La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió este viernes 27 de junio, con una votación de 6-3 alineada ideológicamente, que las cortes federales no pueden emitir medidas cautelares de alcance nacional salvo en casos de demandas colectivas debidamente certificadas. Esta decisión se dio en el contexto de tres demandas que buscaban detener la implementación de la orden ejecutiva 14160, firmada por el presidente Donald Trump al inicio de su segundo mandato. La orden pretendía negar la ciudadanía estadounidense a niños nacidos en el país cuyos padres se encontraran en situación migratoria irregular o con visas temporales, según informó POLITICO.
El fallo no abordó el fondo del asunto—es decir, la constitucionalidad de la orden ejecutiva bajo la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”. Sin embargo, al limitar las medidas cautelares universales, el tribunal ha dificultado que decisiones judiciales bloqueen de forma inmediata y amplia las políticas federales, otorgando mayor margen de acción al Poder Ejecutivo.
En términos sencillos, esto significa que los jueces federales ya no podrán detener una política del gobierno en todo el país a partir de la denuncia de una sola persona o grupo. Ahora, una decisión judicial sólo podrá proteger directamente a quienes presenten la demanda, a menos que se apruebe como una demanda colectiva. Así, una orden ejecutiva como la de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento podría aplicarse en muchos estados aunque esté siendo cuestionada legalmente en otros, lo que complica y fragmenta la protección de derechos mientras los casos avanzan en los tribunales.
De acuerdo con el American Immigration Council, el principio de ciudadanía por nacimiento (jus soli) ha sido una piedra angular del sistema legal estadounidense por más de un siglo, consolidado desde el fallo del caso Wong Kim Ark en 1898. Este precedente legal garantiza que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
La orden ejecutiva de Trump desafía directamente esta interpretación constitucional al imponer requisitos de estatus migratorio de los padres para el reconocimiento de la ciudadanía de los hijos. Según el informe del Consejo, una modificación de este derecho requeriría una enmienda constitucional o una reinterpretación drástica por parte de la Corte Suprema, lo cual implicaría romper con más de 125 años de jurisprudencia. Unos 255 000 bebés al año podrían quedar afectados por estas limitaciones a la ciudadanía por nacimiento, según un estudio del Migration Policy Institute.
Debate dentro del Tribunal Supremo
La jueza Amy Coney Barrett, autora de la opinión mayoritaria, argumentó que las cortes solo deben otorgar alivio a las partes directamente involucradas en el litigio. “Durante la mayor parte de la historia de nuestro país, el mandato judicial universal ha brillado por su ausencia”, escribió Barrett. Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson, en disidencia junto a sus colegas liberales, advirtió que la decisión representa una amenaza para el estado de derecho al permitir que acciones posiblemente inconstitucionales se apliquen mientras no haya una acción judicial definitiva.
Trump celebró la decisión como una “victoria monumental para la Constitución” y reafirmó su compromiso de acabar con lo que denominó como un “abuso” del derecho a la ciudadanía por nacimiento. En conferencia de prensa, el mandatario indicó que el fallo permitirá implementar su política en al menos 28 estados donde no se han presentado impugnaciones legales.
Desde el lado de los derechos civiles, la reacción fue de alarma. Organizaciones como el Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo y CASA criticaron duramente la decisión y anunciaron que buscarán certificar una demanda colectiva nacional para proteger a todos los niños nacidos en el país después del 19 de febrero de 2025, fecha de emisión de la orden ejecutiva. “Estoy triste por lo que sucedió hoy”, dijo Liza, una de las demandantes identificadas con seudónimo a CNN en Español, “pero sigo en esta lucha”.
Analistas legales coinciden en que, si bien el fallo no resuelve el debate de fondo sobre la ciudadanía por nacimiento, sienta un precedente que fortalece al Ejecutivo. El exfiscal Elie Honig indicó que la decisión “cambió fundamentalmente el equilibrio de poderes, alejándolo de los tribunales y acercándolo al presidente”. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, anunció que esperan una resolución definitiva sobre la validez constitucional de la orden en la próxima sesión del tribunal, que inicia en octubre.
El caso Trump v. CASA, Inc., y sus derivaciones con los estados de Washington y Nueva Jersey, podría convertirse en un punto de inflexión para los derechos de las personas nacidas en Estados Unidos de padres migrantes. Por ahora, el futuro de la ciudadanía por nacimiento está en suspenso, pero la disputa judicial ha comenzado a redibujar los límites del poder federal y el papel de los tribunales en su fiscalización.