Más de 530 000 personas migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se enfrentan a la posibilidad de ser deportadas tras el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), que pone fin de forma oficial a los programas de libertad condicional humanitaria CHNV, popularmente conocido como Parole. La medida, publicada en el Registro Federal, entrará en vigor el 25 de marzo de 2025.
Las personas que ingresaron a Estados Unidos amparadas únicamente bajo este programa tendrán hasta el 24 de abril para regularizar su situación migratoria. Si no lo hacen, podrían enfrentar procesos de expulsión acelerada.
“El DHS ha determinado que los programas CHNV ya no cumplen con los fines humanitarios urgentes ni con un beneficio público significativo”, se lee en la resolución oficial difundida este viernes por las autoridades estadounidenses. Esta decisión responde a la Orden Ejecutiva 14165, firmada por el presidente Donald Trump, como parte de una estrategia para reducir la migración irregular y “asegurar la frontera”.
¿Quiénes están obligados a salir?
La nueva disposición afecta únicamente a quienes permanecen en el país bajo el amparo exclusivo del programa CHNV y no han iniciado ningún otro trámite migratorio. El DHS ha advertido que dará prioridad a la deportación de personas que no hayan solicitado asilo, tarjetas verdes, Estatus de Protección Temporal (TPS) u otros beneficios legales.
Estas personas tienen la opción de salir voluntariamente y reportar su salida a través de la aplicación móvil CBP Home. De lo contrario, el Departamento podría iniciar procesos de expulsión inmediatos.
Además, el permiso de trabajo concedido bajo el amparo del programa CHNV también perderá su validez una vez expire la libertad condicional. Los empleadores deberán revisar la documentación de sus trabajadores y verificar que continúan siendo elegibles para laborar en el país.
¿A quiénes no afecta esta decisión?
El DHS emitió un largo documento sobre el proceso para ir en contra de los beneficiados con el programa. Fuentes consultadas por la cadena CBS News aseguraron que el DHS “conserva la autoridad para detener a los inmigrantes que hayan llegado en el marco de este programa antes de que expire el plazo de 30 días. Las autoridades afirman que entre las personas a las que se dará prioridad para su detención estarán los inmigrantes que no hayan solicitado otro beneficio de inmigración, como el asilo o la tarjeta verde”. Es decir que los solicitantes de asilo corren peligro.
El documento de DHS ha sido claro en que las personas migrantes que hayan cambiado su estatus migratorio no serán afectadas por esta revocatoria. Entre quienes no deben salir del país se encuentran:
- Solicitantes de asilo con procesos en curso o aprobados
- Personas con TPS vigente
- Residentes permanentes legales (titulares de la “green card”)
- Personas con peticiones de ajuste de estatus por motivos laborales o familiares
- Solicitantes de visados humanitarios U o T
El Gobierno estadounidense insiste en que la libertad condicional es una medida temporal y discrecional, que no otorga estatus migratorio permanente.
Desde octubre de 2022, miles de personas nicaragüenses, cubanas, haitianas y venezolanas utilizaron esta vía legal para escapar de crisis políticas, violencia estructural y pobreza. Para muchas de ellas, el programa CHNV representó una oportunidad de comenzar una nueva vida con cierto grado de estabilidad y seguridad.
Con esta decisión, cientos de miles podrían volver a un limbo migratorio o incluso enfrentarse a la deportación hacia países donde su integridad podría estar en riesgo.
¿Qué deben hacer las personas afectadas?
El DHS recomienda que las personas migrantes afectadas por esta medida tomen acción inmediata:
- Consultar a un abogado de inmigración para evaluar su situación y explorar opciones legales.
- Solicitar ayuda migratoria como el asilo o el TPS, si reúnen los requisitos.
- Informar su salida voluntaria a través de CBP One, en caso de decidir abandonar el país.
- Evitar quedarse en EE. UU. sin estatus legal, ya que podrían enfrentar una expulsión rápida y la prohibición de reingreso por varios años.
Aunque la administración del presidente Trump justificó la eliminación del programa CHNV como parte de una estrategia para “asegurar las fronteras”, organizaciones de derechos humanos han señalado que esta decisión desprotege a miles de personas vulnerables y contradice los principios humanitarios internacionales.