió su viejo carro Toyota por uno blindado.
Cuando dejó el cargo en mayo de 2018, su sucesora, Consuelo Porras, emprendió numerosas acciones para llevarla a la cárcel, en complicidad con los presidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Con el respaldo de esos mandatarios, durante sus respectivos gobiernos, Porras usó la Fiscalía General para desmantelar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) —el órgano independiente de las Naciones Unidas que operó entre 2007 y 2019 y con el que se investigó el enquistado mal de la corrupción— y persiguió a jueces y fiscales independientes.
Porras también fue la artífice de truncar las aspiraciones presidenciales de Aldana en 2019.
Un juez, siguiendo órdenes suyas, decretó el arresto de Aldana por malversación, mentiras y fraude. También la amenazaron de muerte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares para protegerla.
“Estoy siendo víctima de una persecución, de un linchamiento, por haber incursionado en la política”, denunció entonces.
Salió al exilio y renunció a su candidatura, lo que supuso una victoria para Porras. Para la impunidad en Guatemala.
La fiscal Porras ahora está por concluir su gestión.
Dirige el Ministerio Público desde mayo de 2018 y en 2022 ganó la reelección. Quería extender su mandato hasta 2030, pero la Comisión de Postulación, conformada por decanos de facultades de Derecho, ha excluido a Porras de una lista de seis propuestas para sucederle que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ya tiene en su despacho en el Palacio Nacional.
El mandatario —al igual que Aldana— había advertido que Porras era un “peligro para su país”.
Arévalo deberá elegir en los próximos días al nuevo Fiscal General de la Nación y jefe del Ministerio Público.
Así está por terminar la era de Porras que, según varias organizaciones, servía al llamado Pacto de Corruptos: una alianza informal de políticos, empresarios, funcionarios judiciales y redes criminales que han cooptado las instituciones del Estado para lograr impunidad.
Aldana se muestra moderadamente optimista ante el fin de la gestión de Porras en esta entrevista de casi una hora concedida a DIVERGENTES a través de una videollamada la tarde del 21 de abril de 2026 en Washington.
Ante todo, se la ve serena, como si contara los días para regresar a Guatemala y trabajar por la justicia y la democracia. La salida de Porras le da esperanzas, aunque este hecho no es garantía de que marque el fin de casi ocho años de exilio.
La conversación gira, inevitablemente, hacia el nombre que ha marcado los últimos años del sistema judicial guatemalteco: la fiscal Consuelo Porras.
—La fiscal Porras ha quedado excluida de la lista, ¿esto es una victoria o una señal de que el Pacto de Corruptos ha mutado?
Indudablemente. El hecho de que la señora Consuelo Porras no haya sido incluida en el listado de los seis candidatos es importante. No le llamaría una victoria, pero sí es un hecho relevante para el sistema de justicia, porque el daño que le ha hecho a la estructura judicial, al Estado de Derecho, es grave, difícil de reparar. Detrás de Porras, hay un engranaje de criminalidad organizada, de mafia, que la ha sostenido y sigue allí, capturando la institucionalidad del sistema de justicia.
El propio presidente Arévalo la calificó de peligrosa para el país y dijo que Porras no debía seguir en el cargo. Más allá de este consenso en Guatemala de que urgía un cambio en la Fiscalía, ¿cómo se explica que se haya excluido a Porras, si la última vez que conversamos, usted me decía que el Pacto de Corruptos también había colonizado la Comisión de Postulación?
En principio, me parece que la Comisión de Postulación se excedió al otorgarle una nota tan alta a Porras, más de 92 puntos. Existe un cuestionamiento respecto a su supuesto doctorado y hay constancia de que su tesis coincide con la de un abogado ya fallecido. La Comisión de Postulación no puede permitir un plagio a nivel universitario. Ellos podían verificarlo y fácilmente se hubiesen dado cuenta de que había un plagio parcial. Al asignarle el puntaje más alto de la lista, le dan la fuerza para que la Corte de Constitucionalidad obligue a la Comisión de Postulación a incluirla, una nota que no responde con la realidad, lo que pone de manifiesto que la Comisión de Postulación se manipula y ya no puede funcionar adecuadamente.
Aunque haya sido excluida de la lista, entiendo que Porras puede apelar esta decisión. ¿Usted cree que eso pueda prosperar?
La Fundación Contra el Terrorismo, que no sé qué hace participando en este proceso, ha presentado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad a favor de la señora Porras, con el mismo argumento de la vez anterior (en 2022) por haber tenido la nota más alta, lo cual es falso. En Guatemala, cualquier cosa puede pasar.
¿De estos seis nombres que le han presentado al presidente, encuentra alguno que garantice la independencia del Ministerio Público o percibe una continuidad de la cooptación del sistema de justicia?
Conozco a los seis profesionales, pero no estoy al tanto de la trayectoria de ellos porque vivo en el exilio desde hace siete años y en Guatemala les perdí un poco de vista. Ojalá que hagan un buen trabajo. De lo que sí estoy segura es que ninguno de ellos es peor que Consuelo Porras.
¿Qué nombre le parece más acertado de esta lista y que pueda hacer un mejor trabajo?
Trabajé de cerca con la fiscal Tatiana Morales.Es una fiscal de carrera, seria, con experiencia en investigaciones de estructuras criminales transnacionales. Vale la pena privilegiar la carrera de ella. El candidato Gabriel García Luna también me parece un buen perfil.
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El nombre de Consuelo Porras vuelve una y otra vez en la conversación. Es difícil dejarlo a un lado. Por estos días es de lo que más se habla en Guatemala y en los sectores de la diáspora en Estados Unidos.
La máxima autoridad del Ministerio Público ha sido sancionada por más de 40 países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, por socavar la democracia y obstaculizar la lucha anticorrupción.
En Centroamérica, solo la Nicaragua de Daniel Ortega concentra altos funcionarios judiciales sancionados. Guatemala no es una dictadura. Distintos expertos me han descrito el caso, más bien, como una forma de autoritarismo judicial, articulado desde el Ministerio Público bajo la dirección de Porras.
Durante años, su permanencia en el cargo pareció intocable. Intentó aferrarse hasta las últimas consecuencias. Intentó también impedir la llegada de Bernardo Arévalo al poder en 2023, a pesar de su clara victoria electoral.
La fiscalía lo acusó entonces de presunto fraude electoral y otros delitos, e incluso llegó a secuestrar boletas, solicitando a un juez la proscripción del Movimiento Semilla, el partido político con el que Arévalo llegó al poder y del que la exfiscal Aldana fue la primera cara visible.
¿No cree más bien que el Pacto de Corruptos ha apostado por perfiles menos desgastados con la decisión de la Comisión de Postulación de excluir a Porras? Estas seis personas propuestas pueden ser igual de funcionales para sus intereses.
Con seguridad que el Pacto de Corruptos la desechó porque ya no les es útil, por ese desgaste político y la animadversión que ella genera en la población. Ojalá que la persona que finalmente resulte designada por el presidente logre independencia respecto al Pacto de Corruptos.
¿Cuál es el reto, a priori, que tiene el nuevo fiscal de Guatemala y cuál cree usted que es el daño estructural por parte de la gestión de Porras?
Mi apreciación es que el próximo Fiscal General o la próxima Fiscal General va a tener una tarea sumamente difícil porque Consuelo Porras destruyó todo. Ella nos enseñó cómo se puede capturar una institución hacia adentro. Guatemala históricamente ha sufrido una captura institucional. Justamente por esa razón, Naciones Unidas suscribió convenios con el Gobierno de Guatemala para crear la CICIG, por la existencia de estas redes criminales políticas ilícitas incrustadas en el Estado. Y estas mismas redes expulsaron a la CICIG, nos han criminalizado a jueces y fiscales, etcétera. Es decir, ellos tienen control, tienen poder y manejan los escenarios como mejor les convenga a sus intereses de impunidad.
La última palabra la tiene ahora el presidente Arévalo. ¿Qué margen tiene para elegir a alguien que no termine convirtiéndose en su rival, en su principal opositor judicial, como lo ha sido hasta ahora la fiscal Porras?
No creo que ninguna persona de la lista sea del nivel de Consuelo Porras. Ella es un caso aparte, un caso único en la historia de Guatemala que esperamos que nunca más se repita. El daño que ha hecho al país, a la democracia, al Estado de Derecho, a personas y familias es casi irreparable. No hay, dentro del listado de los seis, alguien semejante a Porras. El presidente tiene toda la potestad para analizar perfiles, para entrevistar a las y los candidatos y elegir a quien él considere el mejor. Sin embargo, eso no le garantiza que la persona se vaya a comportar con honestidad y con independencia, que es lo que necesita un sistema de justicia para contribuir al fortalecimiento de la democracia.
¿Qué tan optimista es con que la Fiscalía no se siga utilizando en Guatemala como un arma contra la democracia?
Estando Consuelo Porras fuera de la institución, yo tengo muchísima esperanza de que el nuevo Fiscal General haga las cosas diferentes. Todo lo que le pedimos —el mayor porcentaje de la población— es que actúe con transparencia, con honestidad, con independencia y que tenga muy claro que el Fiscal General no puede estar del lado de la mafia como lo hizo Consuelo Porras. No puede operar con tibieza porque a la criminalidad se le enfrenta con carácter, con decisión, con la ley en la mano y con transparencia. Ojalá que la persona electa tenga claridad en que su posición debe ser vertical: fuerte contra las estructuras criminales y tomado, por supuesto, de la mano de Dios y de la Ley.
Una vez que Porras entregue el poder en mayo y pierda su inmunidad, ¿es posible que el sistema pueda llevarla a la justicia por todo el daño que ha hecho? Hay varios delitos que ha cometido en Guatemala, como la obstrucción misma de la justicia.
Debería hacerlo. El sistema de justicia debería proceder contra Consuelo Porras. Los delitos cometidos son evidentes, han dejado huella a lo largo de estos ocho años y ha sido la defensora de la impunidad de grupos corruptos y del crimen organizado. Dejarla en la impunidad equivale a tolerar todos los actos de corrupción y de crimen organizado cometidos por las estructuras criminales incrustadas, particularmente en el sistema de justicia.
El nuevo fiscal puede tener voluntad para que se haga justicia por los actos de Porras contra la democracia y la independencia judicial. Pero en Guatemala aún hay jueces que ella misma ayudó a posicionar y, seguramente, la protegerán.
Puede suceder, por supuesto que puede suceder. El hecho de que ella salga del Ministerio Público no quiere decir que pierda todo su control sobre esa estructura criminal judicial que opera en Guatemala.
Esta decisión de la Comisión de Postulación es una esperanza para Guatemala. ¿Le parece prematuro hablar de retorno de jueces y fiscales en el exilio, incluida usted misma?
Llevamos años esperando el retorno. Usted sabe lo que implica el exilio: es tristeza, es depresión, pero también es esperanza, y tratamos cada día de encontrar esa luz que nos permita volver a nuestros países, pero tenemos que ser cautelosos. Primero, hay que esperar a ver las actuaciones del Fiscal General. Del presidente de la República no tenemos ninguna duda. Si nosotros regresamos, él jamás nos va a perseguir porque la persecución contra nosotros empezó con el Gobierno del señor Jimmy Morales, siguió con el señor Alejandro Giammattei, pero el señor Bernardo Arévalo es un hombre de vocación democrática. Sin embargo, se agudizó la persecución a través del Ministerio Público, en alianza con jueces de la impunidad. Quiere decir que el solo cambio de Fiscal General —que ojalá sea una persona independiente— no nos da garantía de que los casos que han inventado en nuestra contra, las órdenes de captura absurdas e ilegales, puedan ser revertidas. Es un proceso largo.
Qué garantías necesita…
Necesitamos que el sistema de justicia mejore para poder arriesgarnos a regresar.
¿Cuál sería el mensaje que usted le mandaría al próximo fiscal?
Le diría que revise el impacto de las actuaciones de Consuelo Porras, no solo el impacto legal, también el impacto moral, el daño moral irreversible, ese que ya no se puede reparar, ese que no hay precio que lo pueda compensar. Que revise ese actuar de una fiscal que operó para la mafia, que llevó a cabo la captura de una institución como el Ministerio Público, que utilizó el sistema de justicia como instrumento de persecución, que atacó a la democracia, que atacó la voluntad popular del pueblo de Guatemala tratando de criminalizar la elección del presidente Bernardo Arévalo y criminalizó a un partido político. El próximo Fiscal General debe revisar esas actuaciones y ser consciente de que no puede hacer lo mismo, que tiene que recuperar la institucionalidad en su aspecto legal y en su aspecto moral.
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Después de casi media hora hablando de estructuras criminales, la exfiscal Aldana empieza a recordar los pliegues más personales de su vida. Pero en su caso, separar lo íntimo y lo político es difícil: su biografía está atravesada por tres décadas dentro de la carrera judicial guatemalteca.
Se toma tres minutos para hablar, con su tono pausado, sobre todos los puestos que ha ocupado en ese tiempo.
Está sentada frente a la cámara, bajo un espejo barroco de madera que cuelga de una pared beige. Es la misma mujer de mirada cansada, ojos pequeños delineados en negro, que alguna vez caminó por la Ciudad de Guatemala. A veces en calma. A veces rodeada de escoltas.
Poco parece haber cambiado. Habla despacio, con el cabello corto perfectamente acomodado, las cejas delineadas con precisión y los labios pintados de un rojo carmesí. Apenas gesticula. Solo mueve las manos cuando quiere subrayar algo.
—Nunca imaginé llegar a ser presidenta de la Corte Suprema de Justicia, pero Dios tiene planes para nuestra vida —dice, tras enumerar casi una decena de cargos en su trayectoria.
Estuvo cerca, también, de convertirse en la primera presidenta de Guatemala.
En 2019, cuando le preguntaron por qué quería postularse, respondió sin rodeos:
—Porque en Guatemala hay un Estado capturado, cooptado, que durante décadas ha funcionado en base a esquemas de corrupción y de impunidad.
Aldana cuenta que su aspiración original era otra: llegar a magistrada de la Corte de Apelaciones. “Ese era mi sueño”, dice. Lo cumplió. “Y cuando fui ascendiendo, siempre miraba de cerca ese otro puesto. Me esforzaba, participaba en las convocatorias. A veces me aceptaban, otras no. Siempre estudié mucho porque pensé que así podía optar a los cargos”, añade.
En esa trayectoria de ascensos y bloqueos, insiste, se fue formando también su propia lectura del sistema. Tras treinta años dentro de la justicia guatemalteca, se atribuye una autoridad casi pedagógica para describir lo que llama un entramado capturado por el crimen y el narcotráfico. Y desde ahí lanza, una crítica velada hacia el actual presidente Arévalo.
Muchos creen que lo que ocurrió esta semana (20 de abril) con Consuelo Porras es el mayor éxito político que ha tenido Arévalo desde que asumió la presidencia. ¿Cree usted que es una reivindicación a aquel proyecto que usted encabezó en 2019?
Es un éxito del pueblo guatemalteco y de la comunidad internacional. Recordemos que Consuelo Porras ha sido sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea, Colombia y Canadá. El pueblo de Guatemala nunca descansó pidiendo justicia y, por supuesto, el presidente Bernardo Arévalo fue enfático diciendo que ella representaba un peligro para la República, un peligro para el Estado de derecho, y esas expresiones, sumadas al apoyo de la comunidad internacional y de la sociedad civil guatemalteca, de autoridades indígenas, pues sí tuvieron efecto.
El panorama que vemos actualmente abre una nueva etapa política en Guatemala. Si las condiciones llegan a darse, ¿usted mantiene ese deseo de competir por la presidencia en un futuro…?
Lo que deseo es regresar a mi país. Ese es mi deseo, mi anhelo diario en el exilio, y luego, si hay oportunidad de participar en una elección popular, por supuesto que lo haría. Tengo todo el derecho de elegir y ser electa y yo no renuncio a mis derechos.
Usted en estos años ha logrado conversar con el presidente Arévalo.
Sí, en un par de ocasiones en que él vino a Estados Unidos.
¿Qué le ha trasladado?
Estuve en una reunión con él y en una reunión con migrantes de Guatemala, y en estas públicamente dijo que iba a estar en comunicación y que cualquier apoyo para nosotros estaba dispuesto a darlo.
¿Cómo evalúa su desempeño y del partido en el poder? Claramente había limitantes al no tener mayoría en el Congreso. ¿Se siente plenamente representada por las decisiones que ha tomado el presidente Arévalo o hay áreas en las que usted, a lo mejor, habría sido radical?
Sin lugar a dudas, yo sí hubiese sido radical en mi esfuerzo por rescatar la institucionalidad del sistema de justicia. Lo que sucede es que el presidente Arévalo no conoce a fondo el actuar del sistema de justicia, mientras que yo crecí y viví en ese sistema judicial durante 30 años. Lo conozco desde abajo. En cambio, el presidente, pues no es su profesión y por eso me parece que le faltó más determinación para rescatar el sistema de justicia. Pero no es tarde, apenas va a la mitad de su mandato y de repente, con un buen Fiscal General, el presidente asume con más poder el rescate del sistema de justicia.
¿Pero es ingenuidad o desconocimiento de Arévalo? Aunque él no conozca el sistema de justicia como usted, tiene asesores que le pudieron recomendar más firmeza.
El presidente es una persona de vocación democrática y esa vocación democrática le lleva a respetar la ley, incluso respetando actuaciones del Pacto de Corruptos. Sabemos que enfrentar a las mafias se hace con firmeza, con la ley en la mano, respetando los derechos humanos de todo el mundo, pero con firmeza, y eso se puede hacer. Nosotros ya lo demostramos.
¿Para usted fue difícil tomar la decisión de dar la orden de arresto contra el expresidente Molina?
Cuando di la orden, tuve sentimientos encontrados porque yo pensaba que el señor Pérez Molina era un hombre conciliador, puesto que había apoyado la suscripción de los Acuerdos de Paz en Guatemala. Esa era la imagen que tenía de él, no la de una persona que dirigía una estructura criminal contra el propio país que lo eligió. Me dio sentimiento de tristeza, pero comprendí que un fiscal o un juez debe ser ingrato con la persona que lo eligió o lo nombró si esa persona incurre en actos de crimen organizado.
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Poco antes de sentarse frente a la pantalla de su teléfono, la exfiscal Aldana había estado trabajando en línea. No especificó en qué. Dice que su carrera como jurista terminó el día que se exilió, en 2019. El día en que viajó a Estados Unidos para una entrevista con CNN y ya no regresó a Ciudad de Guatemala.
Meses antes se había resguardado durante en El Salvador, donde también sufrió hostigamiento. Vehículos con placas guatemaltecas, con agentes encubiertos, y personas que tomaban fotografías llegaban al Hotel Sheraton Presidente, en la capital salvadoreña. Allí se ocultaba.
En febrero de 2020, Estados Unidos le concedió asilo político.
En Washington, donde vive, nunca termina de encontrarse. El exilio se ha convertido en una experiencia que transita “entre la esperanza, la resiliencia, la angustia, el miedo y la desesperación”.
“Mi vida en Washington representa una experiencia que aún sigue siendo una batalla diaria”, apunta, mientras se estira los pliegues de una impecable camisa cuello redondo con estampados de flores rosadas.
Algunas cosas, sin embargo, han cambiado. Ahora puede hablar de sus dos hijos. Hace seis años, dice, eso era imposible.
¿Y ha logrado verlos en estos años?
Sí, los he logrado ver, pero poco. Nosotros vivíamos los tres solos y, sin despedirme siquiera, ya nunca regresé a la casa. A mi hijo ya tengo dos años de no verlo. Ese es el daño que ha provocado Consuelo Porras. Irreparable. Ahí no hay reparación posible.
Usted me dijo en alguna ocasión que ha encontrado fortaleza espiritual desde que empezó a ir a la iglesia y a leer la Biblia. Antes del exilio, ¿tenía una relación activa con la religión o era más bien creyente, pero no practicante?
No era practicante, no leía la Biblia. Creía en Dios a mi manera.
Intuyo que es una mujer tenaz, firme, ¿ha hecho alguna introspección: cómo se ve Thelma Aldana a sí misma?
Me gusta estudiar, me gusta la transparencia en todo y especialmente trato de actuar con misericordia, aplicando la ley, respetando el Estado de Derecho, pero siempre con misericordia.
¿Eso no no es un poco contradictorio?
Hay un pasaje bíblico que dice que tú debes ser honesto con la gente honesta, transparente con la gente transparente, pero también debes ser rígido con los perversos. En esa cita bíblica encuentra uno fundamento para actuar como juez, como fiscal: honesto con los honestos, transparente con los transparentes, rígido con los criminales. Así hay que ser. Y desde luego la misericordia tiene que ser parte de nuestra vida diaria como ser humano, como juez.
¿Cuál sería ese mensaje que usted le traslada a los guatemaltecos en este momento?
Le digo al pueblo de Guatemala que me siento con esperanza, pero también con frustración, y que cada día despierto tratando de pensar que Guatemala va a mejorar, que Guatemala va a ser un país diferente, con una democracia sólida. El pueblo guatemalteco sufre de esos momentos de alegría, de decepción, de frustración, y siempre tenemos la esperanza de que “tal vez” el año entrante, en las elecciones, logremos más, que “tal vez” cuando se elija a otras personas las cosas puedan cambiar. Siempre vivimos del “tal vez”. Ya es momento de hacer un alto y de poner sobre la mesa el interés de la población sobre el Pacto de Corruptos, el enemigo a vencer. En Guatemala no hay izquierda ni derecha.
¿Usted cree que está llegando el momento de que el “tal vez” deje de ser un simple mantra?
Es difícil porque son décadas de funcionamiento de estas estructuras político-económicas ilícitas, que gobiernan con todo, que tienen planes, que no improvisan. Es bastante difícil, pero no es imposible.
¿Descríbame el exilio?
Es una enfermedad y hay que aprender a vivir con ella. Físicamente estoy en Washington, pero mentalmente y de corazón estoy en Guatemala.
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En julio de 2020 Aldana escribió en Instagram que pensaba que el exilio era una derrota. Dice que no lo ha sido. Sigue soñando con una Guatemala distinta, con una “eterna primavera” que sustituya el color de la corrupción y la impunidad por el de la democracia y la justicia.
Y quizá en agosto de 2027, cuando están programadas las elecciones generales, pueda estar de regreso en su país. Quizá caminando otra vez por Ciudad de Guatemala, comiendo esos tamales de maíz que dice extrañar. Quizá llevando flores al cementerio donde está su padre.
Quizá, también, su nombre pueda aparecer en una papeleta electoral.
Quizá.