Donald Trump prepara una medida sin precedentes para cerrar las solicitudes de asilo de cientos de miles de personas que se acogen en los Estados Unidos. La decisión los dejaría en una situación de deportación inmediata, según revelaron a CNN dos fuentes con conocimiento directo del plan.
El objetivo principal son quienes ingresaron de forma irregular y luego solicitaron protección en el país. Un informe federal de 2023 estima que al menos una cuarta parte de los solicitantes de asilo—unas 250 000 personas—declararon haber cruzado sin autorización.
Durante ese mismo año, EE. UU. otorgó asilo a 54 350 personas: 22 300 mediante solicitudes afirmativas tramitadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) y 32 050 de forma defensiva en tribunales migratorios. Además, se aprobaron 13 890 peticiones de reunificación familiar desde el extranjero y 4790 asilados derivados dentro del país.
Las solicitudes de asilo afirmativo –entrada regular con algún tipo de visa– presentadas por migrantes nicaragüenses alcanzaron un récord en 2023, con 34 600 casos, lo que representó el 7.6% del total nacional. En 2022 se registraron 6220, y en 2021, apenas 650. Contando también a familiares, la cifra ascendió a 42 980 personas en 2023.
En cuanto a las resoluciones favorables, 1020 nicaragüenses –de 33 970 solicitudes de asilo defensivo– obtuvieron asilo tras un proceso ante tribunales de inmigración en 2023.
Una transformación del sistema
Un memorando obtenido por CNN indica que el USCIS ha recibido autoridad directa de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para iniciar procedimientos de deportación acelerada. Esta función estaba reservada hasta ahora a agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
“El presidente Trump y la secretaria Noem han otorgado al USCIS la capacidad de utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para garantizar la integridad del sistema de inmigración”, declaró Matthew Tragesser, portavoz de la agencia. Agregó, sin embargo, que “no hay nada que anunciar en este momento”.
Organizaciones defensoras de derechos humanos alertan que el plan convertiría al USCIS en un órgano de aplicación de la ley migratoria. “Están convirtiendo a la agencia que proporciona beneficios migratorios en un brazo del ICE”, denunció Sarah Mehta, subdirectora de asuntos gubernamentales de la ACLU.
Según activistas, algunas personas que han residido durante años en EE. UU. ya han recibido notificaciones de desestimación sin una resolución formal. La falta de información clara sobre la cantidad de afectados genera alarma entre organizaciones como el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo.
“El gobierno debería procesar las solicitudes de asilo, no rechazarlas. Esto perjudica a personas que han contribuido durante años a sus comunidades”, sostuvo Conchita Cruz, codirectora ejecutiva de esa organización.